El empresario político
Juan Isidro Jimenes era una persona de talante fundamentalmente empresarial y durante la mayor parte de su vida mostró escaso interés hacia la actividad política. Solo se conoce su participación en las elecciones de 1876 en las cuales apenas alcanzó 103 votos contra los 24,329 que obtuvo el candidato ganador, Ulises Francisco Espaillat. Jimenes concentraba todo su tiempo en el quehacer comercial y su nombre trascendió las fronteras nacionales, pues mantenía relaciones comerciales con los más importantes importadores de madera de América y Europa. La Casa Jimenes[1] se convirtió en la más poderosa empresa del país; fuera, lógicamente de los ingenios azucareros.
Sin embargo, la dinámica de la empresa se alteró cuando Jimenes se vio conminado a dar cabida como socio de la misma al tirano Ulises Heureaux (Lilís), quien en cierto modo representaba una garantía para emprender con éxito cualquier negocio en el país, dada la inexistencia de un régimen de derecho. La Casa Jimenes aceptaba los vales emitidos por el agresivo sátrapa, cobrables en la aduana de Montecristi o en cualquier otro lugar del país, y se descontaban de las importaciones que realizaba la empresa. Existen abundantes evidencias de las cordiales relaciones de la Casa Jimenes con Heureaux y, a modo de ejemplo, citaremos el siguiente fragmento de una de sus cartas:
“Por la casa de los señores Jimenes & Cía. a quienes tan buena voluntad debe mi Gobierno, pasa a menudo la correspondencia del general Benito Monción. Evite usted esto a todo trance y no permita que con perjuicio del Gobierno y de los señores Jimenes & Cía. se abuse de la caballerosidad de estos buenos amigos, a quienes, sin ellos saberlo, se hacen órgano para introducir correspondencias que perjudican sus propios intereses”.[2]
Durante largos años, Jimenes y Heureaux controlaban el ingreso de mercancías por el puerto de Montecristi y la frontera domínico-haitiana. “He arreglado con D. Juan Isidro Jimenes la manera como debe hacer la introducción de las mercancías de que me habló. Este señor bajará en el vapor Ozama”, le dice Heureaux al general Miguel A. Pichardo.[3] Sin embargo, diversos factores laceraron los vínculos comerciales entre ambos. En primer término, cabe citar el desplazamiento de los capitales europeos en beneficio del emergente imperialismo estadounidense, dinámica propiciada por el propio Heureaux. Los alemanes eran los principales compradores del tabaco cibaeño, de madera y otros bienes primarios y Jimenes poseía excelentes vínculos comerciales con ellos. Por otro lado, los requerimientos inmoderados de dinero del tirano generaron graves contradicciones y socavaron las finanzas de la empresa, afectada por el descenso de los precios del campeche en el mercado europeo. Al deteriorarse los vínculos con el déspota, Jimenes se vio conminado a desprenderse de sus acciones en la Casa Jimenes y abandonó el país en 1889 con destino a Europa.
Luego de esta abrupta ruptura, el temerario tirano desplegó todo su ímpetu para destruir los bienes y operaciones de la Casa Jimenes de lo cual dio cuenta el empresario e intelectual de la época, Maximiliano Constantino Grullón (1849-1936), compadre de Jimenes y hermano de Alejandro Grullón, hombre culto y con una gran ilustración en temas de economía, quien describió exhaustivamente los desatinos y tropelías cometidas por el déspota contra la empresa. El tirano embistió en todos los ámbitos los intereses de la Casa, asevera Grullón, tal como la formación de empresas para hacer competencia a la Casa, las cuales, al no pagar impuestos aduaneros, operaban con evidentes ventajas y se apoderaban con facilidad de los mercados.
De igual modo, acometió una interminable cadena de procesos judiciales contra la Casa Jimenes con las más absurdas acusaciones; además emitió numerosos decretos con la finalidad de destruir el patrimonio de la empresa; dictaminó medidas secretas contra todos los movimientos comerciales ejecutados por la Casa “con toda la saña que el general Heureaux sabía imprimirles a los ataques contra sus enemigos”. De igual modo, estimuló a los deudores de la Casa a incumplir sus compromisos financieros. Solo la habilidad de Jimenes de convertirla en una entidad con carácter internacional impidió la destrucción por completo de la misma.[4]
En 1892, año en el cual culminaba el período presidencial instituido por la Constitución, y el general Heureaux realizaba los aprestos para reelegirse, Jimenes recibió decenas de cablegramas en los cuales les solicitaban postularse a la presidencia de la república. Sin embargo, no pudo obtemperar a las mismas, pues se hallaba aquejado por graves problemas de salud, tanto en su sistema nervioso como en el aparato gastrointestinal, y solo gracias a una complicada y dolorosa intervención practicada por un habilidoso cirujano de París, pudo salvar su vida, aunque tuvo un prolongado período de convalecencia. El segundo impedimento de Jimenes para atender estas demandas vino dado por sus múltiples compromisos comerciales, pues había establecido seis casas comerciales en Europa.
Una de las sugerencias para proponer su nombre a la presidencia de la república en este año procedía de un grupo de personalidades del Cibao, entre las que se encontraba el general Horacio Vásquez, respondida por Jimenes en los siguientes términos:
“Desgraciadamente la situación en que me hallo actualmente colocado me impone el imperioso deber de declinar la honra que se me discierne. En efecto, los cuidados que requiere mi salud, desde hace largo tiempo seriamente quebrantada, y compromisos comerciales de mucha importancia, que no podría desatender sin menoscabo de sagrados y trascendentales intereses, son razones poderosas para no aceptar esa situación de candidato a la presidencia de la república, pues si mi nombre fuese el favorecido en la urna electoral, no pudiendo yo dedicar a las arduas tareas de gobierno ni la consagración asidua, ni las altas y especiales dotes que ellas reclaman, me expondría a ver defraudadas las esperanzas de mis electores y la confianza de la nación, a lo cual por ningún interés humano debo exponerme”.5
Nación, (año LXVII, Vol. XXX, No. 112, mayo-agosto de 2005), 2.
5 AGN, Colección José Gabriel García, carta de J. I. Jimenes, París, 1º de julio de 1892. También la publicó El Eco de la Opinión, No. 692, 10 de septiembre de 1892.
Este fervor hacia Jimenes, la única persona en la época con perfil presidenciable, no pasó desapercibida para un tirano inteligente y enterado como el Pacificador, quien de inmediato intensificó todos los artificios del poder para destruir las propiedades restantes de la Casa Jimenes en el país, dada la imposibilidad de golpear directamente al empresario en su residencia parisina.
La expedición del vapor Fanita
En la postrimería de la dictadura de Heureaux, el “Gran tirano”, como lo denominó Fabio Fiallo, Agustín Morales organizó una expedición armada que logró vulnerar el poder omnímodo del sanguinario sátrapa, la cual contó con el respaldo del Gobierno de los Estados Unidos que le proporcionaron el vapor Fanita con capacidad de 432 toneladas, así como numerosos armamentos y pertrechos bélicos. La denominación del vapor tuvo una significación simbólica pues a los jimenistas más antiguos y genuinos se les llamaba
“bolos del Fanita”.[5]
Morales logró persuadir al empresario Juan Isidro Jimenes y lo incorporó a la expedición cuando este se hallaba en Nueva York, en tránsito hacia Europa, y disfrutaba de una enorme popularidad en toda la región Norte del país por el éxito alcanzado al frente de la Casa Jimenes. Contra la oposición de su hijo, José Manuel Jimenes, de su amigo Maximiliano Grullón y del Dr. Francisco Henríquez y Carvajal (1859-1935), quienes insistieron en el aplazamiento de la expedición militar, Morales y Jimenes acometieron la empresa. El doctor Henríquez, por ejemplo, quien a la sazón ejercía su profesión de médico en Cabo Haitiano, donde conoció a Morales en 1897, le expresó a este la imposibilidad de derrocar la dictadura de Heureaux, pues la misma poseía una sólida organización y recursos suficientes para liquidar en 48 horas cualquier movimiento revolucionario. Le planteó la existencia de indicios explícitos del desmoronamiento de la dictadura, pues la base económica de sustentación del dictador era absurda y comenzaba a flaquear. Ante este augurio del médico, Morales, enardecido, le replicó: “entonces habría que renunciar para siempre al deber de consagrar a la patria todas nuestras fuerzas para liberarla de tanta ignominia”.[6]
El grupo de revolucionarios arribó a medianoche al puerto de Montecristi el 2 de junio de 1898 y sorprendió al vigilante del mismo, luego de lo cual, y guiados por Toribio L. García, su contacto en la ciudad de Montecristi, apresaron en su residencia al desprevenido gobernador de la provincia, general Miguel Andrés Pichardo, un personaje con una gran capacidad militar y sin miramientos para el crimen, a quien el bonachón de Jimenes se rehusó fusilar como lo demandó insistentemente el gestor y líder militar de la misma, Agustín F. Morales. Junto con la llegada de la expedición se distribuyó de manera masiva en la población, así como en Estados Unidos y Europa, un Manifiesto firmado por Jimenes, redactado en inglés, francés y español, en el cual se denunciaba el descalabro de la economía dominicana y se incitaba al pueblo a rebelarse contra el ominoso régimen. La divulgación de este manifiesto en varios países europeos y de América provocó la suspensión de las escasas fuentes de crédito que todavía conservaba el dictador en esos países, acción que debió enfurecerlo.
Tras un enfrentamiento en las calles de Montecristi, el gobernador Pichardo logró escapar de la prisión y procedió a fusilar a 14 miembros de la expedición, entre los cuales se encontraba Agustín Morales, a quien hirieron de gravedad a bordo de un bote con dirección al Fanita, lo cual provocó el retroceso de los demás miembros, quienes zarparon enseguida hacia la isla Inagua, una de posesiones británicas del Caribe, y al poco tiempo Heureaux partió tras ellos a bordo del vapor Independencia. En el proceso instruido a Jimenes en dicha isla el dictador demandó de las autoridades británicas la entrega de este y sus acompañantes, pero ocho de los doce miembros del jurado dictaminaron su absolución. El veredicto probablemente estuvo influido por la certeza de muchos de los miembros del jurado de que este los fusilaría. El implacable persecutor no cejó en su empeño y emplazó el buque en las proximidades de isla para apresarlos cuando estos abandonaran al lugar, lo cual no pudo materializar.
Los medios de comunicación de la época se dedicaron a denostar la expedición militar de Morales y Jimenes. El periódico El Teléfono, por ejemplo, vocero oficial de la dictadura en un momento determinado, dirigido por José Ricardo Roque, no obstante el proceder implacable y la crueldad del gobernador Pichardo contra los expedicionarios, tildó como “digna de encomio” y benevolente la actitud del Gobierno al impedir el exceso de fusilamientos, pues tan pronto recibió el parte del gobernador de Montecristi, el dictador ordenó por telégrafo la suspensión de las ejecuciones y el indulto de los apresados.[7]
El destacado intelectual, y agente de la dictadura, José Ramón López, sopesó la acción como “un atentado a la integridad de la patria”, un “agravio” a la nacionalidad y resaltó la tentativa de Jimenes de sonsacar inútilmente a Pichardo con el siguiente argumento: “El Gobierno no goza de crédito; usted es un general de prestigio y vengo dispuesto a hacerlo jefe supremo de la revolución con cuantos recursos sean necesarios”,[8] oferta desestimada por Pichardo. López se empeñó en resaltar la ruina económica de Jimenes, aunque no presenta las evidencias empíricas. Solo hace referencia a una carta enviada por su antiguo socio Alejandro Grullón en la cual se quejaba de la decisión de su hermana, Emilia Jimenes, de retirarle la pensión que le mantenía la Casa Jimenes. Otros agentes de la dictadura también la emprendieron contra Jimenes.
La impericia y probablemente la falta de agallas de Jimenes determinaron el fracaso de esta experiencia armada. Sin embargo, la misma se convirtió en el acontecimiento emblemático que marcaría el fin de la dictadura en tanto contribuyó a catalizar el movimiento de oposición a la misma, y permitió catapultar a Jimenes como el principal líder opositor. A partir de esta experiencia comenzó a percibírsele como la persona dotada de las mayores cualidades para reemplazar al funesto tirano. De igual modo, el fracaso de la expedición hizo comprender a los opositores la imposibilidad de finiquitar por este medio la dictadura, dado su eficaz sistema de espionaje y la solidez de su aparato militar. A partir de este momento empezó a cobrar cuerpo la idea de la eliminación física del tirano como única vía para destronar el régimen de fuerza.
En febrero de 1899, cinco meses antes de caer abatido el dictador en Moca, Jimenes, autodefinido como jefe de la revolución, arremetió nuevamente contra el régimen de fuerza. En el documento titulado “Protesta” denunció el estado de ruina en sus bienes e intereses del país a consecuencia “de las depredaciones interminables” del dictador Heureaux y declaró su oposición tajante a la contratación de un nuevo empréstito a capitalistas ingleses.
Cuando Heureaux asumió la presidencia solo existía una deuda interior ascendente a un millón ochocientos mil pesos, pero este la elevó a 28 millones de pesos sin contar los 4 o 5 millones de pesos de la deuda flotante, la cual nadie conocía con exactitud. Declara la inversión realizada por este en la construcción del Ferrocarril Central Dominicano en la cual invirtió un millón doscientos cincuenta mil, pero no pagó los gastos de mantenimiento de la misma. Además, se ignoraba el destino de los treinta millones restantes y su desaparición representaba “una de las dilapidaciones más considerables de que se tiene ejemplo”.
A estas cifras se le debía adicionar, de acuerdo a Jimenes, doce millones de pesos de las entradas aduaneras que corrieron el mismo destino. Definió a Heureaux como un dictador carente de ideas para gobernar y de organización, preocupado solo por el mantenimiento de su omnímodo poder con el cual ha liquidado todo germen de progreso en el país a quien sumergió en la más estremecedora indigencia. El dinero circulante se reducía a piezas de ínfimo metal, sin valor intrínseco ni comercial y a billetes de banco sin garantías. Su participación en estas operaciones le han producido considerables beneficios personales, pero paralizaron el comercio.
Asimismo, resaltó los amaños realizados por el avezado dictador para apropiarse de los recursos generados por las aduanas. A consecuencia de todas estas tropelías, plantea el documento, la República Dominicana se encontraba “en un estado de disolución completa” y ponderaba la concertación de un nuevo empréstito como un crimen de los perpetrados por Heureaux, a quien le imputa haber fusilado hasta sus mejores amigos, así como a ministros, delegados y a otros solo por celo político. El texto terminaba advirtiendo a los financistas ingleses no otorgar un nuevo empréstito, pues el dictador lo derrocharía y los timaría, no tanto por su “proverbial mala fe”, sino por la incapacidad financiera del país.[9]
Entretanto, la popularidad de Jimenes aumentaba progresivamente. En las diversas rebeliones y manifestaciones espontáneas acaecidas a raíz de la muerte de Heureaux en Santiago, Montecristi, La Vega, Moca, Puerto Plata, San Pedro de Macorís y en algunos pueblos del Sur, se proclamaba al unísono a Jimenes a la presidencia de la República, aun hallándose este fuera del país, contra la resistencia de los caudillos de filiación lilisistas como Miguel Andrés Pichardo, Pedro Pepín (Perico), Demetrio Rodríguez y otros. El ¡Viva Jimenes! se generalizó en muchos otros pueblos del país. Tal exultación, sin embargo, suscitó recelos en el general Horacio Vásquez, quien emitió un manifiesto en el cual dejaba entrever cierta discordia.
El mismo expresaba:
“Es ocasión de declarar también que la revolución no viene a imponer al país un caudillo para que rija sus destinos. Cierto es que un gran número de los que militan en sus filas desean que sea el Sr. don Juan Isidro Jimenes quien ocupe la presidencia de la República. Pero esto no es más que el deseo personal de los que así piensan”.[10]
Eugenio Deschamps percibió en este manifiesto de Vásquez “el primer tufillo de traición”, aunque se debe entender también las expectativas de este caudillo y las presiones de sus acólitos por asumir el poder en tanto le correspondió a él la delicada tarea de dirigir políticamente la eliminación física de Heureaux, mientras que su primo Ramón Cáceres fue uno de los ejecutores del magnicidio.
El programa de Gobierno de Jimenes
Jimenes estaba dotado de una cosmovisión liberal y democrática, reforzada probablemente por su contacto y permanencia con el mundo europeo. Algunos lo tipificaban como “eminentemente cívico, fervoroso, simple y honrado”, “el más sinceramente cívico y bonachón de nuestros caudillos”, y con Espaillat y Billini, “el más liberal de nuestros gobernantes”.[11] Mientras otros, lo califican como “un espíritu dinámico, emprendedor, perseverante, progresista e inteligente para los negocios”.[12] A estas cualidades se sumaban su temperamento franco y abierto, respetuoso de la ley, honradez, civismo y apego irrestricto a los principios. El tribuno Eugenio Deschamps, por ejemplo, lo describe como “un patriota honorable en toda la extensión de ese concepto” cuyo trabajo tesonero a lo largo de su vida le permitió acumular una considerable fortuna. Un hombre “modesto”, “sencillo”, “humano” y de profundos sentimientos religiosos.[13]
En un texto redactado en agosto de 1899, Jimenes enunció algunas ideas programáticas y al mismo tiempo describió el contexto post dictadura, caracterizado por la carencia de educación y obras materiales, la postración de las instituciones, la malversación de las rentas públicas, la bancarrota de la economía, la ruina de la administración pública, la eliminación de los derechos civiles, la desorganización de la hacienda pública, etc. La imagen más devastadora de la situación en que Heureaux dejó la economía y la sociedad dominicana la depara sin duda Máximo Constantino Grullón, en el texto ya referido, en el cual formuló algunas propuestas para la reconstrucción social y política, la cual entendía debía cimentarse en preceptos éticos:
“Honradez política, civil y privada, honradez en la iniciación de los problemas, en el planteo de los mismos y en su ejecución: he ahí el programa que de por sí se impone para hacerle frente al programa de engaño y de mala fe, que imperaba con absoluto dominio”.[14]
El programa de Jimenes contemplaba detalles como la restitución del crédito nacional por medio de la aplicación de los principios de “orden, moralidad y economía, pagando con absoluta exactitud lo que se debe”. También la recuperación de la independencia de la justicia y la implementación de un verdadero código arancelario para reemplazar el código de derechos aduaneros, vigente desde hacía treinta años. Asimismo, establecía recaudar las contribuciones e impuestos en oro para evitar la especulación, recoger las especies monetarias carentes de valor, fomentar la agricultura, reducir los derechos de exportación, levantar de la ruina el comercio, construir obras de infraestructura, y, sobre todo, reformar la instrucción pública, desde las primeras letras hasta los institutos de estudios superiores. El programa delineó el cometido de utilizar todas las economías del Estado para fomentar la educación, pues para Jimenes “la grandeza de los pueblos está en razón directa del grado de adelanto que la instrucción pública en
ellos ha alcanzado. Cuando la escuela es la base de los Estados, su porvenir está asegurado”.[15]
Los lineamientos programáticos se orientaban al establecimiento de un gobierno liberal, dotado de vocación para restaurar el orden institucional y superar el descalabro económico y moral en que se encontraba el país. Empero, luego de la desaparición de la sanguinaria dictadura encabezada por Heureaux se resquebrajó la cohesión que normaba el funcionamiento del Estado dominicano y se dificultó la constitución de un orden político estable, imprescindible para el desarrollo económico, dadas las modalidades asumidas por el esquema agroexportador vigente, el cual reproducía el precapitalismo y propiciaba controles externos progresivos sobre la economía dominicana. En la sociedad dominicana de la época post dictadura se hallaban en estado de latencia un conjunto de fuerzas susceptibles de desencadenarse abruptamente, en pocas palabras: era un volcán a punto de hacer erupción.
La transición
Luego de la liquidación física del tirano, ocupó la presidencia de la república el vicepresidente Wenceslao Figuereo, Manolao (1834-1910), a quien sucedió de manera provisoria el caudillo Horacio Vásquez al ser proclamado mediante un manifiesto por la Junta Popular Gubernativa y el Centro Revolucionario de Santiago, el primero de septiembre de 1899. Antes de que Figuereo y los demás sucesores de Heureaux abandonaran el poder, agentes de la Improvement se les acercaron y les propusieron un plan para resolver los difíciles problemas económicos del país, pero estos rechazaron la propuesta. La empresa también le hizo algunas insinuaciones al gobierno provisorio, aunque luego desistió de la idea hasta la formación de un gobierno definitivo. Uno de los funcionarios de este gobierno provisorio describió el desolador panorama de la economía:
“No son para mencionar las escasas operaciones aduaneras que se han efectuado en la república, durante los dos meses y medio de vuestra interinidad. La revolución encontró al país arruinado y hambriento, reinaba la desconfianza, casi quebrado el comercio, la industria nula, estancada la agricultura, los ingenios apocados, abatidos los corazones. Por mucho tiempo se resentirá el país de las abominaciones pasadas”.[16]
El destronamiento de la dictadura creó un ambiente de euforia y de gran algazara entre las masas populares, atosigadas por el peso de la coacción durante un largo período. Al renunciar Figuereo, el consejo de secretarios dispuso la liberación de los presos políticos, recluidos en mazmorras similares a las de la Edad Media. Se formaron entidades como la Liga de Ciudadanos para luchar por la preservación de la democracia representativa y se efectuaron diversos mítines en las plazas y parques de las principales ciudades del país en los cuales se proclamaba al unísono la palabra libertad. Se produjo, además, una ampliación de la libertad de expresión y circulación de las ideas con la formación de varios periódicos en los cuales empezaron a debatirse los principales problemas nacionales. En este contexto se fraguó la candidatura de Jimenes a la presidencia y Vásquez a la vicepresidencia.
En los primeros días de octubre las Asambleas Primarias, compuestas por los ciudadanos más representativos de las localidades, eligieron los Colegios Electorales, organizados a nivel provincial o distrital, responsables de elegir al presidente de la república, los miembros del congreso y los jueces, pues en el país regía la elección indirecta. Durante el superado régimen de terror las elecciones discurrían de otro modo. Los esbirros imponían el voto oficial o generaban pavor por medio de la fuerza. Estos repugnantes elementos recorrían las calles y plazas en busca de sufragantes e imponían al campesino el voto de su favorecido, además de perpetrar abusos contra personas indefensas.
El 21 de septiembre de 1899 algunos intelectuales, como Eugenio Deschamps, Rafael J. Castillo y Alberto Arredondo Miura publicaron un manifiesto en el cual lanzaron múltiples críticas contra la pasada dictadura. Consideraron “justa” la muerte de quien hizo de la “matanza de hombres” un “medio de absoluto predominio de sus caprichos sobre toda ley, justicia y libertad”. Reconocían la persistencia de componentes cruciales de la dictadura, condición similar a la de quien acaba de pasar una grave enfermedad, a causa de lo cual la república se hallaba débil y expuesta a “recaer para no levantarse jamás”. En tal circunstancia, se imponía destruir prioritariamente todos los remanentes de ese régimen y restituir todo lo bueno destrozado por la misma.
El documento esbozaba las funciones inherentes al Poder Ejecutivo, tales como el mantenimiento de la paz, la dirección de las relaciones exteriores, el cuidado del cumplimiento de las leyes y la administración de la hacienda pública. Por tanto, se imponía seleccionar atinadamente los individuos responsables de conducir el Gobierno en estas difíciles circunstancias. En el texto de marras se ponderaba de forma laudatoria a Jimenes como “el patriota que en los días más luctuosos de la tiranía oyó el clamor de la patria y acudió a salvarla, no retrocediendo ante ningún peligro, no omitiendo esfuerzo alguno para derribar un gobierno que hasta el extranjero enviaba asesinos para librarse de sus enemigos”.[17]
Dr. Francisco Henríquez y Carvajal, la eminencia gris del gobierno, ministro de Relaciones Exteriores del gabinete de Jimenes. Fuente: Fototeca Andrés Blanco Díaz.
El inicio del Gobierno
Cuando Jimenes alcanzó la presidencia ya era una persona de avanzada edad, pues tenía 54 años, en una época en la cual el promedio de vida debió ser mucho más bajo. Físicamente se la ha descrito como de color blanco, de elevada estatura, vientre prominente, bigotes y cabellos grises y sobresalientes modales.[18]
En el discurso de toma de posesión, Jimenes expuso las múltiples y complejas tareas a enfrentar y consideraba esta como “la más grave responsabilidad” que haya pesado sobre su conciencia a lo largo de toda su existencia. Ante la magnitud de la empresa a enfrentar, aseveraba, cualquier ser humano prudente sería capaz de retroceder, atormentado por la duda de que la suma de sus capacidades resultara inferior a la demandada por el éxito de la empresa. Advertía el peligro derivado del “yugo ominoso del despotismo” por el despertar de ambiciones desmedidas, demandas peligrosas y aun diversas aspiraciones. Sin embargo, proclamó su disposición a gobernar después del “desastre”, en una difícil etapa en la cual muchos pretendían alcanzar con rapidez sus realizaciones personales, en una hora solo propicia para restañar las heridas y sobre todo de regeneración económica y moral del pueblo dominicano.[19] Las condiciones sociales y económicas en que Jimenes recibió el país resultaban complejas en grado superlativo: quiebra o desarticulación de las principales instituciones estatales, sin instrucción pública, ni caminos, policía, ejército, servicio.[20]
El primer Gobierno de Jimenes se inició el 15 de noviembre de 1899 y se caracterizó por su esfuerzo en construir un orden social fundamentado en el consenso y el respeto a la autonomía del congreso, la justicia, las libertades individuales, la libertad de expresión y difusión del pensamiento, la libertad de tránsito, el respeto a la vida humana, etc. El congreso lo integraban lumbreras como los presbíteros Rafael Castellanos y Carlos F. Morales Languasco, Rafael Justino Castillo, Pelegrín Castillo, Emilio Prud’Homme, José María Cabral y Báez, Fidelio Despradel, Casimiro Cordero, entre otros.
El gabinete lo integraban las principales eminencias de la época como el Dr. Francisco Henríquez y Carvajal (1859-1935), definido por Rufino Martínez como “la más alta mentalidad nacional”, quien se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores, pero intervenía en todas las áreas del Gobierno donde se presentaban problemas, principalmente en el ministerio de Hacienda y Comercio. En tal sentido actuó como el principal vocero del Gobierno. Además, fungió como agente fiscal y ejecutó las negociaciones con la Improvement y los tenedores de bonos europeos. Mientras desempeñó tales funciones sus adversarios políticos le lanzaron diversas zafiedades. Le encararon, por ejemplo, el haber recibido una pensión de Lilís y ser preceptor de uno de los hijos de este en Europa, además de recibir dinero del dictador para realizar estudios en Francia.
El presidente Jimenes también integró al gabinete a connotados horacistas. Al tribuno Eugenio Deschamps (1861-1919), opositor tenaz de la dictadura lilisista, le asignaron una responsabilidad marginal como ministro de Correos y Telégrafos. Un portentoso intelectual de la época como Emiliano Tejera declinó su participación en el Gobierno cuando le ofrecieron el ministerio de Hacienda y Comercio, aunque aceptó dicho cargo en el Gobierno siguiente que encabezó Vásquez.
El Gobierno de Jimenes hizo tabula rasa de los crímenes, corrupción y otras tropelías perpetradas durante la dictadura, así como de aquellas acciones dolosas que comprometían la autonomía financiera del país. A Heureaux le cupo el oscuro mérito de ser el primer gobernante dominicano en utilizar de forma extrema la corrupción administrativa como un instrumento para potenciar
su poder y liquidar todo vestigio democrático liberal. Ante la lenidad mostrada por el Gobierno muchos personajes comprometidos con la dictadura continuaron actuando libremente, y se beneficiaron de la impunidad propiciada desde el Gobierno de Jimenes, quien en contra de las expectativas sociales mantuvo la Constitución modificada por Heureaux, la cual resultaba funcional a los requerimientos del orden despótico. Igualmente permaneció intacta la organización política de la república inherente a dicho régimen, caracterizada por la existencia de micro poderes en cada demarcación geográfica del país, los cuales operaban con amplio margen de autonomía, y resultaban de utilidad en dicho esquema autocrático, que criticó El Nuevo Régimen:
“En cada villorrio un “jefe” representante del Ejecutivo, es decir, del presidente de la República; en cada cantón, un jefe cantonal en las mismas condiciones; en cada común un jefe comunal que la gobierna como agente y representante del Ejecutivo; en cada provincia y en cada distrito un gobernador “civil y militar”, agente inmediato del Ejecutivo, y su representante, a quien están sometidos todos los funcionarios públicos de la República o del distrito. Todos estos funcionarios los nombra el Ejecutivo, o mejor dicho el presidente de la República. Deben obediencia a las órdenes de este, que puede destituirlos cuando les plazca”.[21]
El Nuevo Régimen abogó también por la desarticulación de la estructura que servía de fundamento al despotismo para evitar que esa burocracia cuasi militar pudiera actuar con impunidad y poder, de esta manera, instituir una nueva organización política congruente con los principios prevalecientes en el mundo civilizado. Rechazaba el prejuicio, vigente desde 1844, que calificaba al pueblo como “ignorante” e incapaz de ejercer la democracia e impugnaba la resistencia de los grupos conservadores a las reformas radicales. Abogaba también por la supresión de la perniciosa dualidad en las actuaciones del Gobierno de consignar la democracia en la Constitución escrita y la autocracia en la Constitución efectiva. En sustancia, para este periódico, el pueblo dominicano se hallaba preparado para un buen gobierno como solo podía serlo uno de la democracia representativa.
Por la persistencia de esta estructura despótica el Gobierno de Jimenes confrontó serios escollos para cristalizar los principios liberales proclamados en su discurso de toma de posesión. En estas condiciones post dictadura resultó difícil la construcción de un orden basado en el acatamiento a la ley, pues en el país no existía una cultura jurídica debido a que la población era mayoritariamente rural. Uno de los periódicos de fines de 1899 insistía en la necesidad de rendir culto y veneración a la ley como expresión de la voluntad suprema.
En un mensaje al Congreso Nacional, Jimenes explicó que por el predominio de los gobiernos de fuerza sobre los gobiernos de derecho y del caudillismo por encima de los principios en el decurso histórico nacional, la organización jurídica resultaba una tarea problemática, irrealizable de manera automática como la concebían y aspiraban algunos sectores adversos al Gobierno. “Olvidan por completo la realidad los que, animados, sin duda alguna por móviles generosos, pero impacientes o exaltados, creen factible toda reforma sin atender a las dolorosas, pero inevitables imposiciones del medio. Es preciso ir gradualmente, sin dejarse arrastrar por los impulsos del entusiasmo, las más de las veces irreflexivo e infecundo”.[22]
El sistema clientelar vigente desde la dictadura de Heureaux representó una de las mayores cargas del Gobierno de Jimenes, quien intentó una reorganización del aparato burocrático y redujo la nómina de las asignaciones y dádivas de tres mil a quinientos pesos. La entrega de estos estipendios del presupuesto a personas que no realizaban trabajo alguno resultaba necesario para garantizar la gobernabilidad, pues si prescindía de ellos el Gobierno se veía obligado entonces a incrementar el ejército. Por el peso descomunal del clientelismo en la economía, el Dr. Américo Lugo expuso que una persona decente le habría hecho a Jimenes la contundente sugerencia:
“Señor, solo los servicios previstos y efectivos deben ser remunerados. No dé entrada a la concupiscencia pública y acalle en su pecho la lástima que han de inspirarle los paniaguados que, sorprendidos por la enfermedad o la vejez, contaban con seguir viviendo del presupuesto, y sea fuerte y animoso para barrer del templo de la república a quienes ni en su casa ni en la calle le rindieron culto de trabajo, de honradez y de orden. Ahogue asimismo el temor de verse derrocado por el segundo modo de asediar que tiene esta gente, la rebelión”.[23]
A pesar de la sugerencia de Lugo el Gobierno mantuvo los cuerpos de reservas en algunas ciudades y distritos. En octubre de 1900 el secretario de Hacienda y Comercio reconoció discretamente la necesidad de mantener las reservas por el “peligro” que representaba romper bruscamente con una “práctica antiquísima” y por la deficiente cantidad y calidad del ejército activo. En aras de la transparencia el funcionario informó al congreso el mantenimiento de estas reservas militares y recabó la opinión del vicepresidente Vásquez, de los gobernadores provinciales y distritales, así como de los delegados provinciales, si convenía disolverlos y hubo consenso en su mantenimiento hasta tanto el Estado no dispusiera de un ejército regular en número y calidad que “responda a la suprema necesidad de conservar inalterable la paz pública”. En un momento en el cual el Gobierno era asediado por las insurrecciones se estimó contraproducente la eliminación de dichas reservas.
En adición a lo anterior es conveniente resaltar que después del derrocamiento de Heureaux, el ejército disponía de pocos cuerpos organizados en el país y mucho menos se conocían las condiciones en que operaban algunos batallones. Para 1900 el país carecía de un ejército medianamente organizado, así como de una ley de conscripción militar donde se establecieran las modalidades de reclutamiento, el tiempo a permanecer en el servicio, la clasificación de las diferentes fuerzas emplazadas en cada común, la duración del servicio militar obligatorio, el destino de los mismos una vez concluida dicha condición, la organización de las reservas del ejército, etc. Además, el Gobierno enfrentaba otro problema relacionado con la gran cantidad de armas propiedad del ejército en manos de particulares, lo cual representaba una espada de Damocles para la anhelada estabilidad política.
El mantenimiento de las reservas o asignados conllevaba la antidemocrática práctica de las célebres revistas, vigentes hasta la dictadura de Trujillo, consistentes en congregar compulsivamente en la plaza a todos los habitantes de las comunidades rurales para pasarle revista y así mantener subordinada a esta población. Con las revistas, rémora del despotismo, se restringía sustancialmente la libertad de los campesinos, se identificaban los potenciales miembros del ejército, se mantenía un control sobre los campesinos y se limitaba su integración a movimientos de protesta. Asimismo, las revistas expresaban la desigualdad entre los campos y las ciudades. Para Rafael Justino Castillo a los campesinos debían reconocérseles derechos similares a los habitantes urbanos y no imponerles deberes superiores a estos, dada la igualdad de todos los dominicanos ante la ley, de acuerdo con la constitución.
A los habitantes urbanos, sostiene, no se les obligaba a reunirse en la plaza por orden de las autoridades para escuchar alguna perorata sobre las excelencias del orden o las ventajas de la paz. De acuerdo con este notable jurista, en lugar de estas revistas, cuyo propósito consistía en moldear la conciencia campesina y revelaban la lejanía del país de un régimen democrático, el Gobierno debía acometer la empresa de combatir la ignorancia y el salvajismo prevalecientes en el campo, o por el contrario, convocar los campesinos de manera
voluntaria para instruirles en cuestiones de su interés.[24]
Pero Jimenes no pudo descontinuar las prácticas clientelistas pues, presionado por los miembros de su parcela política, incrementó la nómina pública para cuyo pago destinaba el 60% ($1,200,000) del presupuesto ascendente a $2.000.000. Ya en enero de 1900 Rafael J. Castillo censuraba el incremento de la nómina: “Muchos son los nombramientos para empleos expedidos por el Gobierno indebidamente. No debió designarlos puesto que no estaba obligado para ello, y debía prever que esos funcionarios sin funciones desaparecían con la reforma constitucional y los ha nombrado”. Por favoritismo, y por demandas del servicio público, Jimenes nombró jefes de líneas, adjuntos de gobernadores y jefes de fronteras. En ese momento la facultad de crear empleos era competencia del Congreso y no del poder ejecutivo.[25]
Las reclamaciones contra el Gobierno
Por la venta de concesiones a granel realizadas durante la dictadura de Heureaux, ponderada como una “mezcla informe de grandiosidad y monstruosidad”, el nuevo presidente recibió una avalancha de reclamaciones económicas, muchas de las cuales se habían mantenido en silencio, para lo cual los propietarios de las mismas contaron con el concurso de sus respectivos países. Jimenes debió enfrentar dichas demandas, indemnizaciones y protestas planteadas por empresarios y aventureros de Francia, Inglaterra, España, Italia y Estados Unidos.[26]
En algunos casos las exigencias eran por agresiones a sus ciudadanos e implicaron una erogación superior a los cien mil pesos oro.[27] Las del capitán P. Boimare y la sucesión de Noel
Caccavelli resultaron las de mayor resonancia. A Caccavelli, un comerciante francés establecido en Samaná, Heureaux lo apresó y asesinó, mientras a Boimare, empresario francés propietario de una fábrica de jabones en Puerto Plata, en competencia con una propiedad del dictador, el dictador le retiró las exenciones fiscales asignadas, lo forzaron a vender la fábrica y finalmente lo encarcelaron.
Estos desmanes originaron una solicitud de indemnización del cónsul francés al Gobierno dominicano que se comprometió a pagar Heureaux mediante una convención[28] celebrada en 1895 con el Enviado Extraordinario de Francia, Mr. Pichon, a la Improvement Company. Y, al no materializar Jimenes el pago de la misma, el diplomático galo amenazó con embargar el presupuesto nacional, incautar los fondos aduaneros y bloquear a Santo Domingo. Para esto emplazó buques de la división naval del Atlántico de Francia, a las órdenes del contralmirante Richard, en las costas dominicanas. Ante la dimensión alcanzada por las tensiones el presidente Jimenes y los ministros exhortaron al pueblo a repudiar la actitud de Francia y su representante en el país. Dicha proclama alentaba a la población a protestar frente a la sede diplomática lo cual atemorizó a la legación y al poco tiempo el consulado de ese país solicitó a su abogado, el 3 de marzo de 1900, el cese del acosamiento.
El cobro compulsivo por parte del cónsul francés provocó indignación en muchos intelectuales de la época, quienes publicaron un manifiesto contra el funcionario diplomático, el 3 de enero de 1900, en el cual rechazaban la pretensión de embargar el presupuesto nacional, pues este representaba el “exiguo medio de mantenimiento de las instituciones del poder y el orden con que cuenta el Estado”. Además, le encaraban sus vínculos con el extinto déspota:
“Y él, el cónsul que atendió a Lilís, y tuvo benevolencia para sus informalidades, y acaso pactó con él indebidas o complacientes prórrogas; el honorable cónsul de la República francesa se alza ahora a exigir con increíble saña de un despiadado mercader la libra de carne que la república le debe su propio cuerpo”.[29]
Frente a los reclamos franceses el Gobierno mantuvo una actitud digna pues no negó su condición de primer deudor y pagador, pero tampoco se dejó avasallar por las empresas acreedoras, y además defendió la actitud asumida por el pueblo:
“La conducta de nuestro pueblo es altamente honrosa, y lo es tanto más que por ningún lado puede demostrarse que haya sido cometido ningún acto de mera hostilidad o de desconsideración al cónsul de Francia. Las manifestaciones populares que ayer han tenido lugar son un timbre de honra para el pueblo dominicano y lo serían también para cualquier pueblo culto. Ni un solo grito, ni un gesto siquiera atentatorio a la dignidad del Consulado francés, ni contra Francia, por quien el pueblo dominicano se ha esmerado en todo tiempo no sólo en conservar, sino en fomentar su leal afecto y su más entusiasta admiración”.[30]
Las reclamaciones y protestas contra el Gobierno dominicano alcanzaron proporciones alarmantes, como lo consigna uno de los más reputados periódicos de la época:
“Por donde menos lo esperamos nos salta al cuello una reclamación extranjera. En los momentos en que teníamos derecho a que se nos tratara con más consideraciones, es cuando más duramente hemos sido apremiados por Gobiernos para quienes cualquiera de sus súbditos vale más que nuestra República entera. Con todo eso no escarmentamos […] Por Boimare quebrado, indemnización; por Caccavelli, asesinado, indemnización; porque una tormenta le causó daño a la línea telegráfica, o se le cayeron de viejo algunos postes, indemnización; por el puente roto por una lancha de una empresa francesa, indemnización”.[31]
Dado el carácter traumático de las reclamaciones el ministro de Relaciones Exteriores propuso solo otorgar concesiones a ciudadanos dominicanos, en cuyo caso se debía consignar claramente en el contrato que aun cuando el concesionario pueda traspasarlo a extranjeros, la acción de estos terminaba en la jurisdicción de los tribunales dominicanos. Además, sugirió un programa de nacionalización de todas las empresas extranjeras radicadas en el territorio nacional, mediante la compra por parte del Estado de las mismas.
El complejo problema monetario
A Jimenes y a su gabinete le correspondió enfrentar el desorden monetario legado por el régimen de fuerza. La dictadura lilisista, como se sabe, acudió a emisiones monetarias incontroladas como un medio de paliar su crónico déficit presupuestario, lo cual provocó la desvalorización monetaria, el atesoramiento de bienes físicos o monedas de plata y oro, así como el auge del trueque. El Gobierno provisorio de Vásquez adoptó algunas medidas para paliar el problema como el levantamiento de la medida que impedía la circulación de la moneda mejicana y la aceptación de las papeletas en la proporción de un 30% de su valor sobre los derechos de importación, dejándola fluctuar en el mercado. Jimenes procedió de manera correcta al incinerar cantidades significativas de papel moneda devaluado.
La circulación de cuatro millones y medio de pesos emitidos por el Banco Nacional, carentes de respaldo en oro y plata, y de más de dos millones en monedas de plata y níquel acuñadas en el exterior, durante el régimen de Heureaux, constituyó otro acuciante problema arrostrado por el Gobierno de Jimenes. Ya en el crepúsculo de la dictadura se designó una comisión, compuesta por José Gabriel García, Martín Leyba y Emiliano Tejera para canjear los billetes a razón de dos pesos nacionales por un peso oro. Pero este porcentaje se varió en septiembre de 1899 a razón de cinco pesos por uno que se haría mediante subastas públicas en las ciudades de Santo Domingo, Puerto Plata y La Vega. Una vez colectados los billetes, la comisión los entregaba a la Junta Incineradora que los calcinaba en la plaza pública. Asimismo, el Gobierno depositaba en la Junta los 400 mil pesos en billetes que, conforme al contrato del 18 de abril, debía entregar a la Improvement. Se encontró resistencia entre algunos extranjeros, quienes exigían se le cambiaran sus billetes a la tasa de dos por uno.
El Gobierno de Jimenes destinaba diez mil pesos mensuales para el canje de billetes, aunque durante un tiempo no lo hizo con regularidad, pues debió atender las indemnizaciones francesas, estadounidenses e italianas, pero ya el presupuesto de 1902 contempló la suma de $130,000 para ese renglón. De acuerdo con la memoria del ministro de Hacienda y Comercio la suma desmonetizada hasta febrero de 1900 totalizaba $696,378 en billetes. En mayo de 1900, según se decretó, el 50% de los derechos de puerto podían ser pagados con billetes del Banco Nacional de Santo Domingo, que se remitían a la Caja Recaudación, medida con la cual se procuraba evitar la descapitalización de los comerciantes y de todos los propietarios de esa especie fiduciaria. Para obtener dinero duro, el Gobierno también debía acudir a las subastas a canjear los billetes obtenidos por diversos conceptos. Respecto a las monedas, el Gobierno autorizó el pago del 30% por los derechos de importación con un tipo de cambio fijado quincenalmente de acuerdo a las fluctuaciones del mercado, pero la plata nacional se depreció considerablemente, lo cual obligó al Gobierno a fijar el canje de la moneda de plata y la fraccionaria de cobre y níquel a un tipo variable de cinco por uno.
Las negociaciones con la Improvement
Entre las más nefastas herencias de la dictadura se encontraba el de la deuda pública, externa e
interna. A raíz de un acuerdo entre los capitalistas holandeses y norteamericanos todas las acreencias contra el Estado dominicano, así como todos sus derechos y acciones (bonos), pasaron de la Westendorp & Cia. de Ámsterdam a la The San Domingo Improvement of Nueva York, empresa constituida por tres abogados norteamericanos e incorporada por el estado de New Jersey en 1892, con un capital de apenas dos mil dólares y uno nominal de un millón de dólares, constituida con la exclusiva finalidad de explotar millones de dólares sobre la base de la deuda de la república.
Era propietaria del Banco Nacional, del ferrocarril Puerto Plata-Santiago y de la mayor parte de la deuda nacional, avalada por la hipoteca de los ingresos aduaneros. Antes de involucrarse en este negocio la empresa obtuvo la aquiescencia del presidente de los Estados Unidos, Benjamín Harrinson. Esta empresa pasó a cobrar de manera directa las rentas aduaneras del país desde enero de 1893. Un empleado de la misma fungía como administrador de la Caja Recaudadora, revisaba los ingresos y restaba la proporción destinada al pago de los intereses y el capital de los préstamos.
Este hecho representó un hito fundamental en el devenir histórico pues significó el inicio del control absoluto del imperialismo norteamericano sobre la República Dominicana, junto a las grandes inversiones para la producción de azúcar, consolidado luego con las Convenciones de 1905 y 1907. Desde 1890 los Estados Unidos habían modificado su política hacia los países caribeños para desplazar definitivamente del área a los capitalistas europeos amparados en la Doctrina Monroe. Su interés estuvo centrado en controlar las finanzas del país y lograr la estabilidad política por medio de un gobierno estable.
Entre 1893 y 1899, Heureaux, el tirano bancarrotero, como lo llamó Luperón, había concedido las rentas aduaneras en garantía de conversiones, consolidaciones y unificaciones de la deuda y el Gobierno apenas percibía 60,000 dólares mensuales para cubrir los gastos presupuestarios (54 para presupuesto y canje y 6 para reclamaciones y gastos de revolución). Para 1900, la deuda exterior de la república ascendía a una suma aproximada de $21,111,528.93 oro y la deuda interior, liquidada a los tipos de cambio vigentes en las fechas de los contratos o de la emisión de valores, totalizaba $10,126,628.13 plata, mientras las registradas en las cuentas convertidas a oro ascendían a $2,845,550.44.[32] Las deudas externa y las convertidas en oro sumaban, de acuerdo con el cálculo del ministro de Hacienda y Comercio, a $23,957,078.37.
Durante varios meses representantes del Gobierno de Jimenes, en un esfuerzo por restablecer la independencia económica del país, trataron infructuosamente de buscar una solución al híspido problema con la Improvement mediante la concertación de un convenio, pero el vicepresidente de la empresa, Dr. John T. Allbot, mantenía una actitud rígida e inflexible y rechazaba todas las modificaciones al contrato sugeridas por los funcionarios dominicanos y, al mismo tiempo, insistía en que se le reconociera la totalidad de las ganancias obtenidas durante el régimen pasado. En las discusiones iniciales con la empresa participó como representante del Gobierno don Emiliano Tejera pues, como miembro de la comisión asesora del ministerio de Hacienda y Comercio, logró compenetrarse bien de los problemas económicos del país, y de la deuda en particular, lo que le permitió elaborar un contrato que presentó a la empresa extranjera en la primera fase de la conferencia.
El 18 de abril de 1900 el Congreso Nacional, con el voto favorable de trece de veintidós congresistas presentes, aprobó un acuerdo contractual con la Improvement mediante el cual se reordenaba toda la deuda pública dominicana. El primer artículo del contrato redistribuía las rentas aduaneras hasta 1903 por la suma de dos millones de pesos oro americano, lo que representaba un relevante alivio para el erario, pues implicaba una suerte de moratoria al pago de la deuda. La Caja General de Recaudación, o Regie, distribuiría las rentas del modo siguiente: Un 48% para los gastos presupuestales del Gobierno y para el canje de la plata nacional de 1897, el 3% se aplicaría a la propia Caja general de recaudación y el 5% a los apartados especiales.
El cuarto artículo resultó el más controvertido de todos pues la Improvement se comprometía a obtener:
“[...] el consentimiento de los tenedores de bonos para que el pago de los cupones vencidos, hasta el día primero de abril de 1903, se suspenda y capitalice, expidiéndose al efecto un certificado por su correspondiente importancia a cada tenedor, certificado que devengaría un interés a razón de cuatro por ciento al año desde las fechas en que se venzan los cupones”.[33]
Sin embargo, para que el contrato aprobado por el Congreso tuviera fundamento legal, debía contar con la anuencia de los tenedores europeos de bono. Pero los Comités de Amberes y Bruselas, en nombre de la mayoría de los tenedores de bonos del empréstito, rechazaron el acuerdo y revocaron el mandato de representación concedida a la Improvement y demandaron del Gobierno el envío de delegados a Europa para buscar un nuevo arreglo equitativo. La deuda con los belgas sumaba $13,384,493.32.
Con la decisión de los tenedores de bonos europeos se disminuía sustancialmente el poder de la Improvement, la cual, en contubernio con el dictador Heureaux, había firmado diversos contratos privados en desmedro del erario. Ante la decisión de los propietarios de bonos belgas y franceses el activo ministro de Relaciones Exteriores procuró la opinión de los principales intelectuales de Santo Domingo.[34]
Cuando se produjo la ruptura, el Gobierno de los Estados Unidos lanzó también una advertencia a fin de impedir fueran perjudicados los intereses de la Improvement en la negociación con los tenedores de bonos europeos. En realidad, los más perjudicados fueron los pequeños tenedores de bonos, en su mayoría europeos, quienes pagaron en efectivo sus acciones, pues la porción de su dinero que no fue hurtada, “mal apropiada o cancelada con comisiones ridículas, salarios o sobornos, finalmente desapareció en mejoras mal administradas o en peores inversiones, tales como las utilizadas en las preparaciones militares”.[35]
En la mentalidad colectiva se generó un sentimiento de animadversión hacia la Improvement. En el marco de las negociaciones con la entidad, el presidente Jimenes no tuvo empacho en espetarle enérgicamente a Mr. Abbot la repulsión manifiesta en el país hacia la empresa y el imperativo patriótico del Gobierno de finiquitar sus relaciones con ella mediante el uso de cualquier mecanismo. El principal periódico liberal de la época la describía en los siguientes términos:
“Es la tenebrosa Esfinge que llena de pavor a la República y son tan sombríos los perfiles con que se destaca en el porvenir, que inútil sería todo esfuerzo por arrancar de la imaginación popular el miedo que le inspira esa hidra de cien cabezas que amenaza devorar la riqueza pública sumiendo al pueblo en una verdadera mendicidad. Nada escapa a la desmesurada ambición del monstruo. Todo cae en sus fauces, ávidas siempre de engullir cuanto signifique riqueza, cuanto sea oro, cuanto pueda convertirse de uno o de otro modo en pan para el pueblo”.[36]
De acuerdo con el autor de este artículo el pueblo dominicano se hallaba sumido en una profunda miseria mientras “el pulpo” se mantenía indiferente ante sus clamores y, lejos de retroceder en sus ambiciones, oprimía para obtener más ventajas. Mientras aumentaba el hambre, en algunos corrillos se proponía establecer impuestos al arroz. Arredondo sugería la búsqueda de medios para arrancar de las manos a esa compañía el derecho a liquidar de hambre al pueblo o convertirlo en esclavo, principalmente a centros financieros en los cuales la abundancia de capital ofreciera negociaciones más racionales. Además, ponderar detenidamente los contratos y ver sus puntos vulnerables para atacarlos vigorosamente. Para el periodista, el pueblo no debía morir en la miseria y el Gobierno no debía permanecer con las manos cruzadas a merced de las migajas que le proporcione la empresa.
Por la desavenencia entre los tenedores de bonos belgas y franceses con la Improvement, el Gobierno no pudo poner en práctica el tratado de abril de 1900. Entretanto, se movilizó para impedir que la empresa estadounidense perpetrara otras transgresiones al convenio, y al efecto, el 13 de septiembre de 1900 le comunicó que todas las sumas recaudadas a partir del primero de abril de este año debían permanecer en la Oficina Central de la Recaudación hasta que se estableciera si las condiciones fundamentales del contrato habían sido cumplidas, y por consiguiente congelaba las partidas destinadas al pago de los intereses y amortizaciones.
La empresa extranjera desconoció la disposición gubernamental, y como tenía el control de la Caja de Recaudación, ejecutó algunos pagos. Esto compelió al Gobierno, el 10 de enero de 1901, a suspender la Caja y a designar una comisión, integrada por dos funcionarios dominicanos y representantes de Bélgica, Holanda y Estados Unidos, para recibir en depósito las partidas correspondientes al pago de la deuda pública, y le exigió a Mr. Abbott la rendición de cuentas al margen del plazo máximo que fijaba el contrato del 18 de abril.
La aprobación del convenio con la Improvement, sin embargo, permitió mejorar el desempeño económico del Gobierno como lo reconoció el propio Jimenes:
“[…] el Gobierno ha podido regirse por una ley de gastos públicos y cubrir perentorios compromisos, como por ejemplo, las indemnizaciones extranjeras: francesa, americana e italiana; la administración pública ha podido funcionar con bastante amplitud; el servicio público ha sido regular; los empleados han sido pagados religiosamente; el comercio ha cobrado confianza y ha reanudado sus operaciones; el crédito interior y exterior del país y del Gobierno se ha afianzado”.[37]
La ruptura del contrato con la Improvement
En enero de 1901, el Gobierno adoptó la enérgica resolución de negociar directamente con la Improvement y los acreedores europeos, lo cual implicaba asumir la totalidad de las rentas aduaneras de la república y prescindir de la famosa Caja General de Recaudación, acción tildada por el Dr. Henríquez y Carvajal como un “heroico acto de autoridad”, en tanto le retiraba el derecho a la compañía estadounidense de recaudar los derechos aduaneros, para lo cual se basó en que la misma no había obtenido el consentimiento de la mayoría de los tenedores de bonos dominicanos, como lo consignaba el artículo cuarto del contrato. La Caja de Recaudación o Regie operó desde 1888 en virtud de los contratos celebrados por Heureaux con los banqueros Westendorp & Compañía de Amberes, Bélgica, y tenía como misión la fiscalización y recaudación de las rentas de las aduanas dominicanas, labor a cargo de agentes extranjeros de la Improvement.
El artículo segundo de la resolución presidencial designaba una comisión de honorables para “recibir y conservar en depósito los valores que habrán de servir o para el pago de la deuda flotante o para el de los intereses de los tenedores de bonos”.[38] Para el historiador César Herrera la decisión pudo haber representado el principio de “tácticas enérgicas” para la resolución de los graves problemas económicos del país. La impactante decisión del Gobierno motivó la intervención directa de los Estados Unidos en el problema de la deuda, luego de haber rechazado con anterioridad varias solicitudes de los directivos de la Improvement.
El secretario del Departamento de Estado solicitó al cónsul dominicano, Mr. C. L. Maxwell, detalles de la resolución de enero de 1901 dada la decisión de su Gobierno de intervenir en defensa de los intereses de sus nacionales. Esto aceleró la misión a ejecutar por el Dr. Henríquez y Carvajal en Estados Unidos y Europa, y el 25 de marzo de 1901 consiguió firmar un contrato colectivo con los presidentes de las compañías integrantes de la fatídica Improvement. Para el historiador César Herrera esto fue lo mejor que pudo obtener el inteligente emisario dominicano, pues la empresa y sus aliadas aceptaban la anulación del contrato del 18 de abril de 1900 y renunciaban a “todos los derechos y privilegios que le han sido otorgados en las leyes y contratos anteriores a la fecha de hoy”. En el artículo quinto se consignaba claramente que: las empresas “se obligan a rendir al Gobierno dominicano, antes de todo arreglo amistoso y de toda negociación posterior y dentro de un plazo que no podrá exceder de tres meses, a contar de la fecha en que este contrato sea sancionado por los poderes del Estado, todas las cuentas que con él tienen pendientes”.[39]
El sexto artículo desató un cálido debate pues establecía que para el retiro del país de la empresa y las demás compañías se convenía en entrar en negociaciones dirigidas a arreglar “amistosamente”, sobre una base equitativa, todas las cuentas, reclamaciones y diferencias existentes entre las partes. Mientras el séptimo artículo establecía la creación de un tribunal arbitral para decidir las eventuales diferencias que pudieran surgir en el transcurso de las discusiones. Para el historiador César Herrera resultaba “peligroso” dejar la decisión final a una comisión arbitral, bajo la influencia norteamericana, las fraudulentas negociaciones con la Improvement. Pero al mismo tiempo, y de forma muy certera, no veía ninguna hendija escapatoria a la red tendida por el Gobierno de Washington sobre la soberanía nacional.
Una vez finalizadas las transacciones con la Improvement en Estados Unidos, el Dr. Henríquez y Carvajal entabló gestiones con los tenedores de bonos dominicanos en Bélgica y Francia, con quienes concertó un convenio en junio de 1901, aprobado por los diputados el 1º de octubre 1901. Sin embargo, los congresistas festinaron el conocimiento del trascendental acuerdo general con la Improvement y lo rechazaron 17 votos contra 6 en un excitado y conflictivo ambiente. Como se desprende de la lectura de algunos documentos de la época, el Gobierno al parecer no contribuyó a crear un ambiente propicio para la aprobación del proyecto.
La decisión del Congreso lo colocó en una situación difícil pues todos sus ministros dimitieron, aunque luego la retiraron, con excepción del Dr. Henríquez y Carvajal, quien la ratificó el 1º de octubre de 1902, y estuvo presente en la excitada sesión del Congreso junto a Elías Brache. El ilustrado y activo ministro, gestor de los convenios, desplegó una exhaustiva y extenuante labor para solucionar el problema de la deuda externa y probablemente se sintió frustrado e impotente, pues el contrato se formuló correctamente y se consensuó con diferentes sectores y prestantes personalidades del país. Dominado por el desencanto, el doctor Henríquez y Carvajal expuso su convicción de que:
“Ninguna de las gestiones, ninguna de las concepciones, ninguna de las estipulaciones de transacción de las que ha precedido al actual Proyecto de Contrato, entrañaron las reivindicaciones, de todo linaje, que, para honra y provecho del país, resultan obtenidas en aquel instrumento oficial. El proyecto del 25 de marzo es incomparablemente superior, en ventajas para el país, que todos los proyectos que le precedieron; primero porque no tiene una sola concesión que no se hubiese prometido anteriormente a la Improvement; y segundo, además, no deja de anular una sola de las ventajas de que antes fueron pretendidas, y reúne, también, muchas otras nuevas ventajas que jamás se solicitaron ni obtuvieron”.[40]
En una carta dirigida por la letrada Leonor Feltz a Pedro Henríquez Ureña, el 19 de octubre de 1901, deparaba el siguiente testimonio que permite conocer los sentimientos predominantes en esa época post dictadura:
“Como sabrás, el contrato fue rechazado. Para don Pancho ha sido derrota triunfal. Los detalles te probarán la verdad de esa paradoja. La conducta de don Pancho y de Prud’Homme al defender el contrato ha probado que ellos quisieron convencer a la mayoría de las ventajas del contrato, nunca hacerlo pasar a todo trance. Su no aprobación se debió, sin embargo, entre otras cosas, a miras de carácter político. Este es un período de ambiciones desmedidas, de deslealtad, de inconsecuencias”.[41]
El veto al Contrato contravino los designios de Jimenes de restablecer la perdida autonomía fiscal, además de ser el más ventajoso de cuantos se habían propuesto para solucionar el problema con la Improvement. Pero el mismo no fue suficientemente debatido en el Congreso y reputadas voces, como las de Emiliano Tejera, lo boicotearon cuando lo ponderó como “peligroso” y “amenazador” a los intereses de la patria. Este segundo contrato encontró también el repudio de la opinión pública de la época que percibía a esa empresa como una de las instituciones fundamentales del despotismo lilisiano. En el fragor de los debates algunos sectores abogaban por que se le exigiera a la empresa extranjera una rendición de cuentas de los inmensos caudales monetarios manejados por la Hacienda Pública hasta ese momento.
En el rechazo al Convenio intervinieron fuerzas políticas adversas al régimen vinculadas al vicepresidente Horacio Vásquez, pues ya desde esta coyuntura empezó a concretizarse la oposición entre jimenistas (bolos en el futuro) y horacistas (coludos), situación aprovechada por la Improvement para incrementar sus exigencias y viabilizar el protectorado del imperialismo yanqui. Para Eugenio Deschamps en el rechazo del Convenio incidió “el radicalismo de las honradas convicciones” asumidas por Henríquez y Carvajal, a quien los horacistas querían eclipsarlo pues se proyectaba como el más importante candidato a la presidencia.[42]
Para César Herrera la crispada polémica suscitada por el contrato con la Improvement sentó las bases para la caída de Jimenes, pues el fondo de la discusión subyacía un sentimiento político partidista que daría lugar a una candente avalancha sobre todo el país.[43] Finalmente, el Gobierno envió una comisión al exterior a concertar un arreglo con las compañías americanas y un modus vivendi con los acreedores europeos, con la propuesta de que estos recibieran con regularidad los intereses correspondientes a sus títulos y difiriendo la amortización de la deuda. Asimismo, se logró separar a la república de la coyunda de las compañías extranjeras.
Las rebeliones contra el Gobierno
A los problemas económicos que mantenían atenazado el Gobierno de Jimenes se le sumaron la ocurrencia de varias rebeliones en el país. Se verificó una insurrección organizada por el diputado Carlos Alberto Mota, antiguo lilisista, a quien apresaron por complicidad el 16 de octubre de 1899, por disposición de Jimenes, sin la autorización del Congreso. A Mota lo liberaron el 29 de noviembre de ese año, pero a varios de los sujetos implicados los mantuvieron en prisión más allá del plazo de las cuarenta y ocho horas establecidas por la ley. El 4 de marzo de 1900 el caudillo lilisista Pedro Pepín, Perico, gobernador de la provincia de Santiago entre 1890 y 1899, también se levantó en armas en su finca La Emboscada de esa ciudad, pero las fuerzas militares y los cuerpos de reservas, o “asignados”, lograron sofocar la misma. Pepín se acogió a las garantías del Gobierno y luego un tribunal lo condenó. Posteriormente, y por solicitud de un grupo de ciudadanos de Santiago, Jimenes indultó a Pepín.