Introducción
A principios del año 1694 surgió una controversia entre el convento de Santo Tomás, de la Orden de Predicadores, y el gobernador y capitán general de Puerto Rico, Gaspar de Arredondo. El motivo fue una cédula expedida por el rey Carlos II en la que ordenaba que se les otorgase a varios conventos de la Provincia Dominica de Santa Cruz de Indias de la mencionada Orden unas limosnas de aceite y vino para la celebración del culto divino. Las limosnas se entregarían con la condición de que estos conventos hayan “sido erigidos con las licencias [reales] necesarias”.[1] Entre estos conventos, se encontraba el de Santo Domingo de Porta Coeli, ubicado en la villa de San Germán de la mencionada isla. Al encontrar que el convento sangermeño no contaba con licencias de fundación, Arredondo decide investigar si estas se encontraban en los “libros” o archivo del convento de Santo Tomás.[2]
Fray Francisco Gutiérrez, prior del convento, respondió al requerimiento alegando que el gobernador no era “juez incompetente” en ese tipo de asuntos. Esto será suficiente para que Arredondo comience una serie de intercambios conflictivos con los dominicos: el primero, citando varias leyes, cédulas y tratados para hacer valer su posición como vice patrono de la Iglesia local y, los segundos, negando con firmeza la potestad del gobernador para fiscalizar sus asuntos pastorales y financieros.
El 8 de octubre de 1694, el gobernador hizo comparecer a tres vecinos de la ciudad de San Juan de Puerto Rico para que dieran testimonio de la solvencia del Convento Dominico de Santo Tomás de Aquino. En su intento por demostrar que los dominicos no necesitaban las limosnas reales, adjuntó sus declaraciones en la carta que enviaban al rey don Alonso de Espinosa Lascevo y Olivos, alcalde ordinario de la ciudad de San Juan; don Gaspar de Olivares, dueño del ingenio San Antonio en la ribera del río Bayamón; y don Pedro Múxica, testifican que el convento dominico tenía capital y varias propiedades agropecuarias en sus manos.[3]
En este ensayo se analizarán las formas de ingreso de un convento caribeño colonial, el de Santo Tomás de la ciudad de San Juan de Puerto Rico, perteneciente a la Orden Dominica, así como algunos aspectos generales de su economía. La Orden de Predicadores, llamada “Dominica” en honor a su fundador, Domingo de Guzmán (1171-1221), fue establecida en 1215 en el sur de Francia y aprobada por el Papa Honorio III en diciembre de 1216.[4] Adoptando la regla de San Agustín, estableció un tipo de orden religiosa que integraba los “tres tipos de estilos de vida” del clero: dedicación a los estudios, como el clero secular; el rezo del Oficio Divino, como los canónigos, y la vida conventual, como los monjes. Desde entonces, se han conocido como una “orden mendicante”.[5]
El mendigar para su sustento y viajar largos tramos para la predicación fueron características, tanto de dominicos y franciscanos, como agustinos, carmelitas y mercedarios. Con el tiempo, las órdenes tendrán sus propias evoluciones y reinterpretaciones de la vida mendicante. Por tanto, la limosna formó parte medular del ingreso de los frailes dominicos en Puerto Rico. No obstante, no fue la única entrada de dinero al convento. ¿Qué otras fuentes de ingreso mantenían los frailes? Al poseer propiedades y capital, ¿dejaron de ser mendicantes? ¿O es, más bien, la administración del dinero lo que determina si se cumple o no con el voto de pobreza?
Aspectos historiográficos y metodológicos
En su obra acerca de la Orden de Santo Domingo de Guzmán en La Habana, el historiador cubano Edelberto Leiva Lajara enumera tres formas de ingreso de los conventos dominicos de Cuba: “el capital a rédito, propiedades urbanas y propiedades rurales”.[6] Si bien la economía mercantil y colonial de la vecina isla se encontraba mucho más desarrollada que la puertorriqueña y el Convento de Predicadores de La Habana contaba con muchas más propiedades y capital, dos de estas tres, el capital a rédito y las propiedades, formaban parte del grueso de los ingresos del convento sanjuanero. Del mismo modo, las capellanías de los presidios militares de San Juan de Puerto Rico, La Habana y Santo Domingo eran ostentadas por sus respectivos conventos dominicos desde 1619.
Asimismo, Leiva acentúa que el capital de la Orden Dominica en Cuba se originó, se mantuvo y creció gracias a los nexos sociales y familiares que mantenían los frailes con los vecinos. Esto también, con sus matices particulares, aplica en el análisis de la economía de la Orden en Puerto Rico. Explica el historiador que la Orden de Predicadores es:
Una orden establecida en la Isla [...] cuya evolución la convirtió en una entidad esencialmente criolla, no solo por ser este el origen de la inmensa mayoría de sus miembros, sino por la identidad de intereses –sociales, económicos, culturales– que los vinculaba de modo orgánico a la sociedad criolla colonial, como parte de esta y no como un simple agregado”.[7]
La metodología, argumentos y acercamiento historiográfico de Leiva son los que inspiran este trabajo, debido, en parte, a que la historiografía puertorriqueña carece de estudios similares sobre los conventos de Puerto Rico. Como se mencionó, la capital cubana tendrá una población y desarrollo mayor que el de Puerto Rico. Sin embargo, junto a Santo Domingo, La Habana es el escenario más comparable, por tratarse de un entorno insular, antillano, militar, y donde la economía agropecuaria sustituyó a la minera en la segunda parte del siglo XVI. La tesis y análisis de Leiva sobre la relación cercana entre las élites, el cabildo habanero y otros miembros de la sociedad con el convento, así como los bienes de la orden, la adquisición de algunos y su significado socioeconómico para la orden son aplicables, con sus particularidades, a la menor de las Antillas Mayores.
Para comprender la evolución de las propiedades ganaderas y agrícolas, la historiografía puertorriqueña cuenta con sendas obras del historiador Francisco Moscoso. En El Hato: latifundio ganadero y mercantilismo en Puerto Rico, siglos 16 al 18, Moscoso evalúa las relaciones entre la economía ganadera, el latifundio hatero con el poder económico, político y social en el Puerto Rico colonial español.[8] De igual forma, analiza los entramados socioeconómicos del ingenio azucarero mercantil en Agricultura y sociedad en Puerto Rico, siglos 16 al 18: Un acercamiento desde la historia.[9] También, la obra de Luis Burset sobre el siglo XVII ofrece una mirada abarcadora y bien documentada a la historia social, política, económica de esta centuria.[10]
La presente investigación sobre las propiedades y formas de ingreso de la Orden de Predicadores en Puerto Rico pretende comprender cómo estas otorgaron al convento dominico una posición socioeconómica preponderante en la ciudad y la Isla, así como las interacciones, relaciones y conflictos que generaron con obispos, gobernadores y otros vecinos.
Formas de Ingreso del Convento Dominico de Santo Tomás de Aquino
Domingo concibió una orden de “frailes” (del latín fratum, hermano) que estudiaran arduamente, vivieran en común en un convento, y llevaran vida apostólica de pobreza, obediencia y castidad con un propósito principal: la predicación para la salvación de las almas.[11] Las Constituciones, redactadas en 1220, exponen el ideal de vida perseguido. En la misma, Domingo incluyó la prohibición de tener propiedades e ingresos. En 1228, esta disposición se reafirmó bajo el sucesor de Domingo, el Maestro General Jordán de Sajonia, con la condición de “irrevocable”. Sin embargo, a petición del Capítulo General de la Orden en 1474, el Papa la abrogó.[12]
Por lo tanto, al momento de la fundación del convento dominico en la ciudad de San Juan, que coincide con el proceso de mudanza de la ciudad a la Isleta entre 1519 y 1522, la orden podía recibir y adquirir propiedades, además de limosnas. Es la institución conventual, no los frailes individuales, la que estaba autorizada a poseer bienes. El convento es, ante todo, una comunidad; por esto también se le conoce como cenobio, proveniente del término compuesto griego koinobion, es decir, “vida en común" (koinos, “en común”; bíos, “vida”). Como los bienes adquiridos son propiedad común, los frailes no infringen su voto de pobreza.
El convento fue recipiente de dos tipos de limosnas: las reales, concedidas por la Corona, y las particulares, entregadas por vecinos y moradores de la ciudad y la isla. La cantidad de las limosnas dependía de la política económica de la Corona española y de la solvencia de los habitantes de la isla. Las limosnas reales se otorgaron en su mayoría, si no todas, por súplicas a la Corona. Lo que establece Paul Hoffman sobre las inversiones de la monarquía hispánica en obras de fortificación, aplica para las obras religiosas: “El dinero [del rey] era suyo, para utilizarlo como la tradición, el interés dinástico y el paternalismo le sugiriera”.[13] Por tanto, la estrategia era “convencer a la Corona” de que, “tanto el monarca como sus súbditos, obtendrían algún beneficio, ya sea material, moral, o prestigioso” al invertir en la construcción o mantenimiento de una obra.[14] Siguiendo esta lógica, fueron numerosas las peticiones de limosnas reales por parte del convento dominico de Santo Tomás, intentando visibilizar sus necesidades frente a la parsimonia real.
La primera limosna documentada fue concedida por Carlos I en noviembre de 1522. En ella donaba al convento 50,000 maravedís, o 111 pesos, “de las penas de cámara”, o multas, para la obra, lo que Francisco Moscoso considera “una mezquindad”.[15] Ya entrado el siglo XVII, luego de haber sido vandalizado e incendiado durante el ataque del corsario holandés Boudewijn Hendrijks (Balduino Enrico) a Puerto Rico en 1625, Felipe IV concede una limosna de “arroba y media de vino cada año para cada religioso sacerdote y el aceite que fuere necesario para una lámpara que arda en la iglesia” para “alumbrar el Santísimo Sacramento”.[16] Esta limosna, otorgada por primera vez en 1635, fue prorrogada cada seis años a partir de 1641. En la petición de 1646, los frailes hacen hincapié en la “pobreza” del convento y la ciudad, y de la necesidad de limosna por los gastos habidos en el establecimiento del noviciado, recurriendo a la estrategia de convencer al rey que su limosna sería beneficiosa.[17] Hasta el gobernador de Puerto Rico, Fernando de la Riva Agüero, intercede por los dominicos, explicando que el convento “tiene más de doce sacerdotes y tres legos y ahora se ha acrecentado con la fundación de casa de novicios, con que ha crecido el gasto del sustento”.[18]
En el caso de las limosnas particulares ocurre lo contrario. En el catolicismo, las limosnas, sus propósitos y recompensas se consideran medulares desde el inicio del cristianismo, por su origen en la práctica religiosa judía. No obstante, la cosmovisión que imperó desde la Reforma Protestante y la Contrarreforma, que tuvo su clímax en el concilio de Trento (1545-1563), afianzó la valoración de las limosnas y las obras piadosas en general. Mientras Lutero y los reformadores hacían hincapié en la “justificación solo mediante la fe” (sola fides), el catolicismo reafirmó la doctrina de la “justificación mediante la fe y mediante la buena obra”.[19] La “justificación mediante la buena obra”, de acuerdo con la visión católica tridentina, podía cumplirse a través de las obras pías, que incluían donaciones de dinero y propiedades, así como las capellanías y los censos.[20]
Una capellanía es una donación “para la celebración perpetua de misas en sufragio” por el alma de la persona donante una vez fallecida.[21] La condición de perpetuidad es la que garantiza que la comunidad dominica reciba constantemente ese ingreso. Por ejemplo, hasta la desamortización[22] y enajenación de los bienes del convento en 1838, se seguían celebrando misas por el eterno descanso de don Juan de Rivafrecha, quien fue canónigo de la catedral a finales del siglo XVII. Los dominicos celebraban misas por su eterno descanso el día de Nuestra Señora de Belén (3 de enero), por Nuestra Señora de los Dolores en abril y el día de San Juan Bautista, patrono de la capital puertorriqueña (24 de junio). Asimismo, doña Andrea Calderón, miembro de una de las familias más poderosas y ricas de la isla, fundó dos capellanías para que se celebrara misa por su alma todos los jueves del año.[23]
El censo, por su parte, es definido por el Diccionario de Autoridades de la Real Academia Española como “el derecho de percibir cierta pensión anual, cargada, o impuesta sobre alguna hacienda, o bienes raíces que posee otra persona: la cual se obliga por esta razón a pagarla”.24 Es algo similar a una hipoteca moderna. La persona consignaba un censo en una propiedad suya a favor del convento, pagando así el convento una cantidad determinada, llamada “principal”, a dicha persona. A su vez, la persona propietaria debía pagar anualmente un porciento del principal del censo por cierta cantidad de años o hasta que la persona o sus herederos decidieran pagar el total y saldar, o “redimir”, el censo. Los pagos anuales a la larga superarían el préstamo original, lo que resultaría en ganancia, o réditos, para el convento.
Hay que aclarar que no se podía cobrar interés sobre el principal; de lo contrario, la comunidad conventual cometería el pecado de la usura.25 De acuerdo con la historiadora Kathryn Burns, la persona “no toma un préstamo, sino que le vende [al convento] el derecho de recaudar un pago anual”, mientras el convento “no le presta dinero con intereses, sino que compra el derecho de recibir su ingreso anual”, por un precio determinado.26 El fraile dominico y filósofo económico fray Tomás de Mercado, citado por Burns, expuso que cobrar interés por el tiempo en que el dinero es prestado es considerado pecado porque, al ser “estéril”, este no puede reproducirse y generar más dinero. Sería una dinámica contra natura, es decir, contraria a la ley natural que defendía el principal teolólogo dominico, Tomás de Aquino, siguiendo los postulados de Aristóteles.27 El cobrar una
Hernandez Ruigómez, Ob. cit., 323-335. El documento original se puede consultar en el Archivo Histórico Nacional (AHN), Ultramar, legajo 1221, expediente 9, documento 7º. Se encuentra digitalizado en PARES.
24 “Censo”, Diccionario de Autoridades…, Tomo IV (1734). https://webfrl.rae.es/DA.html.
25 Kathryn Burns, Colonial Habits: Convents and the Spiritual Economy of Cuzco, Peru. (Durham and London: Duke University Press, 1999), 63-65. 26 Burns, Colonial Habits…
27 Burns, Colonial Habits…
porción anual del principal no infringía esta norma. De esta forma, la persona propietaria poseía liquidez para alguna inversión necesaria, mientras el convento percibía ingresos a través de los réditos. Burns llama a este fenómeno “economía espiritual”,[24] lo cual se explica por:
la inextricabilidad de lo material y lo sagrado, remitiendo al antiguo sentido de la economía como el manejo de la casa (del griego oikos) y a los objetivos que orientan dicha actividad. Así, los conventos y monasterios de la modernidad y contemporaneidad temprana van a sustentarse principalmente de la economía espiritual.[25]
En una carta de 1627, el prior fray Alonso Calderón narra la condición del convento y sus finanzas tras la invasión holandesa de 1625 y el paso de una fuerte tormenta el año siguiente. En ella expresa que, tras el incendio iniciado por el corsario en la ciudad, se habían “caído y quemado muchas casas en que tenían impuestos algunos tributos”.[26] En el testimonio ordenado por el gobernador Arredondo en 1694, el testigo Pedro Múxica afirma que “en esta ciudad tiene dicho convento diferentes censos en las casas y haciendas de los vecinos de ella; y que ha oído decir que cobran algunos de sus réditos”.[27] Por su parte, el alcalde ordinario Alonso de Espinosa añade que “aunque el día de hoy con los atrasos que padece esta república no se pagan tan bien los réditos como solían, no se dejan de pagar algunas cantidades, con que se alimentan sin haber menester pedir limosna”.[28] Esto demuestra que, aún si se presentaban contratiempos, los censos eran una de las fuentes de ingreso medulares para el convento.
Es necesario hacer la salvedad de que los declarantes, como era común en este tipo de procesos, pudieron exagerar o magnificar el poder económico del convento.[29] Espinosa, muy probablemente, tomó esta acción como una afrenta a la honra de su puesto y persona. Al momento de testificar, declaró que el convento “[ha] sido y es muy acomodado porque además de tener la mas parte de esta ciudad y sus casas muchos tributos que le contribuyen con sus réditos”, incluyendo propiedades suyas.[30] La situación es la misma con los otros declarantes. Por tanto, hay intereses encontrados y debemos ser cautelosos a la hora de evaluar lo que alega una y otra parte. Lo que tenemos claro es que el convento poseía capital que contribuía significativamente a su sustento.
Las propiedades rurales del convento
El testimonio de los tres vecinos citados por el gobernador Arredondo, así como otros documentos consultados, evidencia que la Orden contó con los tres tipos de propiedad rural o agraria: estancias, hatos e ingenios. En la última década del siglo XVII, el convento tenía posesión de dos hatos “de ganado mayor” y una estancia de labrar casabe en la boca del río Grande de Loíza.[31]
Sobre la estancia de casabe, declara Alonso de Espinosa que es “la más cuantiosa que hay en dicha ribera”.[32] El hecho de que los dominicos hayan poseído grandes extensiones de tierra en el río Grande de Loíza es indicativo de su poder económico si se tiene en cuenta que es río el más caudaloso del país. Juan Ponce de León II, nieto del conquistador de Puerto Rico, y el bachiller Antonio de Santa Clara detallan en su Memoria de 1582 que este río fue una de las mayores fuentes de oro y que, para dicho año, contaba con muchas haciendas y varios ingenios.[33] Precisamente Ponce de León II, de acuerdo con Salvador Brau, donó “un hato de dos leguas en Loíza” a los frailes “a cambio del patronato de la capilla [mayor]” de la iglesia conventual por el enterramiento de su abuelo alrededor de 1559.[34]
Pedro Muxica menciona que “inmediato” de la estancia de casabe, los dominicos cuentan con un hato de ganado mayor.[35] Este se encontraba, precisamente, en Cangrejos Arriba. Su ubicación exacta se conoce gracias al plano de la ciudad de San Juan y sus alrededores que delineó el ingeniero Tomás O’Daly en 1776.[36] En el plano se le denomina “Hato de los Padres Dominicos”. Este hato, al igual que los terrenos de Loíza, será desamortizado, es decir, expropiado por la Real Hacienda y fraccionado en lotes para la venta.[37] Asimismo, el convento es el propietario de otro hato de ganado mayor llamado San Antón. Burset explica que este hato “quedaba a media legua del hato de Calderón de la Barca en Cangrejos, que ocupaba de Miramar y Santurce hasta Isla Verde”.[38] En un motín de soldados de la plaza de San Juan, ocurrido en 1691, los sublevados llegaron al “[h]ato de San Antón, que es del Convento de Santo Domingo del Orden de Predicadores de esta ciudad” desde el hato del Capitán Diego Ximénez de Villarán, llamado La Compaña.[39]
La ubicación del hato la conocemos por un mapa de Puerto Rico elaborado en la década de 1770, durante la gobernación de Miguel de Muesas.[40] En él se señala “La Compaña” en la ribera occidental del río Grande de Loíza, al lado opuesto del otrora pueblo de Trujillo Bajo. Justo hacia el oeste, se encuentra el barrio San Antón. Es lógico pensar, entonces, que el hato de los dominicos se encontraba en dicho barrio de San Antón. Esto lo confirma su cercanía al lugar donde se encontraba La Compaña.[41]
Francisco de Olivares declara que el convento tiene parte en un ingenio de su propiedad, llamado San Antonio, ubicado en la ribera del río Bayamón; Espinosa y Múxica lo afirman. El total de los censos montaba “seis mil pesos poco más o menos” de los que cobraban 250 a 300 pesos en réditos. Sin embargo, el mismo Olivares admite su deuda con los frailes “por estar dicho ingenio deteriorado, les acude con lo que puede de cuenta de los réditos que tocan a dicho convento… porque hay otros acreedores a dicha hacienda”.[42] De su propio testimonio se desprende que el ingenio de Olivares tenía varios censos y que no pagaba todos los réditos a tiempo. Para 1659, este ingenio contaba, entre otras cosas, con “casa de vivienda, de madera y paja, casa de molienda…casa de purgar…y siete cañaverales”.[43]
De acuerdo a Juana Gil-Bermejo García, los dominicos compraron el 17 de julio de 1704 el ingenio San Antonio, que ya estaba en manos del cabildo de San Juan. El ingenio fue apreciado en 11,677 pesos, “comprometiéndose a pagar los dominicos 600 pesos anuales –principal y réditos– al Cabildo ofreciendo como garantía todos los bienes de la comunidad hasta la rendición del censo”.[44] Lamentablemente, desconocemos los datos del desempeño y rentabilidad del ingenio en manos del convento. Lo que sí podemos afirmar es que contaban con capital para invertir en la industria azucarera a principios del siglo XVIII.
El Convento Dominico y el Presidio Militar de Puerto Rico
Otra de las relaciones directas entre el convento dominico puertorriqueño y la población fue la que formó y mantuvo con el presidio militar.[45] Los Padres Predicadores estuvieron a cargo de las capellanías del presidio, conocidas también como castrenses. A través de los frailes de Santo Domingo, la iglesia católica hispano-portorriqueña llevaba a cabo su labor pastoral con los militares. Esta relación espiritual y económica entre los dominicos y los soldados se estableció por medio de una merced que les concedió el rey como Patrono eclesiástico y jefe supremo de las milicias. Posteriormente se reforzó con otros acuerdos entre el gobernador, el presidio y el convento. Los frailes defenderán con ahínco estas mercedes, responsabilidades y acuerdos cuando, desde diferentes frentes, se les pretenda despojar de ellas.
En 1619, mediante real cédula con fecha del 20 de septiembre, el rey Felipe III les concedió a los conventos de La Habana y San Juan de Puerto Rico las capellanías de sus respectivos presidios militares. Esta merced se otorgaba a la Provincia de Santa Cruz de Indias de la Orden de Predicadores “en remuneración del Convento de Monte de Plata que se demolió por mandado de Su Majestad” en que “perdió dicha Provincia cantidad grande y atraso considerable”.[46] Según la cédula referida, los edificios del convento tenían un valor de “más de cincuenta mil ducados”.[47] Añade el texto de la cédula que, de acuerdo con los frailes:
el dicho convento perdió asimismo con esto la renta y tributos que tenía según diferentes personas, casas, hato y estancias que serían hasta doscientos ducados de renta cada un año como constaba de ciertos recaudos […] suplicándome atento a ello mandase se le diese alguna recompensa equivalente con que la dicha Provincia y conventos de ella pudiesen remediar parte de sus grandes necesidades.[48]
La Provincia Dominica de Santa Cruz solicitó al rey que “las capellanías de los Presidios de la gente de guerra de la Ciudad de La Habana y la de San Juan de Puerto Rico se provean en religiosos de los conventos de la dicha Horden de las dichas ciudades”, lo que concedió por la referida cédula. De esta manera, los religiosos del Convento de San Juan de Letrán de La Habana, se convirtieron en los capellanes de ese presidio, y los del de Santo Tomás de Aquino, del de Puerto Rico. Justo antes del nombramiento de los dominicos en 1619, se desempeñaba como capellán del presidio militar el sacerdote secular, o diocesano, Gregorio de Luyando.[49]
Entre los deberes de los capellanes se encontraba el celebrar misa con los soldados en el Castillo del Morro y en La Fortaleza, administrar los sacramentos a los militares enfermos en el Hospital de Santiago y servirles de apoyo espiritual en caso de batalla. Esto último se evidencia cuando fray Antonio de Rojas, entonces prior del convento, fue quien “solo entró en el Morro… para confesar, que como animoso nos quedó de tantos eclesiásticos como había, y fué de muy gran consuelo para las necesidades y riesgos de la vida…”.[50]
En enero de 1639, el gobernador Iñigo de la Mota Sarmiento, como capitán general de las milicias de Puerto Rico, propuso dos acuerdos o “concordias” entre estas y el Convento de Santo Tomás. En ambas reuniones se encontraban presentes don Iñigo, junto al sargento mayor, don Juan de Ayerra Santa María; los capitanes don García de Torres y Pedro Zarzuelo de Arévalo; los “alférez y sargentos, [y] la Infantería que sirve a Su Majestad en este Presidio, con sus armas y banderas”. De parte del convento se encontraban el prior, fray Pedro Lorenzana, y el suprior, fray Francisco Peraza. Para estos acuerdos económicos era necesaria la presencia del contador de la Real Hacienda, don Juan de Valdés.[51]El primero de estos acuerdos, con fecha del 3 de enero, concernía a la reconstrucción de la capilla de la Virgen del Rosario en la Iglesia conventual de Santo Tomás. Los ejércitos hispánicos profesaban especial devoción a la advocación mariana de Nuestra Señora del Rosario después de la victoria cristiana en la Batalla de Lepanto contra las fuerzas navales otomanas en 1571. Dentro del imaginario social hispano del siglo XVII la Virgen del Rosario representaba, entonces, las victorias del ejército por su intercesión y la victoria final de la monarquía católica sobre los estados protestantes y musulmanes. En el mundo colonial implicaba, además y en consecuencia, la derrota de los Estados enemigos de España que ya comenzaban a asentar colonias definitivas en el Caribe. La reconstrucción de la Capilla del Rosario significaba una muestra pública de devoción y agradecimiento, así como una obligación moral por parte de los militares. Para este efecto, De la Mota Sarmiento, con el aval de la Infantería, ordenó al contador don Juan de Valdés que “cargue en las listas reales de su cargo de la Infantería que sirve a Su Majestad en ese Presidio, a cada oficial y soldado”, incluyéndose, “la décima parte que tubiere de sueldo en un año”.[52] De igual forma, se comprometían a celebrar la fiesta de la Virgen del Rosario, también conocida como “La Naval” por la mencionada victoria de Lepanto, el 7 de octubre.
El otro acuerdo entre la Infantería y el convento fue el enterramiento de los militares difuntos de todos los rangos en ella. Fue uno de los propósitos por el que costearían la reedificación de capilla del Rosario. Los gobernadores y capitanes generales tendrían también este derecho a sepultura, siendo el mismo don Iñigo el primero sepultado en la cripta de la capilla. En la reunión en la que se formalizó este acuerdo participaron, además de los mencionados arriba, el cabildo de la Catedral de San Juan. Esto se debía a que la iglesia catedral, “como matriz y parroquia”, era la responsable de celebrar los servicios funerarios, así como de sepultar los difuntos en su atrio-cementerio. No obstante, la persona podía elegir ser enterrada en otra iglesia, convento o ermita dentro de la jurisdicción de su parroquia. Teniendo esto en cuenta, se acordó que todos los miembros de la Infantería fueran enterrados en la capilla de la Virgen del Rosario del Convento Dominico, excepto si estipulaban por testamento el deseo de ser enterrados en otra iglesia y que a la parroquia de la catedral se le pagaran por derechos cien reales de plata. También se obligaba la catedral a llevar “cura y sacristán con cruz alta y quatro [acompañantes]” en los entierros.[53] De ese modo, de acuerdo a la cosmovisión católica medieval y contra reformista, los cuerpos difuntos de los militares estarían custodiados bajo el altar, bajo la protección de la Virgen María en la advocación de Señora del Rosario y de los constantes sufragios y oraciones de los frailes dominicos por el descanso eterno de sus almas. Igualmente, las memorias pías que pudieran fundar los militares representaban ingresos a la comunidad conventual, recibiendo esta última una cantidad de dinero para celebrar misas en días establecidos rogando por el eterno descanso de aquellos.
Leiva Lajara indica que, en el convento de La Habana, también recipiente de la merced de las capellanías castrenses, fue también la última morada de decenas de militares; entre ellos se encontraba don Juan de Amézquita y Quijano, uno de los héroes de la batalla contra los holandeses en San Juan en 1625. Amézquita fue nombrado posteriormente gobernador de Cuba, donde falleció en 1632. También señala que además de servir a las fortalezas habaneras, los dominicos de San Juan de Letrán “servían la capellanía castrense del castillo de San Carlos de Matanzas”, ciudad al este de La Habana.[54] Como hemos visto, las capellanías castrenses eran una fuente estable de ingresos para el convento.
El gobernador de Puerto Rico, José de Novoa y Moscoso, quiso reducir en 1659 el pago de los derechos a la catedral de cien a treinta reales de plata. El cabildo eclesiástico protestó al rey, quien mediante cédula ratificó el acuerdo entre los dominicos y el presidio, y ordenó a Novoa no alterarlo. No obstante, la confrontación más grave entre los dominicos y el gobierno tendría lugar años más tarde, entre 1672 y 1674. El entonces gobernador Gaspar de Artega y Aunaovidao recibió una de dos cédulas del 5 de agosto del año anterior donde el rey les ordenó a este y al obispo investigar conjuntamente la conveniencia de construir un hospital militar, con capellán secular y un cementerio para los soldados. Sin esperar la llegada del obispo nombrado, fray Bartolomé García de Escañuela, el gobernador nombró capellán para el hospital al clérigo Juan Gómez de Govantes. Esto ponía en juego esta nueva fuente de ingresos.
Como era de esperarse, los dominicos pusieron el grito en el cielo. Fray Pedro García, el suprior in capite del convento, escribió a Arteaga que, por merced real, desde 1619 “siendo las mercedes remuneratorias y satisfactorias [por la demolición del convento de Puerto Plata] no se pueden revocar en manera alguna que ante todas cosas se satisfaga el menoscabo y daño por cuya causa se motivaron”.[55] En su argumento, también adjuntó los “acuerdos” sobre la cofradía y el enterramiento de los militares en la Capilla del Rosario.
El 6 de marzo de 1672 la comunidad conventual de Santo Tomás apeló a la Real Audiencia de Santo Domingo, otorgándole un poder a fray Baltasar de Villafañe, fraile del Convento de Santo Domingo de la Española para que realizara las diligencias pertinentes. Villafañe consiguió que la Audiencia despachara una provisión para que el gobernador no “despojase” a los dominicos de Puerto Rico de las capellanías militares. Esto no frenó a Arteaga, quien continuó con un trato áspero hacia los dominicos.[56] En 1673 los frailes se quejan nuevamente, esta vez mediante carta a la reina regente, Mariana de Austria.[57]
Finalmente, el 6 de julio de 1674, la reina, con la determinación de la Junta de Guerra, envió una cédula al gobernador ordenándole que se “restituya al Convento de Santo Tomás de Aquino [de la ciudad de San Juan de Puerto Rico] en la posesión que ha tenido de servir las Capellanías de ese Presidio”. Asimismo, lo reprendió por la falta de respeto a la Orden de Santo Domingo “frente” a los soldados.[58] Esta controversia y su desenlace sirvieron para confirmar la merced de las capellanías militares a los dominicos y como precedente para la capellanía del nuevo Batallón Fijo que se conformaría en 1790.
Economía de contrabando
Las limosnas y los negocios no siempre fueron suficientes, por lo que en ocasiones se recurrió al comercio ilegal. En 1690, el sacerdote Luis de Sanabria acusó a varias personas de participar en comercio con enemigos de España. Este testimonio evidencia la participación de los frailes en la economía clandestina, al menos, a finales del siglo XVII. Fray Andrés Martínez y fray Alonso de Brito fueron acusados de involucrarse, a nivel personal, en el comercio ilegal. Esto provocó que el rey Carlos II ordenara al provincial de la Orden Dominica que los castigase.[59] En el caso contra Baltasar de Andino, sobrino del gobernador Gaspar Martínez de Andino, acusado de contrabando, relució que Andino utilizaba los animales de carga del convento para transportar mercancía introducida ilegalmente.[60] Los dominicos, como la mayoría de los habitantes de Puerto Rico en los siglos XVII y XVIII, participaron del comercio irregular, tanto por necesidad como por beneficio.
Conclusión
Los conventos masculinos y femeninos en Europa y el mundo colonial, incluyendo a Puerto Rico, se integraron a las dinámicas económicas de sus respectivas locaciones. Aunque no les estaba permitido poseer propiedades a título personal, el cenobio sí podía poseerlas como institución colectiva. En esta distinción estriba su cumplimiento con el voto de pobreza establecido en sus constituciones. Por tanto, los frailes continuaban siendo mendicantes porque administraban el dinero de manera colectiva, para sustentar su obra evangelizadora, y no con fines de lucro personal.
Los ingresos obtenidos por medio de las limosnas reales, el “capital espiritual”, un ingenio, una estancia y dos hatos ganaderos le permitió a la comunidad dominica sustentarse y superar a las diversas crisis que enfrentó la isla a través de tres siglos. El convento vivió los mismos éxitos, retos y desastres que los demás terratenientes. Todo esto los hace partícipes activos en una economía criolla particular y les otorgó una posición preponderante en la ciudad y la isla: contribuían, mediante los censos, a inyectar capital a la economía agropecuaria, y las capellanías militares los unieron espiritual, social, y económicamente con los soldados de una ciudad completamente militarizada. En fin, los frailes, aún desde el claustro, también eran vecinos de la ciudad de San Juan y la isla de Puerto Rico.