Pacto Nacional para la Reforma Educativa en la República Dominicana (2014-2030)

PREÁMBULO

REUNIDOS los actores del sistema educativo dominicano, instituciones del gobierno central, el Consejo Económico y Social, partidos políticos y otros actores de la sociedad dominicana, con la presencia de los expertos e invitados especiales en calidad de testigos, convocados por el señor Presidente de la República, Lic. Danilo Medina Sánchez, mediante el Decreto 228-13.

EN EL ENTENDIDO DE QUE:

RECONOCEMOS que la República Dominicana, transcurridos 170 años de existencia como nación independiente, se ha proclamado como un Estado Social y Democrático de Derecho donde sus habitantes y organizaciones actúan apegados a un marco de derechos y obligaciones individuales y colectivas.

RECONOCEMOS que la educación es un derecho humano fundamental consagrado en la Constitución de la República Dominicana como corresponsabilidad del Estado, de la familia y de las personas, al establecer el Artículo 63:

“Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. En consecuencia: 1) La educación tiene por objeto la formación integral del ser humano a lo largo de toda su vida y debe orientarse hacia el desarrollo de su potencial creativo y de sus valores éticos. Busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura;… ”

RECONOCEMOS que es obligación del Estado Dominicano financiar la educación pública en todos los niveles, grados y modalidades.

RECONOCEMOS que la educación de calidad es la herramienta más poderosa para realizar las transformaciones requeridas en la sociedad dominicana, en la familia y en las condiciones de vida de todos sus habitantes.

COMPRENDEMOS que a finales del siglo XX y principios del siglo XXI el país generó planes, desarrolló iniciativas y asumió compromisos para el mejoramiento del sistema educativo; en particular, los Planes Decenales para la función educativa, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Foro Presidencial por la Excelencia de la Educación Dominicana, las Metas Educativas 2021, el Compromiso Político y Social por una Educación de Calidad, y la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad. Sin embargo, aún persiste la necesidad de realizar un compromiso o pacto nacional para alcanzar las transformaciones requeridas para el desarrollo de la República Dominicana.

CONSIDERAMOS que dentro de los logros alcanzados por el país está la Estrategia Nacional de Desarrollo, que traza una ruta consensuada hacia los objetivos de largo plazo de la Nación; así como la asignación del 4% del Producto Interno Bruto para la educación preuniversitaria. Ambas han sido aspiraciones históricas del pueblo dominicano.

CONSIDERAMOS que la pertinencia de la educación, en todos sus niveles, descansa en aquellos contenidos curriculares capaces de dotar a las personas de las competencias necesarias para enfrentar los desafíos del mundo actual, de construir ciudadanía plena para convivir en sociedad y de atender las necesidades del desarrollo social, económico, científico, tecnológico y cultural del país, en consonancia con la Estrategia Nacional de Desarrollo.

RECONOCEMOS que, entre otros factores, la calidad profesional, la fortaleza moral, la dignificación y la entrega de los educadores juegan un rol clave en la calidad de la educación. Por tanto, la formación profesional y pedagógica, inicial y continuada de los docentes es fundamental para transformar el desempeño y la calidad de la educación dominicana.

ASUMIMOS que el respeto a la Constitución, el cumplimiento de la Ley y la defensa de los valores éticos de respeto, integridad, veracidad y responsabilidad son consustanciales al proceso y suscripción del Pacto Nacional para la Reforma Educativa.

REAFIRMAMOS que el proceso de consulta, discusión y concreción del Pacto Nacional para la Reforma Educativa, ordenado por el Decreto 228-13, en cumplimiento del mandato de la Ley 01-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, se estructuró con la finalidad de encontrar soluciones consensuadas, producto del diálogo entre los distintos actores, para superar los nudos y obstáculos que, a la fecha, han sido la causa principal de que los instrumentos legales, planes e iniciativas no hayan logrado plenamente sus objetivos.

CONSIDERAMOS que la suscripción del Pacto Nacional para la Reforma Educativa busca igualmente garantizar la instalación en el sistema educativo de una cultura de evaluación integral, sistemática, permanente y transversal para todos los procesos y actores del sistema, niveles, modalidades, subsectores e instancias de la función educativa en la República Dominicana, desde la primera infancia hasta la educación superior, así como la formación técnico-profesional.

RECONOCEMOS que la República Dominicana comparte la realidad política, económica y social del mundo actual, en el cual las reformas institucionales y culturales necesarias sólo son posibles a través de la participación social activa y como resultado de un amplio consenso nacional. En consecuencia, la Ley 01-12 designa al Consejo Económico y Social, en virtud de su mandato constitucional, como el espacio para la discusión y concreción del Pacto Nacional para la Reforma Educativa.

REAFIRMAMOS que si queremos lograr transformar la educación de los dominicanos y dominicanas es tiempo que comencemos a hacerlo ya.

El presente preámbulo forma parte integral del Pacto Nacional para la Reforma Educativa y en tal sentido,

PACTAMOS LO SIGUIENTE:

Bases del Pacto Nacional para la Reforma Educativa

Los acuerdos y compromisos asumidos en este Pacto son de distinta naturaleza. Algunos implican políticas públicas concretas y reformas legislativas; otros exigen dedicar mayores esfuerzos públicos y privados; y otros promueven cambios de paradigmas en nuestro accionar cotidiano personal y colectivo. No obstante, todos están orientados a alcanzar una educación que permita a todas y todos los dominicanos desarrollar al máximo su potencial como personas y como integrantes de un colectivo social que reconocen y al que se integran con libertad para vivir en igualdad de oportunidades.

Por lo cual, concertamos este Pacto sobre las siguientes bases:

La educación es el medio más idóneo para la cohesión social de la Nación dominicana, por lo cual estamos dispuestos a poner el interés colectivo supremo por encima de los intereses individuales y sectoriales, a fin de garantizar el derecho fundamental de todos los niños, niñas, jóvenes y adultos a recibir una educación de calidad, conforme a lo consagrado en la Constitución de la República Dominicana.

Las políticas educativas deben constituirse en políticas de Estado, por lo que este Pacto tendrá plena vigencia hasta el año 2030, sin importar las variaciones o cambios políticos que pudieran producirse en este lapso de tiempo. Se entiende que los cambios y ajustes que deban introducirse a lo pactado deberán ser realizados mediante un proceso plural, colectivo y de amplia participación como el que sustenta el presente Pacto, a fin de garantizar su legitimidad.

La plena vigencia del Estado de Derecho supone que cada uno de nosotros reconoce los derechos y obligaciones derivados del marco normativo existente en la República Dominicana. En tal sentido, el Estado dominicano y sus instituciones de gobierno son la autoridad legítima para cumplir y hacer cumplir la ley en todos sus términos, incluyendo un régimen de consecuencias para la inobservancia de la misma, conforme al debido proceso. En el ámbito educativo, esto implica aceptar la aplicación de sanciones ante eventuales incumplimientos de las normas vigentes.

La participación de todos los sectores de la sociedad en el desarrollo de la educación está definida en el marco de lo establecido en la Constitución y las leyes de la República Dominicana.

El éxito del sistema educativo depende de la participación y la integración de la comunidad educativa (estudiantes, docentes, familias, directivos) y demás actores sociales en el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de los planes educativos y en la veeduría social de los compromisos pactados para mejorar la calidad de la educación, incluyendo los relativos a las inversiones y los procesos de mejora que se desarrollan en los centros educativos.

Toda reforma educativa es un proceso continuo y dinámico. El principal valor agregado de este Pacto Nacional para la Reforma Educativa será implementar mecanismos adecuados y transparentes para el cumplimiento de cada uno de los compromisos asumidos, así como la definición de cronogramas, metas cuantificables y estrategias para el seguimiento, evaluación y retroalimentación constante, con la participación activa y sistemática de todos los actores.

La transformación del sistema educativo requiere realizar los máximos esfuerzos en procura de asegurar el financiamiento y desarrollo de todos y cada uno de los acuerdos derivados de este Pacto en un marco de transparencia, rendición de cuentas y evaluación permanente de la eficacia de las estrategias y acciones adoptadas.

Sobre la visión compartida de la educación dominicana

La educación es un derecho y un bien público de acceso universal y con equidad; orientada a construir ciudadanía plena mediante la formación integral de personas conscientes de sus derechos y sus deberes, respetuosas de los principios y valores constitucionales; personas autónomas, solidarias, éticas y socialmente responsables, comprometidas con la igualdad y equidad de género, la atención a la diversidad, el uso sostenible de los recursos naturales y la protección del medio ambiente; personas capaces de vincularse de manera crítica, creativa y transformadora con el progreso científico-técnico, social y cultural, e integrarse activamente al desarrollo nacional y a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva e intercultural a nivel local y global, para vivir de manera digna y pacífica.

Los niños, niñas y adolescentes imaginan su escuela como un lugar para aprender con alegría y así comprender el mundo que los rodea; que cuente con amplios espacios, en contacto con la naturaleza, con facilidad de acceso para todos sin importar limitaciones físicas o de cualquier otro tipo. Una escuela que sea bonita, limpia, ordenada, debidamente equipada, que incorpore habitualmente el juego, el deporte, el arte y el acercamiento a la tecnología; donde prime el afecto y el respeto entre iguales, y que ayude a descubrir y potenciar los talentos de cada estudiante. En definitiva, una escuela que sea orgullo y ejemplo para su comunidad y el país.

Sobre la democratización e igualdad de oportunidades para acceder a la educación desde el nivel inicial al nivel superior

El Estado dominicano tiene la obligación de promover la educación desde los primeros años, asegurar la universalización de la educación inicial, primaria y secundaria, promover la educación técnica y tecnológica, fomentar la educación superior, así como desarrollar el subsistema de educación de adultos y la educación formal, no formal e informal, para brindar las oportunidades de aprendizajes para la vida, a lo largo de toda la vida, y para todas las personas.

En consecuencia, los compromisarios pactamos:

Para la educación preuniversitaria

Cumplir con lo establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo en lo relativo a ofrecer educación pública gratuita, obligatoria y de calidad, en el nivel inicial a partir de los 3 años.

Ampliar la cobertura de la atención integral y la educación inicial a menores de 5 años, propiciando el establecimiento de centros de atención y educación integral, programas con base familiar y comunitaria, registro de nacimientos, promoción de la salud, apoyo nutricional, así como atención de niños y niñas con necesidades especiales, a través de distintos mecanismos tales como programas gubernamentales, acuerdos de cogestión con organizaciones de la sociedad civil, entre otros, avanzando hacia la universalidad de la atención integral.

Desarrollar estrategias para asegurar el ingreso oportuno, la reinserción y la superación de la exclusión y el abandono escolar.

Construir el número de aulas y contratar el número de maestros con las cualificaciones requeridas que sean necesarios para impartir una educación de calidad que permitan dar cumplimiento al cronograma de universalización de la educación inicial, primaria y secundaria, en un plazo no mayor de 10 años, con especial énfasis en las áreas de concentración de población más vulnerable.

Asegurar que el desarrollo de la infraestructura educativa responda a la proyección de la población, atienda a criterios de accesibilidad para personas con discapacidad o con necesidades especiales, cumpla las normas nacionales de construcción con seguridad sísmica y de reducción de vulnerabilidad frente a otros riesgos, y cuente con adecuados servicios básicos de agua, electricidad, saneamiento y condiciones apropiadas de ventilación e iluminación.

Fortalecer e implementar los programas de educación afectivo-sexual, así como esquemas de apoyo y acompañamiento a madres y padres adolescentes, para garantizar su permanencia en el Sistema Educativo.

Acordar con las autoridades de la Junta Central Electoral la ejecución de una partida especial para trabajar, en colaboración con la comunidad educativa y organizaciones de la sociedad civil, de manera sostenida en todo el territorio nacional, en el otorgamiento de acta de nacimiento a todos los niños, niñas y sus familias conforme a la ley, especialmente a aquellos que forman parte de la población del país en situación de vulnerabilidad.

Para la educación superior

Desarrollar la oferta de educación superior sobre la base de las necesidades de la población, teniendo en cuenta diferentes categorías y modalidades que garanticen equidad en cobertura geográfica y atención a personas con discapacidad o necesidades especiales. En el caso de creación de nuevas instituciones de educación superior o extensiones de las públicas ya existentes, realizarla sobre la base de una evaluación diagnóstica previa.

Mejorar, mantener y ampliar la infraestructura existente, atendiendo a las necesidades, capacidades y potencialidades de las comunidades en el territorio, a fines de aumentar la cobertura y garantizar la calidad de la educación.

Ampliar la cobertura de la educación técnica superior mediante la creación de una red de institutos técnicos superiores comunitarios regionales.

Promover la oferta de educación superior a través de la modalidad virtual y la educación a distancia, siempre que cumplan con las condiciones requeridas para esta modalidad. Para tales fines, el gobierno dominicano, en acción coordinada con el sector privado, propiciará el aumento y acceso a conectividad y banda ancha a precios asequibles. Se considerará la posibilidad de que sea de acceso gratuito.

Para la educación y formación técnico-profesional

Mejorar la oferta de la educación y formación técnico-profesional en todo el territorio nacional desde una perspectiva integral, con base en estudios de identificación de necesidades y un uso eficiente de las facilidades físicas y tecnológicas.

Diseñar e implementar una estrategia de revalorización de la educación y formación técnico profesional, que incluya un componente de comunicación, dirigido a jóvenes, familias, empleadores y comunidad educativa, orientada a reivindicar la imagen de este subsector educativo y a dar a conocer su oferta como una oportunidad de generación de ingresos y desarrollo personal y un generador de capital humano competente para los sectores productivos.

Respecto a los instrumentos de equidad que favorecen la  entrada y la permanencia en el sistema educativo

Desarrollar y garantizar por parte del Estado, a nivel del gobierno central y los gobiernos locales, un sistema de transporte escolar que facilite el acceso a los centros educativos de los estudiantes que provienen de comunidades rurales, incluidos aquellos con necesidades especiales.

Desarrollar un plan dirigido a establecer un sistema de carnet estudiantil que permita tener acceso a servicios públicos y privados con descuentos o bajo un régimen de gratuidad.

Implementar un programa integral de salud escolar, vinculado con los servicios de atención primaria correspondientes, que asegure una dieta balanceada de acuerdo a la región, así como servicios de apoyo psicológico para los niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad social y emocional.

Apoyar y coordinar, como parte de la estrategia de protección social, los programas de apoyo a las familias de estudiantes en condición de vulnerabilidad, con el propósito de erradicar el trabajo infantil y mantener a niñas, niños y adolescentes integrados en el sistema educativo.

Aplicar un sistema transparente de subsidios y becas para estudiantes de escasos recursos, bajo los principios de equidad y sobre la base de méritos académicos, y articulado con programas educativos prioritarios para la implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Habilitar centros de atención integral a la primera infancia en la cercanía de universidades y centros de formación profesional, como mecanismo para promover el desarrollo infantil temprano, facilitar el acceso a madres y padres a la educación, y mantener a los jóvenes y adultos de grupos vulnerables en el sistema educativo, contribuyendo a evitar la deserción escolar.

Sobre la calidad y pertinencia de los aprendizajes en todos los niveles del saber

La complejidad de las dinámicas sociales en el mundo actual plantea un reto para el sistema educativo, pues se requiere enfatizar la formación en valores humanos y ciudadanos que promuevan la convivencia pacífica en la sociedad, y que fomenten el aprecio e identificación con la cultura dominicana.

De igual forma, el desarrollo social, científico y tecnológico de décadas recientes presenta el reto de desarrollar competencias en los estudiantes que les permitan insertarse exitosamente en una sociedad dinámica y global, en la cual la ciencia, la tecnología, la investigación y las capacidades para el procesamiento e interpretación crítica de la información constituyan las bases estratégicas del poder, la producción de riqueza, el progreso y el logro del desarrollo personal y colectivo.

EN CONSECUENCIA,  LOS COMPROMISARIOS PACTAMOS:

Para la pertinencia de la educación como contribución  al desarrollo del país

Realizar periódicamente estudios prospectivos sectoriales y regionales para determinar los requerimientos de recursos humanos de diferentes niveles que precisa el desarrollo de la Nación, en particular en aquellos sectores considerados prioritarios. Estos estudios serán conducidos por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en coordinación con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Administración Pública y el Instituto de Formación Técnico Profesional, y en consulta con otras entidades públicas, centros de educación superior y formación técnico-profesional, los sectores empresarial y laboral, así como otros sectores de la vida nacional.

Desarrollar, en forma conjunta y coordinada entre el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Educación, el Instituto de Formación Técnico Profesional y los sectores empresarial y laboral, los instrumentos necesarios para que el país disponga de una oferta integrada y articulada de educación técnica y formación técnico-profesional en los distintos niveles educativos a fin de asegurar la calidad, facilitar el tránsito de los egresados de un nivel a otro y responder a los requerimientos del mercado laboral, en consonancia con los objetivos estratégicos del país y en función de los estudios prospectivos realizados.

Establecer la aplicación de pruebas de aptitud y consejería al finalizar el primer ciclo de educación secundaria, conforme a lo establecido en el marco de la revisión curricular, a fin de identificar intereses y posibilidades de ingreso de los y las estudiantes a las distintas modalidades y su correspondencia con las necesidades de competencias y capacidades humanas identificadas en los estudios prospectivos realizados.

Rediseñar y adecuar, bajo la coordinación del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, la oferta académica de las instituciones de educación superior, en función de las necesidades de recursos humanos en las áreas de ciencias, tecnologías y humanidades, en los niveles técnico superior, grado y postgrado, sustentada en los estudios prospectivos de requerimientos de los recursos humanos necesarios para el desarrollo sostenible del país. Las instituciones de Educación Superior se comprometen a rediseñar y adecuar su oferta académica, en los términos señalados.

Adecuar la oferta académica de las instituciones públicas que ofrecen formación técnico-profesional de nivel pre-universitario para promover la formación de recursos humanos requeridos para el desarrollo sostenible del país a este nivel, en particular en aquellos sectores considerados prioritarios, y sustentada en los estudios prospectivos realizados.

Promover un debate nacional sobre la enseñanza laica y/o tratamiento de la religión en la educación, como un compromiso del Estado.

Desarrollar en los estudiantes de los diferentes niveles, modalidades, subsistemas y subsectores, las competencias para el dominio de la lengua y otras habilidades comunicativas; el pensamiento lógico-matemático, crítico y creativo; la capacidad para resolver problemas y tomar decisiones; la actitud investigativa, el trabajo colaborativo, la valoración de los aportes de la ciencia y el cuidado del medio ambiente; así como una consciencia ética ciudadana y una actitud para aprender durante toda la vida.

Para la calidad de la educación preuniversitaria

El cumplimiento del horario y calendario escolar es un elemento esencial establecido en nuestra Constitución. Su cumplimiento genera responsabilidades legales compartidas entre el Estado, los maestros y las maestras, los directores y las directoras, las familias, los estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa, partidos políticos y otros colectivos de las comunidades nacional y local. Respetar el horario y calendario escolar se asume como uno de los compromisos irrenunciables de todos los firmantes de este pacto.

Para alcanzar este objetivo, pactamos:

Reforzar el conocimiento y cumplimiento irrestricto de la normativa en la materia, contenida en la Constitución de la República, la Ley 41-08 de Función Pública, la Ley 66-97 General de Educación, el Estatuto del Docente, entre otros, y su régimen de consecuencias.

Estimular a todos los actores del sistema educativo a facilitar y velar por el cumplimiento del calendario y el horario escolar, para garantizar la formación de nuestros estudiantes. Solicitar a las comunidades y a las asociaciones de padres y madres, convertirse en celosos vigilantes del cumplimiento de esta medida.

La Asociación Dominicana de Profesores reitera su compromiso del cumplimiento del horario y calendario escolar, promoviendo entre sus miembros la asistencia diaria y puntual a la docencia. Las reuniones y actividades ordinarias del sindicato serán programadas e incorporadas en el Calendario Oficial del Ministerio de Educación aprobado en el Consejo Nacional de Educación, sin desmedro del cumplimiento del horario y el calendario escolar establecido.

Garantizar la calidad educativa a través de la apropiación y aplicación del currículo vigente por parte de los docentes en los diferentes contextos socioculturales, el desarrollo de estrategias de aprendizaje innovadoras y creativas, la ejecución de los planes de estudio, los programas de las áreas del conocimiento, la evaluación sistemática y objetiva; todo esto con el propósito de asegurar el desarrollo de competencias fundamentales. Dicha calidad será medida, esencialmente, por los resultados de los aprendizajes.

Universalizar la jornada extendida en los niveles primario y secundario del sistema educativo dominicano, en un marco de ampliación integral de la oferta curricular.

Incorporar al currículo educativo, desde la primera infancia y con las estrategias pedagógicas adecuadas para cada nivel, la educación sexual-reproductiva, el conocimiento y prevención de las infecciones de transmisión sexual y el VIH, así como la formación en valores de respeto, igualdad y equidad de género, convivencia familiar, y maternidad y paternidad responsables.

Asegurar que toda infraestructura educativa contribuya a la creación de un adecuado ambiente pedagógico y a la integración de la familia y la comunidad a la vida escolar. Se dispondrá de espacios para estimular el desarrollo físico, mental y social de todas y todos los estudiantes, incluyendo aquellos con condiciones de discapacidad y necesidades especiales. Dentro de estos espacios se encuentran los destinados para educación física, huertos escolares, recreación, expresión artística, contacto con la naturaleza y los requeridos para la eficaz implementación del modelo de jornada extendida.

Propiciar que estudiantes y docentes en todos los niveles educativos integren las tecnologías de la información y comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Asegurar que cada centro educativo disponga de bibliotecas escolares y de aulas, así como de espacios y centros de recursos para el aprendizaje adaptados a los diferentes niveles educativos y a las condiciones especiales de las y los estudiantes. Igualmente, propiciar que docentes y estudiantes hagan un uso efectivo de los recursos disponibles en la escuela y en la comunidad.

Fortalecer la red nacional de bibliotecas públicas, dotándolas de recursos de información pertinentes, en diversos formatos y soportes que contribuyan a los aprendizajes a lo largo de toda la vida, la investigación y el fomento de la lectura.

Definir, aplicar y regular desde el Estado una política editorial de textos y recursos pedagógicos que garantice la calidad, la pertinencia, la actualización del contenido, así como el enfoque filosófico y pedagógico del currículo vigente, que atienda a las diferentes discapacidades y necesidades especiales del estudiantado. De igual forma, dicha política debe velar por el monitoreo y la transparencia de los procesos de producción, distribución y comercialización para el acceso universal, así como establecer la vigencia de los textos y recursos pedagógicos del sistema educativo pre-universitario completo.

Cumplir con las disposiciones legales que regulan la política de libros de texto en los centros educativos.

Fortalecer el subsistema de educación para personas adultas, mediante la promoción de mayor coordinación Estado/ sociedad, el desarrollo de redes y alianzas que articulen la educación formal, informal y no formal, la ampliación de la accesibilidad y la pertinencia de los aprendizajes para la vida y a lo largo de la vida.

Formar directores y directoras de centro educativos capaces de asumir y promover una cultura de mejora continua de la gestión institucional y pedagógica, a partir del trabajo en equipo, el liderazgo activo y transformador, así como el desarrollo de las capacidades de planificación, y de administración del tiempo y de los recursos disponibles, a fin de garantizar más y mejores aprendizajes por parte de los estudiantes.

Para la calidad de la educación superior

Desarrollar estrategias y servicios de orientación y tutorías dirigidas a hacer más eficientes las instituciones de educación superior y a aumentar el número de estudiantes que egresan en el tiempo previsto.

Crear, un sistema de acreditación de instituciones y programas de educación superior bajo la rectoría del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que cumpla con estándares aceptados por la comunidad académica nacional e internacional. Dicho sistema estará integrado por acreditadoras avaladas internacionalmente y su financiamiento provendrá del Estado, el sector privado y las Instituciones de Educación Superior.

Promover que los estudiantes realicen pasantías y prácticas pre-profesionales como requisito de grado para cualquier carrera, que complementen su formación académica e incorpore saberes, habilidades y actitudes vinculados a situaciones reales del mundo laboral y profesional. Para esto, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología elaborará, en consulta con los demás actores, las normas que regulan la práctica de pasantías.

Establecer, bajo la regulación del Estado, un sistema de certificación y licencias profesionales basado en referentes y estándares internacionales, con la participación de agencias certificadoras reconocidas local e internacionalmente. Se privilegiarán aquellas profesiones prioritarias para el desarrollo nacional y críticas por su responsabilidad e impacto en la calidad de vida de la población y el mejor funcionamiento de nuestra sociedad.

Para la calidad de la educación y formación técnico-profesional

Garantizar la actualización y la modernización de la educación y formación técnico-profesional a través de la investigación, la adaptación tecnológica, las prácticas en talleres y laboratorios, así como la disponibilidad de infraestructura y equipamientos adecuados.

Diseñar e implementar mediante labor conjunta del Ministerio de Educación, el Instituto de Formación Técnico Profesional, y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo un sistema de indicadores de la calidad en el nivel de educación media modalidad técnico profesional y la formación técnico-profesional.

Procurar, impulsar y concretar la homologación de la educación y la formación técnico-profesional tomando en cuenta los países que han suscrito acuerdos de libre comercio con la República Dominicana.

Elaborar un reglamento de pasantías en el nivel de formación técnico-profesional que contemple incentivos especiales que resulten atractivos para todos los sectores involucrados y que incluya la protección al pasante.

Sobre la dignificación y desarrollo de la carrera docente

Existe un amplio consenso en torno al papel fundamental que, entre otros factores, juegan la formación, la fortaleza moral, el compromiso y la entrega del docente en el logro de los aprendizajes. Por tanto, se requiere una formación docente integral, que impacte el pensamiento y la práctica del docente, y le habilite para la construcción de conocimientos y la generación de experiencias creativas de enseñanza-aprendizaje de forma individual y con sus pares.

Dada la necesidad de reivindicar la figura del docente como actor relevante en los procesos de cambio social y de desarrollo nacional, los compromisarios específicamente pactamos lo siguiente:

Para la formación docente

Actualizar, adecuar y hacer coherentes los programas de formación docente con la educación que queremos y necesitamos para el Siglo XXI, en correspondencia con la Estrategia Nacional de Desarrollo y dentro del marco de la Resolución 08-11 del 1º de julio de 2011 aprobada por el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología para la formación de profesores de los niveles inicial, primario y secundario. Para tal fin, se debe garantizar la formación docente con énfasis en el dominio de los contenidos, en metodologías de enseñanza adecuadas al currículo, en herramientas pedagógicas participativas y en competencias para el uso de las tecnologías de información y comunicación, con el propósito de facilitar la continua innovación en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Garantizar que el currículo de los niveles inicial, primario y secundario se constituya en el referente fundamental para la formación docente en las Instituciones de Educación Superior reconocidas por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología para el desarrollo de la carrera de educación. Fortalecer, en coordinación con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación, la práctica docente en la formación inicial de las educadoras y los educadores. Para tales fines, las instituciones de educación superior que ofertan la carrera de educación se comprometen a promover la creación y fortalecimiento de centros educativos experimentales, y al seguimiento, evaluación del desempeño y retroalimentación de los estudiantes en dichas prácticas, como forma de fomentar la excelencia y la innovación pedagógica.

Promover alianzas estratégicas entre instituciones nacionales e internacionales con programas de formación docente, a fin de facilitar la incorporación de las mejores prácticas y promover la excelencia en la formación de los docentes.

Priorizar la formación doctoral para reforzar las escuelas formadoras de docentes, así como para disponer de una masa crítica de profesionales de alta calidad para los departamentos clave del sistema educativo.

Implementar, con carácter obligatorio, una prueba de ingreso validada para los programas de formación de docentes, la cual debe medir si los estudiantes poseen los conocimientos, la vocación y las habilidades requeridos para iniciar estudios a nivel terciario en el área del magisterio. En caso de que las deficiencias evidenciadas sean de conocimiento, la institución en la que aspiran estudiar deberá ofrecerles a los interesados estrategias académicas que les permitan superar las deficiencias antes de su ingreso a la carrera. Esta medida deberá aplicarse a partir de junio de 2014. Los aspirantes que demuestren tener las competencias necesarias para estudiar magisterio podrán ser becados por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología a partir de agosto de 2014, siempre que la universidad elegida cumpla con la normativa para la formación de profesores establecida por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

Establecer mecanismos que permitan atraer a la formación docente a bachilleres con alto rendimiento académico y vocación para la docencia, en un marco de igualdad de oportunidades y de reconocimiento a la excelencia y la motivación, para lo cual se creará un sistema especial de incentivos (becas, becas-créditos, ayudas, estipendios, viajes de estudios y otros).

Promover la excelencia en los programas de formación docente mediante la acreditación de todos los programas orientados a la formación de maestros, exigiendo un nivel mínimo de maestría para los formadores de grado y de doctorado para los formadores de maestría.

Para el desarrollo de la carrera docente

Ampliar y fortalecer, a partir del año 2014, la política de ingreso a la carrera docente que permita la incorporación al sistema educativo de profesionales de alta calidad exclusivamente a través de concursos de oposición para todas las posiciones docentes, sin excepción alguna. Todo nombramiento que no sea producto del concurso será invalidado y deberá ser revocado.

Organizar y poner en marcha la inducción de los y las docentes de nuevo ingreso al sistema educativo, mediante el establecimiento de programas de inducción.

Garantizar que la capacitación continua esté articulada a la gestión curricular del centro educativo, con especial énfasis en la integración de las tecnologías de la información y comunicación al proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de estrategias de supervisión, seguimiento y acompañamiento pedagógico.

Crear un fondo especializado para implementar un sistema nacional de investigación educativa mediante la construcción de laboratorios de la carrera docente, para cada especialidad y con incentivos económicos, que estimulen la producción de conocimiento científico, la innovación y el uso de nuevas tecnologías.

Garantizar que el sistema de evaluación sea objetivo, transparente, independiente, formativo e integral; que redimensione la experiencia profesional y los aprendizajes de los estudiantes; que fortalezca la motivación y la reflexión docente; que cuestione los supuestos implícitos en su práctica y que promueva una cultura profesional. Dichas evaluaciones servirán para diseñar programas de acompañamiento y capacitación para que el docente pueda reforzar sus fortalezas y superar sus dificultades, así como para estructurar un sistema de incentivos que premie la excelencia y la vocación de los y las docentes.

Poner en funcionamiento el Tribunal de la Carrera Docente como instancia para dirimir las violaciones a las disposiciones establecidas en la normativa y determinar las consecuencias de dichas violaciones. Para tales fines, se debe revisar y actualizar la normativa al respecto.

Promover la cultura del diálogo y el mutuo entendimiento entre los actores del sistema educativo mediante la creación de comisiones de mediación en los diferentes ámbitos y jurisdicciones.

Establecer, con el apoyo del Ministerio de Educación, espacios de tiempo para que los docentes puedan reflexionar y socializar su experiencia pedagógica, con miras a fomentar las mejores prácticas, sin desmedro del horario y calendario de clases planificado para los y las estudiantes.

Readecuar el programa de habilitación docente para facilitar la formación pedagógica de los profesionales de otras carreras que laboran en los sectores público y privado del sistema educativo y/o de aquellos que muestran una probada actitud y aptitud para la enseñanza, y desean ingresar a la carrera docente. Para tales fines, se seguirá la normativa de formación docente aprobada por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

Respecto a las condiciones de vida y de trabajo de las  y los docentes

Definir e implementar categorías de puestos docentes para que la promoción interna u horizontal permita a las y los educadores lograr mayores niveles de remuneración e incentivos en función de sus conocimientos y logros profesionales, sin dejar la docencia en el aula.

Dignificar el salario de los pensionados y jubilados docentes, acorde con la periodicidad prevista en la legislación y normativa correspondientes.

Dar fiel y gradual cumplimiento a los satisfactores de necesidades básicas, institucionales, laborales y sociales, conforme a lo establecido en la normativa vigente, a fin de alcanzar la plena dignificación de la carrera docente como garantía del derecho fundamental de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a recibir una educación de calidad. En tal sentido, el Ministerio de Educación, previa evaluación y levantamiento de los diagnósticos correspondientes, propiciará:

Una remuneración digna, como resultado de la revisión gradual y la aplicación combinada del salario base y los incentivos de ley.

El fortalecimiento de los instrumentos institucionales de reclutamiento, evaluación, promoción y retiro vía pensiones y jubilaciones.

El apoyo a mecanismos de inclusión del sector magisterial en los proyectos de viviendas que se construirán amparados en la Ley 189-11 de Desarrollo del Mercado Hipotecario y de Fideicomiso u otras normativas similares.

El desarrollo de programas permanentes que permitan a los docentes el disfrute de sus vacaciones mediante planes de recreación y ampliación del acervo cultural.

La sostenibilidad de servicios de salud, auspiciando programas para su utilización racional con énfasis en la salud preventiva.

Crear un espacio permanente de diálogo y seguimiento entre el Ministerio de Educación y el sector docente organizado que permita, en el marco y el espíritu del Pacto Educativo, la exaltación del valor de la carrera docente y el compromiso recíproco del cumplimiento de estos acuerdos.

Sobre la instalación de una cultura de evaluación en el sistema educativo dominicano

En las diferentes fases del proceso de discusión del Pacto Nacional para la Reforma Educativa, las referencias a la necesidad de instalar en el sistema educativo dominicano una cultura de la evaluación han sido reiteradas. Esto supone aceptar que todo proceso de mejora del desempeño de los actores del sistema requiere de evaluaciones, con la finalidad principal de establecer referentes para decidir sobre políticas públicas, rediseñar procesos, reasignar recursos, asignar beneficios y reorientar los sistemas de incentivos y consecuencias.

Para instalar esta cultura de evaluación en todos los niveles y subsectores, los actores firmantes específicamente pactamos:

Fortalecer las facultades del Consejo Nacional de Educación para liderar el proceso de evaluación independiente del sistema educativo preuniversitario.

Aplicar y dar cumplimiento a la evaluación de desempeño del personal docente, de acuerdo a lo establecido en el Título IX del Estatuto Docente en lo referente a ascenso, promoción y asignación de beneficios. Esta evaluación se realizará con una periodicidad no mayor de tres años.

Promover la evaluación de los aprendizajes en todos los niveles, modalidades y subsistemas del sistema educativo dominicano, a partir de instrumentos nacionales, regionales e internacionales especializados en educación, con el propósito de guiar la toma de decisiones en materia de políticas educativas. El país mantendrá una participación sistemática en los estudios internacionales Laboratorio Latinoamericano para la Evaluación de la Calidad Educativa (LLECE), Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA), Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadanía (ICCS), entre otros.

Revisar la política de evaluación y promoción en los dos primeros grados del nivel primario, para identificar y ofrecer los apoyos necesarios y evitar la acumulación de deficiencias en los grados superiores.

Realizar la evaluación psicopedagógica de los y las estudiantes, analizar los resultados y ponderar su historial para la toma oportuna de decisiones, asegurando la pertinencia y la confidencialidad.

Evaluar periódicamente el desarrollo e impacto de los programas implementados, particularmente en aspectos curriculares y de la formación docente, a fin de mejorar su efectividad.

Promover procesos de certificación profesional del personal docente de todos los niveles, ciclos, modalidades y subsistemas, conforme a estándares de calidad nacionales e internacionales y respetando los derechos adquiridos de los docentes establecidos en la ley.

Revisar el marco normativo para que el conjunto de leyes, decretos, ordenanzas y resoluciones promuevan una cultura de evaluación, atendiendo a las características particulares de los sujetos, instancias y procesos, reconociendo el carácter inclusivo y diversificado de la educación.

Fortalecer los procesos de evaluación de la calidad de todos los centros que conforman el sistema educativo (preuniversitaria, superior y técnico-profesional) y reconocer a aquellos que logren niveles destacados de superación y mejora de la calidad.

Fortalecer el programa de reconocimiento al mérito estudiantil y crear el reconocimiento a los centros educativos públicos preuniversitarios con los mayores logros.

Garantizar la excelencia académica de la educación universitaria, fundamentada en las competencias a desarrollar por los programas ofrecidos, en la evaluación continua de la calidad de la enseñanza de los docentes y el desarrollo del conocimiento mediante labores de investigación, innovación, publicación, difusión, extensión, formación y educación continua.

Asegurar la creación y ejecución de un sistema de ponderación de la productividad académica, para elevar su calidad y enfocarlo hacia un modelo de gestión académica basado exclusivamente en el mérito.

Sobre la modernización de la gestión del sistema educativo dominicano para elevar su eficacia, transparencia y rendición de cuentas en el logro de los objetivos

Entendemos que el nivel de eficacia en el ejercicio de la función educativa del Estado depende de múltiples factores, recursos y procesos que inciden e impactan en la formación de los y las estudiantes de todos los niveles educativos.

Con miras a propiciar mayor eficacia en la gestión del sistema educativo dominicano, específicamente pactamos:

Garantizar la coordinación permanente a nivel de los subsectores e instituciones del sistema educativo, para apoyar la formación plena e integral de las personas a lo largo de toda la vida.

Respetar e implementar el marco jurídico del sistema educativo dominicano, así como impulsar su adecuación permanente para asegurar el cumplimiento de las metas nacionales en materia de educación, afianzar el apego a las normas legales y asumir una conducta ceñida a la ética.

Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados.

Proponer la modificación de la Ley 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología; de la Ley 66-97 General de Educación y de la Ley 116-80 que crea el Instituto de Formación Técnico-Profesional, para que las mismas respondan a la realidad actual y a las necesidades cambiantes de la sociedad.

Establecer mecanismos que faciliten la formación para el acceso al empleo, mediante una eficiente articulación al interior del subsector de formación técnico-profesional y la coordinación de políticas y programas relacionados a la educación y formación técnico-profesional entre los diferentes subsectores.

Revisar el funcionamiento y operatividad del Consejo Nacional de Educación y su Órgano Técnico, con el propósito de fortalecer el ejercicio de sus atribuciones como organismo máximo de decisión en materia de política educativa, conforme lo establecido en la Ley General de Educación.

Propiciar la discusión oportuna dentro del Consejo Nacional de Educación de los lineamientos de política educativa que deberán ser incorporados en el anteproyecto de presupuesto anual del Ministerio de Educación con el propósito de asegurar la debida articulación con los objetivos y metas de la planificación plurianual del capítulo Ministerio de Educación.

Realizar en 2014 una evaluación a medio término de los Planes Decenales de Educación 2008-2018, bajo la coordinación respectiva del Ministerio de Educación, Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Instituto de Formación Técnico Profesional, a fin de verificar las metas cumplidas y por cumplir, e incorporar los compromisos emanados del presente Pacto.

Impulsar la desconcentración y descentralización operativa, preservando la función de rectoría central en el Ministerio de Educación, con miras a mejorar y fortalecer la gestión institucional del Ministerio de Educación y todas sus dependencias. 

A tales fines se revisará y actualizará el marco normativo de las regionales, distritos y centros educativos.

Profesionalizar la gestión de recursos humanos del Ministerio de Educación, del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y del Instituto de Formación Técnico Profesional para facilitar la consecución de las metas del sistema educativo y promover el óptimo aprovechamiento de su talento humano.

Crear un registro de docentes sustitutos para cubrir aquellas ausencias por permisos o licencias temporales. Para ello se tomará en cuenta a los profesores del registro de elegibles en cada Distrito Educativo, de acuerdo al nivel, modalidad y área.

Evaluar profundamente, a partir de la misión para la cual fueron creados y de un diagnóstico de las necesidades de asistencia y auxilio de los docentes, el funcionamiento de los programas y organismos establecidos para contribuir a la dignificación de los docentes (Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, Seguro Médico para Maestros, Cooperativa Nacional de Maestros y otras cooperativas), con el objetivo de identificar, recomendar e implementar acciones y procesos de reestructuración que permitan incrementar el impacto de dichos programas y organismos en la mejora de las condiciones de vida y el bienestar de los docentes.

Desarrollar una campaña de educación financiera dirigida al personal docente y administrativo del sistema educativo, con el propósito de desarrollar una cultura de responsabilidad y salud financiera.

Fortalecer la participación de la familia, la comunidad y las organizaciones de la sociedad civil en la planificación, ejecución y evaluación de todo el proceso educativo, mediante el fortalecimiento de las estrategias e instancias de participación existentes, incluyendo las Juntas Regionales, de Distritos y de Centros Escolares; las Asociaciones de Padres, Madres y Amigos de la Escuela; los Consejos Escolares y otras formas de participación social y comunitaria que se vinculen a la escuela.

Garantizar el respeto y el reconocimiento de derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes establecidos en los instrumentos legales nacionales y acuerdos internacionales, y promover en los centros educativos la construcción de valores y actitudes que fomenten las relaciones de convivencia pacífica entre todos los actores, así como un clima de organización, de respeto mutuo, disciplina y de desarrollo ciudadano. Los comportamientos que violen preceptos legales de naturaleza penal deben ser remitidos al órgano público del dominio correspondiente.

Sobre el adecuado financiamiento y movilización de recursos para la educación

Para alcanzar y sostener los niveles de cobertura, calidad y equidad que el país requiere en su sistema educativo es indispensable un adecuado financiamiento y el fortalecimiento de políticas de mejoras en la calidad del gasto. Por consiguiente, una educación inclusiva y de calidad en todos los subsectores educativos (preuniversitario, superior y técnico-profesional) es una corresponsabilidad de todos.

En consecuencia, los firmantes específicamente pactamos:

Ratificar el compromiso de mantener como mínimo los niveles actuales de inversión del Estado dominicano en la función de educación como porcentaje del PIB, incluido el nivel de 4% del PIB a la educación pre-universitaria.

Ratificar el compromiso de ir incrementando los recursos públicos asignados a los tres subsectores de la función educación conforme al logro de todo lo pautado en la Ley 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, y priorizar en una primera etapa los subsectores de educación superior y formación técnico profesional,

Velar por que las asignaciones presupuestarias a cada subsector educativo y a las instituciones públicas educativas se realicen en coherencia con los objetivos y prioridades establecidos en los diferentes instrumentos de planificación nacional, sectorial e institucional y sus actualizaciones, atendiendo a criterios de mejora de la calidad del gasto.

Cumplir con lo establecido en la Constitución y las leyes en lo referente al financiamiento de la educación superior a fin de garantizar la equidad y la calidad de la oferta.

Elaborar el presupuesto anual del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología siguiendo las prioridades de políticas establecidas en los planes de desarrollo y los lineamientos y criterios en cuanto a los programas de financiamiento establecidos en la ley 139-01 y la Ley 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo.

Propiciar y fomentar distintos mecanismos para el financiamiento de actividades de inversión y desarrollo de las Instituciones de Educación Superior a tendiendo a criterios de calidad, impacto social y en correspondencia con las prioridades establecidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Promover el uso de las exenciones fiscales que permite la ley, con el propósito de atraer más recursos a la educación, en particular con destino a centros educativos públicos y organizaciones sin fines de lucro.

Sobre la implementación, monitoreo, evaluación, veeduría y cumplimiento de los compromisos pactados

La participación activa de todos los actores de la vida nacional, en especial la comunidad educativa (estudiantes, docentes, administrativos, directivos, padres, madres, tutores, entre otros), es fundamental para el éxito del Pacto Educativo.

La creación de espacios y prácticas promisorias de aprendizajes en todos los niveles del sistema educativo solo será posible con el concurso de todos los sectores de la vida nacional a fin de asegurar que los recursos están siendo utilizados de la forma más eficaz posible, en un marco de transparencia y rendición de cuentas del logro de los objetivos perseguidos por el Pacto Educativo.

En tal sentido, acordamos:

Estructurar la implementación del Pacto por etapas en un proceso articulado sobre la base de compromisos concretos de cada uno de los actores, con una ejecución participativa, priorizando las iniciativas puestas en marcha en cada uno de los subsectores cónsonas con los compromisos asumidos en el Pacto.

Desarrollar una estrategia de seguimiento y participación social, con la finalidad de velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Pacto y el logro de los objetivos. Dicha estrategia incorporará un mecanismo de monitoreo y evaluación, un mecanismo de veeduría social y un mecanismo de coordinación conjunta.

Establecer el mecanismo de monitoreo y evaluación como el instrumento mediante el cual las instituciones y organizaciones compromisarias del Pacto aseguran la ejecución de las acciones derivadas del cumplimiento de los compromisos asumidos y la detección y generación de alertas de posibles o eventuales desviaciones con respecto a dichos compromisos y metas. El mecanismo tiene el propósito de determinar ajustes en la planeación que se consideren pertinentes para el logro de los objetivos, con base en el resultado de las evaluaciones. Las tareas asociadas al monitoreo y evaluación corresponden a las instituciones rectoras de los subsectores del sistema educativo (Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Ministerio de Educación e Instituto de Formación Técnico Profesional) y a las organizaciones con responsabilidad directa en la ejecución de los compromisos derivados del Pacto.

Establecer el mecanismo de veeduría social como el instrumento mediante el cual las instituciones y organizaciones firmantes que no tienen responsabilidad directa en la ejecución de las acciones derivadas del Pacto, verifican el cumplimiento de los compromisos asumidos por todos los actores y el logro de los objetivos propuestos.

Establecer el mecanismo de coordinación conjunta como el instrumento para la articulación de acciones entre todos los compromisarios. Esta instancia estará integrada por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y el Consejo Económico y Social, con el propósito de promover la continuidad y transparencia de los procesos, la adopción de metodologías de trabajo y un permanente flujo de información, sustentado en sistemas debidamente integrados que faciliten la oportuna rendición de cuentas. Para tales fines, contará con un comité técnico de apoyo, integrado por representantes de ambas instituciones que coordinarán la elaboración de un sistema de indicadores para medir el cumplimiento de los compromisos y el logro de los objetivos planteados en el Pacto y establecer las fuentes y medios de verificación.

Realizar un informe semestral de monitoreo y evaluación de procesos y un informe anual de veeduría bajo la responsabilidad del mecanismo de coordinación conjunta, con el propósito de determinar el grado de avance en el logro de los objetivos y metas, verificar el progreso en el cumplimiento de los compromisos asumidos por los actores políticos, económicos y sociales, y analizar el impacto de las políticas públicas adoptadas en el marco del Pacto. Estos informes considerarán como insumos los reportes de seguimiento generados por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el Instituto de Formación Técnico Profesional; los sistemas de planeación, de presupuesto y función pública; así como las iniciativas de seguimiento de políticas públicas en curso, como son el SIGOB y la IDEC para la educación pre-universitaria, entre otros. Estos informes deberán ser presentados al pleno de los firmantes del Pacto y comunicados a la opinión pública.

Designar al Comité Técnico de Apoyo como punto focal para facilitar información a la ciudadanía con relación al proceso de veeduría social y fortalecimiento de la corresponsabilidad social.

Establecer canales de comunicación para las tareas de monitoreo, evaluación y veeduría social, que permitan la participación de los actores integrantes de la comunidad educativa y demás actores sociales interesados en la mejoría de la educación, a fin de tomar en cuenta sus opiniones y contribuciones al proceso de implementación del Pacto.

Asignar recursos provenientes de las instituciones públicas compromisarias del Pacto Educativo y gestionar apoyo técnico y financiero de organizaciones de la sociedad civil y organismos de cooperación internacional con el propósito de financiar el monitoreo, evaluación y veeduría social del proceso de implementación del Pacto.

Elaborar un reglamento que rija las funciones de monitoreo, evaluación y veeduría social del proceso de implementación del Pacto. El Comité Técnico de Apoyo presentará, en un plazo no mayor de tres meses contados a partir de la firma del Pacto, una propuesta de Reglamento Interno a ser aprobado en sesión de trabajo de los compromisarios del Pacto.

CONSIDERACIONES FINALES

La construcción de la visión de la educación a que aspiramos los compromisarios de este Pacto y la superación de desafíos en materia de cobertura, calidad y equidad en todos los niveles educativos, demandan revisar y reformar el sistema educativo dominicano.

Todas y todos concordamos que la reforma de la educación es una tarea compleja que requiere capacidad de renuncia, esfuerzo sostenido y de largo plazo, y responsabilidad compartida. Semejante tarea demanda entusiasmo, compromiso y creatividad de todas las partes.

Declaramos que trabajaremos, unidos y de forma permanente, para hacer realidad la educación que imaginan los niños, niñas y adolescentes, y que anhelan las personas jóvenes y adultas de la República Dominicana.

A todo esto nos comprometemos, los que hoy firmamos, en el primer (1er) día del mes de abril del año dos mil catorce (2014) en el Distrito Nacional, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana.

SUSCRITO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, LIC. DANILO MEDINA SÁNCHEZ, LA VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, DRA. MARGARITA CEDEÑO DE FERNÁNDEZ, LA PRIMERA DAMA DE LA REPÚBLICA, LIC. CANDIDA MONTILLA DE MEDINA, LOS LÍDERES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, LOS ACTORES 

DEL SISTEMA EDUCATIVO DOMINICANO E INVITADOS ESPECIALES 

CONVOCADOS AL PROCESO DE DISCUSIÓN, CONSULTA Y CONCRECIÓN POR EL DECRETO 228-13 PRESENTES EN EL ACTO DE FIRMA DEL PACTO EDUCATIVO, EN EL PALACIO NACIONAL, EL DÍA 1 DE ABRIL DE 2014 –DÍA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN–¹. 

El documento íntegro que antecede es el Pacto Nacional para la Reforma Educativa suscrito el 1 de abril de 2014, en el Distrito Nacional, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana.

Lic. Iraima Capriles

Directora Ejecutiva del Consejo Económico y 

Social de la República Dominicana

2 de abril de 2014

Santo Domingo, República Dominicana.