Revista ECOS UASD, Año XXXII, Vol. 2, No. 30, julio-diciembre de 2025. ISSN Impreso: 2310-0680. ISSN Electrónico: 3117-261X • Sitio web: https://revistas.uasd.edu.do/

Crisis política y arbitraje de la OEA en Santo Domingo, 1961-1966

Political Crisis and OAS Arbitration in Santo Domingo, 1961-1966

DOI: https://doi.org/10.51274/ecosuasd.v2i30.pp85-110

  Historiador y educador dominicano. Licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y profesor titular de la misma. Posgrado en Ciencias Sociales con Especialidad en Relaciones Internacionales para el área del Caribe, ofrecido por la FLACSO y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). Egresado del programa de Maestría en Estudios del Caribe, auspiciado por el Instituto de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y por la UASD. Diplomado en Estudios Avanzados por la Universidad de Servilla. Miembro correspondiente nacional de la Academia Dominicana de la Historia. Colaborador de las revistas Clío, EcosUasd e Historia, y el periódico digital Acento.com, así como de [email protected]  Email: [email protected] . Orcid: http:/orcid.org/0009-0004-6914-7841

Recibido: Aprobado:

UASD Jurnals - Open Access

Cómo citar: Martínez, Héctor Luis.2025. «Crisis política y arbitraje de la OEA en Santo Domingo, 1961-1966». Revista ECOSUASD 2 (30):85-110. https://doi.org/10.51274/ecosuasd.v2i30.pp85-110

Resumen

En este ensayo se analiza la crisis política que afectó a República Dominicana durante el periodo 1961-1966, y el arbitraje asumido por la OEA en la misma. A partir del golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963, contra el gobierno de Juan Bosch, las Fuerzas Armadas dominicanas quedaron divididas en defensores de la Constitución y leales al despotismo heredado de Trujillo. La confrontación se agudizó por el contragolpe dado por los constitucionalistas el 24 de abril de 1965, cuyos avances aceleraron el desembarco de marines estadounidenses en el país en defensa de los “leales”. Como salida a la crisis, liderada por dicho país, la OEA logró la deposición de las armas y la instalación de Héctor García Godoy como presidente provisional con la misión de convocar a elecciones nacionales, “ganadas” por Joaquín Balaguer en junio de 1966. Este artículo es un avance de un proyecto de investigación a cargo del autor, que con el mismo título abarca el periodo 1946-1966.


Palabras clave:

Consejo de Estado, golpe Estado, Movimiento Constitucionalista, guerra civil, Organización de Estados Americanos

Abstract

This essay examines the political crisis that affected the Dominican Republic between 1961 and 1966, focusing particularly on the mediating role assumed by the Organization of American States (OAS) throughout the conflict. Following the coup d’état of September 25, 1963, which overthrew the constitutional government of Juan Bosch, the Dominican Armed Forces became polarized between supporters of the Constitution and those loyal to the authoritarian legacy of Rafael Leónidas Trujillo’s regime. The confrontation reached its peak with the countercoup initiated by the constitutionalist forces on April 24, 1965, whose rapid progress prompted the landing of United States Marines in the country in defense of the so-called “loyalist” faction. As a resolution to the crisis —under the diplomatic leadership of the United States through the OAS— an agreement was reached to disarm both sides and establish a provisional government headed by Héctor García Godoy. His primary mandate was to organize and oversee national elections, which were ultimately held in June 1966 and resulted in the victory of Joaquín Balaguer. This article is an advance of a research project by the author, which, with the same title, covers the period 1946-1966.


Keywords:

: Council of State, coup d’état, Constitutional Movement, civil war, Organization of American States

Introducción

Al consumarse el ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo Molina, la noche del 30 mayo de 1961, e iniciarse el desmonte de la dictadura con la salida del país de sus familiares y colaboradores más cercanos; los sectores sociales, políticos y culturales cuyo desarrollo había sido limitado por la satrapía padecida durante tres décadas por el pueblo dominicano, no tardaron en procurar el control del espacio que se les había negado.

Por ese propósito, los años inmediatos al tiranicidio fueron de enfrentamientos y luchas entre los partidos y agrupaciones en que se dividió la nación. Unos orientaron sus esfuerzos a la recomposición del poder trujillista, como fue el caso de los altos mandos militares y de la oligarquía local. En cuanto al Partido Revolucionario Dominicano, predominó la inspiración en los ejemplos de la democracia que para entonces exhibía el continente americano. Mientras que, siguiendo a Roberto Cassá, los más radicales, entre los que contaban la dirección del Movimiento Revolucionario 14 de Junio, asimilaban los pasos y la línea programática de la Revolución Cubana.[1]

La pugnacidad por el poder entre estos sectores se expresó en golpes y contragolpes de Estado, en gobiernos de facto, en la insurrección civil y la guerra patria. Para el estudio de estos años tan politizados se ha dependido casi con exclusividad de una muestra importante de la documentación generada por la Organización de Estados Americanos. Además, despiertan la atención los testimonios de algunos de sus principales actores porque permiten, y es un objetivo propuesto, la explicación de aquellos procesos desde sus valoraciones particulares.

Una parte importante de los testimonios referidos han sido presentados como primicia en talleres, coloquios y ciclos de conferencias celebrados al cumplirse el 50 aniversario de la Guerra de Abril de 1965. Sus resultados han sido recogidos en colecciones que superan más de un centenar de ensayos distribuidos en unos treinta 30 tomos. Como parte de este esfuerzo editorial vale mencionar la labor de coordinación de la Comisión Nacional para la Conmemoración del 50 Aniversario de la Gesta Patriótica de Abril de 1965, y entre sus miembros, al Ministerio de Defensa de República Dominicana, a la Comisión Permanente de Efemérides Patrias y al Archivo General de la Nación. Por el momento, solo se aborda una selección mínima de tan vasto acopio bibliográfico documental; queda como tarea pendiente el aprovechamiento de otras referencias, tan importantes como las referidas ahora.

Consejo de Estado y elecciones nacionales

Tras la desaparición física de Trujillo, con la aprobación del presidente John F. Kennedy, el 17 de diciembre de 1961 se acordó la formación de un Consejo de Estado que sería presidido por Joaquín Balaguer. Este tendría siete miembros, la mayoría pertenecientes a la agrupación Unión Cívica Nacional; además, según el general (r) Edwin Simmons, se acordó que su vicepresidente, Rafael Filiberto Bonnelly, pasaría a la presidencia una vez la OEA levantara las sanciones impuestas al país en julio de 1960 por el magnicidio fallido perpetrado por Trujillo contra Rómulo Betancourt.[2] Dicho Consejo fue instalado el 1 de enero de 1962, con la adición como miembros de monseñor Eliseo Pérez Sánchez, Luis Amiama Tió, Antonio Imbert Barreras, Eduardo Read Barreras y Nicolás Pichardo.

Este ensayo no funcionó debido al rechazo que provocaba Balaguer por haber sido parte de la dictadura decapitada. Por esa razón, la dirección de la Unión Cívica Nacional exigió su renuncia en un mitin celebrado el 16 de enero en el parque Independencia. La actividad fue reprimida por el general Rodríguez Echavarría, dejando un saldo, según el general Simmons, de cuatro civiles muertos y 19 heridos. Ante esos hechos, Balaguer simuló su renuncia y respaldó la instalación de una junta cívico militar impulsada por Rodríguez Echavarría, quien despertaba la sospecha de que simpatizaba con una dictadura presidida por Huberto Bogaert. Dicha junta fue desplazada dos días después por iniciativa del mayor Rafael Tomás Fernández Domínguez, provocando el asilo de Balaguer en la Nunciatura y su salida del país hacia Puerto Rico a principios de marzo.

El segundo Consejo de Estado fue presidido por Bonnelly, reconocido abogado y académico. Este integró como nuevos miembros a Donald Reid Cabral, el poder detrás del trono, en calidad de vicepresidente,[3] y a José Antonio Fernández Caminero. Mientras que, monseñor Eliseo Pérez Sánchez, Luis Amiama Tió, Nicolás Pichardo y Antonio Imbert Barreras, mantuvieron la membresía. Para muchos, el Consejo fue un fiasco, pues legitimó la represión con una ley contra acciones subversivas, continuó con las deportaciones y persecución contra los líderes de izquierda, y prohibió las protestas sociales.[4] A pesar de su impopularidad, Reid Cabral contempló su ratificación en el poder con la celebración de elecciones nacionales. Con ese fin modificó la Constitución en septiembre de 1962, estableciendo que los aspirantes a los cargos electivos debían tener cinco años residiendo en el país. No obstante, por presiones de Juan Bosch, del Partido Revolucionario Dominicano y de otras agrupaciones dirigidas por figuras del exilio antitrujillista, se aprobó que para optar por dichos cargos bastaba con ser dominicano de nacimiento.

Las elecciones nacionales de 1962

Las elecciones nacionales fueron fijadas para el 20 de diciembre de 1962 mediante la Ley 6050, aprobada dos meses antes. En estas participaron: Juan Bosch, como candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y Segundo González Tamayo, postulado a la vicepresidencia; fueron sus aliados, Virgilio Vilomar, del Partido Nacional (PN), veterano dirigente del horacismo; y la Vanguardia Revolucionaria Dominicana (VRD), presidida por Horacio Julio Ornes Coiscou. Además, participaron Viriato Fiallo y José Augusto Puig, por la Unión Cívica Nacional (UCN); Virgilio Mainardi Reyna, candidato del Partido Nacionalista Revolucionario Dominicano (PNRD), fundado por Miguel Ángel Ramírez Alcántara; por el Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC), Alfonso Moreno Martínez, acompañado por Josefina Padilla, primera mujer candidata a la vicepresidencia en el país; Juan Isidro Jimenes Grullón y Buenaventura Báez Ledesma, por la Alianza Social Democrática (PASD).

Joaquín Balaguer, acompañado por Nicolás Silfa, intentó participar en las elecciones como candidato del Partido Revolucionario Dominicano Auténtico, pero fue rechazado por la Junta Central Electoral, con las boletas ya impresas. Por decisión de Manuel Aurelio Tavárez Justo, el Movimiento Revolucionario 14 de Junio no participó en las elecciones por considerarlas ultra reaccionarias y porque solo creía en la lucha armada, por lo que mandó a no votar.[5] Como afirma Rafael Pérez Modesto, su orden fue obviada por muchos militantes de dicho partido, que discretamente apoyaron el proceso y votaron por Juan Bosch.[6]

La experiencia de Estado de Bosch, acumulada por su amistad y colaboración con los presidentes José Figueres (Costa Rica), Rómulo Betancourt y Rómulo Gallegos (Venezuela), Carlos Prío Socarrás (Cuba), Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz (Guatemala), le facilitó el diseño de una campaña electoral superior a la presentada por Viriato Fiallo y Severo Cabral, candidatos de la UCN. Bosch impactó a los electores con la consigna: vergüenza contra dinero, planteada como símbolo moral en Cuba por Luis Orlando Rodríguez, dirigente del Partido del Pueblo Cubano, y difundida por Eduardo Chibás, su líder máximo.7 Otras consignas fueron las expresiones: el buey que más jala y borrón y cuenta nueva, con la cual ofertaba el perdón colectivo. Desde el programa radial Tribuna Democrática desarrolló una campaña efectiva gracias a su manejo magistral de la comunicación. También ganó simpatía por su desempeño en el debate que sostuvo el 17 de diciembre con el padre jesuita Láutico García, a quien demostró que no era comunista.8

En cuanto a Viriato Fiallo, se trataba de un médico exitoso cuyas inclinaciones patrióticas se manifestaron desde 1912 como dirigente estudiantil, en 1924 como opositor del plan de desocupación del Gobierno Militar yanki conocido como Hughes-Peynado; hasta convertirse en el líder político opositor a Trujillo más importante de los que permanecieron en el país.9 En 1962 se presentó como candidato presidencial de la UCN, fundada como agrupación patriótica en julio de

en el foco guerrillero que lideró en Las Manaclas a finales de 1963.

7        Luis Orlando Rodríguez, “Mitin Partido del Pueblo Cubano”, revista Bohemia, Año 42, Núm. 20, 11.

8        Este debate, realizado por invitación de Juan Bosch, marcó un hito en la historia política y electoral del país. Durante más de tres horas ambos presentaron sus argumentos en la estación Radio Santo Domingo, pero la defensa de Bosch fue tan contundente que el sacerdote admitió que no veía en él a un marxista leninista. Por su afirmación, en la portada del diario El Caribe se leía al día siguiente que Bosch había demolido a Láutico García.

9        Santiago Castro Ventura, “Viriato Fiallo: ¡Basta ya! Por Dios presidente Balaguer”, https://acento.com.do, 1.

1961 y, apunta José del Castillo: convertida en partido político en febrero siguiente con la integración de más de dos mil miembros renunciantes del Partido Dominicano, otrora estandarte político de Trujillo. Entre las principales figuras de la UCN estaban: Emilio de los Santos, Antinoe Fiallo, Virginia Dalmau, José Fernández Caminero, Minetta Roques, Rafael Alburquerque Zayas-Bazán, Federico Henríquez Gratereaux, Osvaldo Peña Batlle, Asela Morel, Rafael F. Bonnelly, Jottin Cury y Arnulfo “Miñín” Soto.[7]

La inexperiencia en el campo electoral llevó a Fiallo a una campaña errática basada en las consignas: “arrancada hacia el progreso y, que el pobre sea menos pobre y el rico menos rico”. Prometió a los electores que libraría al país de las sombras del trujillismo, de la amenaza del ideal comunista y que derrotaría sin problemas al candidato y demás líderes del PRD.

Del activismo proselitista también merecen mención Juan Isidro Jimenes Grullón, presidente del PASD; y Francisco Antonio Avelino, su secretario general. Al parecer, las diferencias que desde el exilio distanciaron a Jimenes Grullón de Juan Bosch, se mantuvieron al regresar a la patria. Como recurso de campaña, los ataques aliancistas contra Bosch fueron despiadados, y en ocasiones, tan radicales como los proferidos por la UCN, la segunda fuerza política del momento. En su columna de la revista Ahora, Rafael Molina Morillo sostuvo que este comportamiento obedecía a la estrategia de que los votos de la izquierda, un tanto dispersos por el rechazo del 1J4 a las elecciones, no se fueran al PRD,[8] lo cual resultó lo inevitable.

En 1962, la población del país era de unos 3,5 millones de habitantes, de los cuales, 1,658,033 figuraban en el registro de electores. Datos de la Junta Central Electoral, presidida por Emilio de los Santos, establecen que 1,073,245 votantes, equivalentes al 64.73%, ejercieron el derecho al voto en las elecciones referidas. De estos, 1,054,954 resultaron válidos, y solo unos 15 mil, nulos, reflejo de que las elecciones fueron un éxito rotundo.

Resultados elecciones nacionales, Rep. Dom.,  20 de diciembre de 1962

Partidos políticos

Votación

%

Senadores Diputados

Partido Revolucionario Dominicano

628,044

58.72

22

49

Partido Nacional

1,667*

 

 

 

Unión Cívica Nacional

315,877

30.00

 4

20

Partido Nacionalista Revolucionario

Dominicano

36,972

3.39

1

4

Partido Revolucionario Social Cristiano

56,794

5.18

 

1

Alianza Social Democrática

17,898

1.70

 

 

Partido Revolucionario Dominicano Auténtico

1,273

0.12

 

 

Partido Vanguardista Revolucionario Dominicano

6,886*

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor, basado en la “resolución de la Junta Central Electoral que contiene la relación de los resultados definitivos de las elecciones generales extraordinarias celebrabas el 20 de diciembre de 1962”; publicada en la Gaceta Oficial, Núm. 8749, año LXXXIV, aprobada el 31 de marzo de 1963. Los partidos marcados con asterisco pactaron con el PRD, sumándole 8,553 votos, por lo que su porcentaje llegó a 59.53.

Gracias a la integración entusiasta de los electores, la distribución de los escaños senatoriales resultó de la forma siguiente:

Provincia

Senador

Partido

Azua

Jesús María Mella

Partido Revolucionario Dom.

Barahona

José Alt. Robert

Partido Revolucionario Dom.

Baoruco

Néstor Matos

Partido Revolucionario Dom.

Dajabón

Nicasio Ramón Aybar

Núñez

Partido Revolucionario Dom.

Distrito

Nacional

Thelma Frías de Rodríguez

Partido Revolucionario Dom.

Duarte

Amadeo Sturla Richetty

Unión Cívica Nacional

El Seibo

Tomás Bobadilla

Partido Revolucionario Dom.

Espaillat

Manuel Rafael García

Lizardo

Unión Cívica Nacional

Elías Piña

Ocíades Piña Oviedo

Partido Revolucionario Dom.

Independencia

Julio Pausides Valenzuela

Partido Revolucionario Dom.

La Altagracia

Sinforoso Pepén Solimán

Partido Revolucionario Dom.

La Romana

José Américo Espinal Hued

Partido Revolucionario Dom.

La Vega

Francisco R. Gómez Estrella

Partido Revolucionario Dom.

Provincia

Senador

Partido

María Trinidad

Sánchez

Juan Antonio Tanguí

Medina

Partido Revolucionario Dom.

Montecristi

Carlos E. García Tavárez

Partido Revolucionario Dom.

Pedernales

Pablo R. Casimiro Castro

Partido Revolucionario Dom.

Peravia

Luis Ml. Tejada Peña

Partido Revolucionario Dom.

Puerto Plata

Carlos Grisolía Poloney

Unión Cívica Nacional

Salcedo

Antonio Jaime Tatem Mejía

Partido Revolucionario Dom.

Samaná

Sinencio Lalane Demorizi

Partido Revolucionario Dom.

San Cristóbal

Juan Tomás Fernández

Partido Revolucionario Dom.

Sánchez

Ramírez

César Soto W.

Partido Revolucionario Dom.

San Juan de la

Maguana

Miguel A. Ramírez

Alcántara

Partido Nacionalista Revol.

Dom.

San Pedro de

Macorís

Juan Casasnova Garrido

Partido Revolucionario Dom.

Santiago

Aníbal Campagna

Unión Cívica Nacional

Santiago

Rodríguez

Ángel Guillermo Lora

Partido Revolucionario Dom.

Valverde

Andrés Brito

Partido Revolucionario Dom.

Fuente: Elaboración del autor basado en la Gaceta Oficial Núm. 8749, año LXXXIV, del 31 de marzo de 1963, con la colaboración de Gilberto Uffre Báez.

Bosch asume la presidencia  de la República

En su discurso de toma de posesión como presidente de la República, pronunciado el 27 de febrero de 1963, Juan Bosch anunció al país que trabajaría por la democracia política, económica y por la justicia social. Se pronunció a favor del respeto ciudadano como recurso para construir la paz, de la fe en el porvenir y contra el odio. Terminó su comparecencia ante la Asamblea Nacional con estas palabras: Mientras nosotros gobernemos, en la República Dominicana no perecerá la democracia.[9] En términos más directos, el vicepresidente González Tamayo había expresado antes que el nuevo gobierno acabaría con la oligarquía en República Dominicana, que se protegerían los principios democráticos al servicio del pueblo, no del lucro personal.13

El gobierno constitucional estuvo compuesto por el gabinete siguiente:

Ministros

Ministerios

Mayor General E.N., Víctor Elbys

Viñas Román

Fuerzas Armadas

Dr. Abraham J. Jaar

Presidencia

Dr. Miguel Ángel Domínguez

Guerra

Interior y Policía

Andrés Freites Barrera

Relaciones Exteriores

Lic. Jacobo Majluta

Finanzas

Señor Buenaventura Sánchez Félix

Educación, Bellas Artes y Cultos

Señor Silvestre Alba de Moya

Trabajo

Dr. Luis Lember Peguero

Justicia

Silvestre Antonio Guzmán

Fernández

Agricultura

Dr. Samuel Mendoza Moya

Salud y Previsión Social

Ing. Luis A. del Rosario

Obras Públicas

Dr. Diego Bordas

Industria y Comercio

Señor José Antonio Brea

Control y Recuperación de Bienes

Dr. Francisco Humbertilio 

Valdez Sánchez

Sin Cartera

Contrario a lo que había sido el ejercicio del poder en tiempos de Trujillo y del Consejo de Estado que le sucediera, Bosch procuró reorientar la distribución de las riquezas del país, el acceso de los campesinos a la tierra, el control del latifundio, el crédito y la modalidad del cooperativismo. Asimismo, contempló incentivos a la reforma agraria y al sector industrial, defendió el derecho de los trabajadores a organizarse y condenó la malversación de fondos. Cumpliendo su oferta de campaña, también prestó atención a los principales aspectos de la vida nacional, como salud, educación, comunicación, manejo del agua y energía.

Contra la sumisión acostumbrada a los Estados Unidos, previo a la juramentación como presidente de la República, viajó a Europa con el fin de gestionar los recursos con que ejecutaría su plan

de inversión pública estimados en unos 150 millones de dólares. Además, cumplió las obligaciones con el Fondo Monetario Internacional, anuló la instalación de una refinería en beneficio de la Esso Standard Oil y, en el plano político, se negó a perseguir e irrespetar los derechos de los militantes de izquierda por su defensa, real o supuesta, de las ideas comunistas. Las consecuencias de sus iniciativas no se hicieron esperar.

Por razones coyunturales, sus medidas de mayor impacto fueron de carácter político. En lo concerniente al estado de derecho, su visión del ejercicio democrático del poder fue plasmada en la Constitución liberal promulgada en abril de 1963. En esta se registraron los elementos de un Estado que buscaba ejercer y promover la equidad social y la seguridad jurídica, garantes del adecentamiento del quehacer público y el desarrollo económico-social.[10]

De su contenido, Héctor Lachapelle Díaz, para entonces capitán de la FAD, destacó que la nueva Constitución tenía sus defensores militares, por contemplar que cada familia dominicana tuviera una vivienda, el deber del Estado de garantizar a los agricultores un mercado seguro y ventajoso, la erradicación definitiva del analfabetismo, velar por la conservación y protección del individuo y de la sociedad. De igual modo, consideró la consagración de la inviolabilidad de la vida, la injerencia de extranjeros en los asuntos políticos como lesión a la soberanía del Estado, y que los dominicanos que invocaren gobiernos o fuerzas militares extrañas para solucionar disputas serán declarados violadores de la soberanía nacional.[11]

El golpe contra la democracia

El reordenamiento de la propiedad de la tierra, el repudio a la firma de contratos leoninos, como el otorgado a la Esso Standard Oil; la imposición de precios tope a la libra de azúcar y al galón de miel, la defensa de las libertades ciudadanas, la pulcritud en el manejo de los asuntos de Estado, el apego por lo institucional y la defensa intransigente de la soberanía nacional asumidos por el presidente Bosch, están entre las medidas que aceleraron el sentimiento golpista de la burguesía tradicional y de los actores políticos comprometidos con la recomposición del trujillismo. De igual forma reaccionaron los diseñadores de la política exterior de los Estados Unidos para la región.

Las políticas y libertades públicas practicadas con transparencia durante el gobierno de Bosch provocaron la resistencia de los sectores sociales beneficiados antes por otros procedimientos. Su rechazo se radicalizó en septiembre con reclamos de reivindicaciones de los maestros, las huelgas provinciales y generales en los ingenios azucareros y el respaldo del comercio coordinado por el Comité Cívico Anticomunista, a cargo de Enrique Alfau. Igual de impactantes resultaron las manifestaciones de reafirmación cristiana convocadas por la Iglesia católica como rechazo a la orientación laica que se quiso dar a la educación.

La presión de estos sectores fue tan efectiva que cada día crecía la sensación de que el gobierno estaba acorralado. En su defensa, tras vencer la posición contraria de Bosch, salieron José Francisco Peña Gómez y Washington de Peña, con la compañía de Jacobo Majluta como proveedor de las informaciones acerca de las acciones del gobierno que se debían destacar. En sus alocuciones radiales se refirieron a la trama golpista contra el gobierno constitucional y a la necesidad de preservarlo por el bien de la nación.[12] Pero, a pesar de que el Catorce de Junio y el Partido Revolucionario Social Cristiano hicieron causa común con el partido de gobierno, ya era tarde.

En el artículo: “Historia íntima de cómo se desarrolló el golpe militar”, Rafael Molina Morillo narra que al mediodía del 24 de septiembre la idea de un golpe militar era un secreto a voces. Por ese rumor, un colaborador cercano había pedido al presidente que no durmiera en su casa esa noche porque el plan incluía asesinarlo. La reacción de Bosch fue reunirse de inmediato con el embajador John Bartlow Martin y Sacha Volman, quien fungía como enlace en 1961 entre el líder del PRD y el presidente Kennedy.[13] Contra ese rumor, el diplomático estadounidense propuso colocar la flota de marines estadounidenses a seis horas de las costas dominicanas. En un primer momento, su petición fue rechazada, pero al rectificar por lo inminente del golpe, la flota estaba a 20 horas del suelo dominicano, y no llegaría a tiempo.

Esa noche, en lugar de permanecer en su casa, el presidente Bosch decidió ir a Palacio, donde también estaba la sede de las Fuerzas Armadas. Allí se reunió con su mando mayor, de quien no recibió ningún pliego de condiciones a cambio de apoyo, sostiene la fuente referida. Sí se reiteró que se debía combatir el peligro del comunismo, al tiempo que, como se supo que el presidente se proponía la cancelación del coronel Elías Wessin y Wessin, el general Antonio Álvarez Albizu y el coronel Guarién Cabrera Ariza, pilotos FAD, comisionados por el general Atila Luna Pérez, comunicaron al presidente que la aviación no aceptaba ningún cambio en sus filas. Absorto, Bosch dio por terminada la reunión con el anuncio de que renunciaba a la Presidencia de la República.[14]

En la madrugada del 25 de septiembre, Bosch había redactado su renuncia, y convocado a la Asamblea Nacional para anunciar que dejaba la primera magistratura del Estado. Pero el acto no tuvo lugar. Hacia las cuatro de la madrugada, Viñas Román regresó al despacho presidencial y le expresó al presidente que, junto a sus acompañantes, estaba detenido. Los militares habían tomado el poder.[15]

En la madrugada del golpe, el teniente coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez expresó su disposición a tomar el Palacio Presidencial junto a un grupo de oficiales fieles al orden institucional, pero el presidente depuesto rechazó esta reacción. Entre los oficiales comprometidos con la toma de la sede presidencial estaban, además de Fernández Domínguez, el mayor Roberto Antonio Cabrera Luna , el cap. Fernando Cabrera Ortega, el capitán Héctor Lachapelle Díaz, el capitán Rafael Armando Quiroz Pérez, el primer teniente Lorenzo Sención Silverio, el primer teniente Marino Antonio Almánzar García, el primer teniente Antonio González González, el primer teniente Gerardo Antonio Brito Brito, el primer teniente José René Jiménez Germán y el primer teniente Freddy Piantini Colón. Para entonces, asignados a la Fuerza Aérea Dominicana.

Luego de varios meses de conspiración contra el orden institucional, sumadas las voluntades conservadoras locales con el interés político de los Estados Unidos, en la madrugada del 25 de septiembre de 1963, se anunció el derrocamiento del gobierno de Juan Bosch. El golpe contra la revolución democrática en proceso fue orquestado por los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, dirigidos por los generales Elías Wessin y Wessin y Antonio Imbert Barreras, respectivamente. Seguidos por Víctor Elby Viñas Román, mayor general Ejército Nacional y secretario de las Fuerzas Armadas; los generales Renato Hungría Morel, jefe de Estado Mayor EN; Atila Luna Pérez, jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana; Julio Alberto Rib Santamaría, jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra y Belisario Peguero, jefe de la Policía Nacional, y por los jefes de las dependencias bajo su jefatura. Estos anunciaron al país que a partir del 25 de septiembre:

-      La doctrina comunista, marxista leninista, castrista o como se le quiera llamar, y los partidos políticos que la profesan, sus dirigentes y cabezas visibles, quedan fuera de la ley;

-      Se depone el Gobierno de la República Dominicana por propiciar atentados contra la Constitución en cuanto a la esencia del Estado, la destrucción de la confianza pública y la violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos, así como por haberse revelado incapaz de encausar el país por las vías del orden, el respeto a la ley, la seguridad general, la paz, el progreso y el orden común;

-      Queda sin efecto la Constitución votada en 1963 y disueltas las cámaras legislativas actuales;

-      Se pone en vigor la Constitución del 17 de junio de 1962;

-      Se formará un gobierno provisional presidido por un ciudadano eminente, extraño a partidos políticos militantes, mientras eso se haga, las Fuerzas Armadas asumirán funciones ejecutivas; y

-      Se respetarán los compromisos internacionales válidamente contraídos por la República Dominicana, y se garantizan los derechos humanos y del ciudadano, tanto civiles como políticos.[16]

  En iguales términos, el Consejo Nacional de Hombres de Empresas, la Cámara de Comercio, Agricultura e Industria del Distrito Nacional, la Confederación Patronal de la República Dominicana, la Asociación de Industrias de la República Dominicana, de Hacendados y de Agricultores, expresaron en un comunicado el deseo de que:

-      Se operaren los cambios necesarios sin subvertir los principios esenciales del sistema democrático, ni la libertad del hombre;

-      Prosperaran la justicia social y las esencias cristianas del pueblo dominicano;

-      No se realizaran confiscaciones de bienes ni se controlara la plusvalía;

-      Terminara la infiltración de las ideas comunistas; y

-      Se evitara que el país se convirtiera en una segunda Cuba.[17]

En principio, estos manifiestos fueron apoyados por Viriato Fiallo, líder de la Unión Cívica Nacional; Horacio Julio Ornes Coiscou (Vanguardia Revolucionaria) y Juan Isidro Jimenes Grullón (Alianza Social Demócrata), y por la cúspide de la Iglesia católica. Esta, a pesar de que al debatir con el padre Láutico García, Bosch demostró que no era comunista, persistía en que sí lo era. De igual modo, desde Puerto Rico, Balaguer también acusó al gobierno de izquierdizante y que iba camino al comunismo.

Como dato curioso, destaca el respaldo al derrocamiento del gobierno Constitucional ofrecido por dirigentes del exilio antirujillista como Ramón A. Castillo y Miguel Ángel Ramírez Alcántara, Juan Isidro Jiménes Grullón, Horacio Julio Ornes Coiscou y Poncio Pou Saleta. Este colaboró poniendo su emisora, Radio Pueblo, al servicio de los golpistas.[18] Tan comprometidos estaban, que el segundo de los señalados ocupó el ministerio de Agricultura durante el Triunvirato, y en el caso de Nicolás Silfa, quien junto a Ramón A. Castillo y Ángel Miolán, vino al país como avanzada del PRD en julio de 1961, llama la atención su alianza con Balaguer desde temprano. Con su conducta, ponían en entredicho la imagen patriótica que habían construido en el exilio.

En sentido opuesto, la prensa de la época reservó el espacio de sus editoriales para pronunciarse contra los golpistas. En la edición del 24 de septiembre, la revista Ahora fijó posición al respecto y reprodujo la de los demás medios. En su caso, rechazó la acción de los grupos castrenses por considerar, que juzgar si el gobierno iba mal o bien correspondía al pueblo, no a ellos. Por su lado, El Caribe expresó que se trataba de un duro golpe a la democracia, lamentó el quiebre de la vida institucional y solicitó su pronta restitución. En igual sentido, para el Listín Diario se trataba de un acto ilegal contra el orden jurídico dominicano. Destacó que la lucha más efectiva contra el comunismo era trabajar noche y día contra la miseria, las enfermedades y el hambre. Solo Prensa Libre, alineada con la Unión Cívica Nacional, justificó la inconstitucionalidad de los triunviros.[19]

El gobierno del Triunvirato

El gobierno del Triunvirato quedó instalado el 26 de septiembre de 1963, y fue reconocido por Estados Unidos tres meses después con la condición de que llamaría a elecciones nacionales en dos años. Su primer presidente fue Emilio de los Santos, junto a Ramón Tapia Espinal y Manuel Enrique Tavárez Espaillat.

Con el apoyo de sectores de la burguesía tradicional, del alto mando de las Fuerzas Armadas, de los sectores urbanos pudientes y de la jerarquía de la Iglesia católica, los triunviros integraron al gobierno a las agrupaciones políticas que apoyaron el golpe del 25 de septiembre. Le asignaron cuatro ministerios a la Unión Cívica Nacional (Viriato Fiallo), tres a Vanguardia Revolucionaria (Horacio Ornes), dos a la Alianza Social Demócrata (Jimenes Grullón), dos al Partido Nacionalista Revolucionario Dominicano (PNRD) (Miguel Ángel Ramírez), uno al Partido Demócrata Cristiano, desprendimiento del Partido Revolucionario Social Cristiano liderado por Mario Read Vittini; y otro para el Partido Progresista Demócrata Cristiano (PPDC), dirigido por Ramón Castillo.[20]

Gabinete inicial del gobierno del Triunvirato

Secretario de Estado

Secretaría

Partido Político

Mayor Gral. Víctor E. 

Viñas Román

Fuerzas Armadas

¿?

Dr. Ángel Severo Cabral

Interior y Policía

Unión Cívica

Dr. Mario Read Vittini

De la Presidencia

Partido Demócrata Cristiano

Pedro Manuel Cassals Victoria

Finanzas

Alianza Social  Demócrata

Carlos María Hernández

Educación, Bellas Artes y Cultos

Partido Demócrata Cristiano

Gral. Miguel A. Ramírez Alcántara

Agricultura

PNRD

Dr. Alcibíades Espinosa

Salud y 

Prevención Social

Unión Cívica

Dr. Carlos Grisolía Poloney

Trabajo

Unión Cívica

Dr. Hipolitito Sánchez Báez

Justicia

Alianza Social

Demócrata

Secretario de Estado         Secretaría

Partido Político

Dr. Luís Augusto Ginebra        Obras Públicas Hernández

Vanguardia Revol. Dom.

José Rolando Martínez            Industria y

Bonilla                                   Comercio

Vanguardia Revol. Dom.

Sr. Garrido Puello                  Propiedades

Públicas

PNRD

Dr. Pompilio Brower Castillo Secretario sin

Cartera

PPDC

Nota: Para la ubicación de los partidos políticos según las secretarías de Estado, se tomó como fuente el artículo: “Saldo de un mes trágico”, publicado por Rafael Molina Morillo, revista Ahora, año XI, Núm. 515, el 24 de septiembre de 1973.

Como primeras iniciativas de gobierno, el 26 de septiembre, Emilio de los Santos anunció que se garantizaría la libertad de empresa, que no habría ni explotados ni explotadores, que se haría una reforma agraria científica, que daría facilidades a la inversión de capital extranjero y que se fortalecerían los vínculos con organismos internacionales como la OEA, la Alianza para el Progreso, el Banco Interamericano y otros. Pero, a sus intenciones se impuso la línea de acción de la plana mayor de las Fuerzas Armadas, que incluía el desconocimiento de los derechos ciudadanos, la disolución del Congreso Nacional y la sustitución de la Constitución de 1963 por la impuesta por el Consejo de Estado en 1962.[21] Además, el Triunvirato prohibió toda actividad comunista, impuso el toque de queda, traspasó a particulares bienes de la familia Trujillo que habían sido confiscados, y en el aspecto militar, el mismo día del golpe ordenó la cancelación de los oficiales que rechazaban la deposición de Juan Bosch.[22]

El nuevo gobierno fue represivo contra sus adversarios, especialmente contra la militancia del Partido Revolucionario Dominicano; pero flexible frente a los actos dolosos cometidos por sus funcionarios, especialmente en las administraciones de las cantinas que daban servicio a los militares, quienes percibían la limitación de otros privilegios.

Las expectativas despertadas por los triunviros se desvanecieron con la ejecución del plan de austeridad financiera impuesto por los Estados Unidos a través del Fondo Monetario Internacional, cuyos efectos resultaban intolerables a pesar de que, durante los años 1962-1965, la ayuda norteamericana superó los cien millones de dólares. De pronto, se reactivaron las movilizaciones en los barrios y entre los estudiantes con las demandas democráticas del PRD, mientras que las capas populares avanzadas y la pequeña burguesía se acercaban a la vía insurreccional del Movimiento Revolucionario 14 de Junio.[23]

Emilio de los Santos renunció a la presidencia del Triunvirato el 28 de diciembre de 1963 como rechazo a las ejecuciones de las Fuerzas Armadas contra Manuel Aurelio Tavárez Justo y parte de sus acompañantes en el fallido foco guerrillero de Las Manaclas. Su salida también fue justificada por sus diferencias con los altos mandos del Campamento Militar 27 de Febrero, quienes rechazaron su decisión de rehabilitar al general (r) Guarionex Estrella Sadhalá como general de brigada del Ejército Nacional. Esta decisión se debió a su condición de hermano de Salvador Estrella Sadhalá, a decir de Imbert Barreras, uno de los más meritorios entre los participantes en el magnicidio del 30 de mayo de 1961. Guarionex había sido torturado al considerarlo cómplice de aquellos hechos, por lo que se temía que identificara a sus verdugos. Se afirma que esta crisis tambaleó al Triunvirato.

De los Santos fue sustituido por Donald Reid Cabral. Poco después, por la renuncia de Tapia Espinal, fue designado Ramón Cáceres Troncoso. Igual decisión tomó Tavárez Espaillat, pero la vacante producida no fue ocupada, lo cual indica que operó un triunvirato de dos, bueno, en los hechos, llegó a ser de uno. Para muchos, la fórmula de las Fuerzas Armadas era trabajar solo con Reid Cabral y así pasó.

En poco tiempo, la anomalía se apoderó de todas las actividades de la sociedad dominicana, públicas y privadas. El sistema constitucional quedó deshecho por un gobierno afectado por las pasiones políticas, tan excepcional, que fue instalado por un notario por la anulación de la Asamblea Nacional. Una ocasión tan solemne, se trató como la venta o permuta de un bien cualquiera.[24] Todo, en parte, por el predominio del poder militar sobre el civil, causante de la ruptura de la alianza partidaria que dio paso al Triunvirato.

La rebelión constitucionalista

A raíz del asesinato de Trujillo, varios oficiales jóvenes comprendieron que se imponían la profesionalización y el respeto a los preceptos constitucionales en los hombres de uniforme. Siguiendo este sentimiento, en enero de 1962, el mayor Rafael Tomás Fernández Domínguez, con otros compañeros, mostró su apego por el orden institucional al tomar el Club de Oficiales de San Isidro, impedir la acción golpista de Rodríguez Echavarría y reponer como miembros del Consejo de Estado a Rafael F.

Bonnelly y a Eliseo Pérez Sánchez.

Desde entonces, la oficialidad constitucionalista siguió el desempeño del Consejo de Estado en la organización de las elecciones nacionales de diciembre de 1962. Su convicción era apoyar el gobierno que eligiera el pueblo, y si era derrocado, reponerlo. Quedaba claro que su estandarte no era Juan Bosch, sino el orden institucional. Ocho meses después, se impuso la tarea de la reposición de dicho orden depuesto por la fuerza y sustituido por el gobierno del Triunvirato. Al cumplirse el 50 aniversario de la Guerra de Abril, el general (r) EN, Miguel Hernando Ramírez, ratificó este principio al afirmar que: Los oficiales del Movimiento Constitucionalista no éramos políticos. Fuimos y somos institucionalistas..., por la constitucionalidad muero yo en este país.[25]

El Movimiento Militar Constitucionalista, llamado también Enriquillo o Movimiento Restaurador Democrático, creado y liderado por Fernández Domínguez, luchó por la reposición del gobierno de Bosch inspirado en la consigna: “Que los militares devuelvan al pueblo lo que le han quitado”. Su meta fue respaldada, entre otros, por los oficiales Hernando Ramírez, Francisco Alberto Caamaño Deñó, Johnny Contín, Rafael Yege Arismendi, Manuel Ramón Montes Arache y los Hombres Rana. Por esta meta también trabajaron Héctor Lachapelle Díaz, Jesús de la Rosa, Lorenzo Sención Silverio, Rafael A. Quiroz Pérez, José R. Jiménez Germán y Ernesto González y González.

Las primeras acciones contra los triunviros se expresaron en octubre de 1963, cuando, con la coordinación del general piloto Santiago Rodríguez Echavarría, Lachapelle Díaz y otros oficiales planearon tomar el control de la base aérea de Santiago, comandada por el coronel Simó Canó; y desde esta pronunciarse contra el gobierno de facto.[26] El plan no funcionó, por el envío forzoso de Fernández Domínguez a España y Chile como agregado militar del país, quedando el coronel Hernando Ramírez al mando del movimiento.

En la parte civil, los planes contra el Triunvirato avanzaron con la decisión de Bosch de asignar la coordinación a José Rafael Molina Ureña asistido por José Francisco Peña Gómez y otros dirigentes del PRD. Sus primeros frutos se conocieron a mediados de 1964 al lograr el apoyo de las asociaciones y del pueblo a la consigna: retorno de Bosch sin elecciones. Otro avance fue el acercamiento entre seguidores de Joaquín Balaguer y de Bosch, logrado en diciembre de ese año con la difusión de la noticia de que, con la exclusión de ambos líderes, los triunviros, siguiendo las recomendaciones de los Estados Unidos, pretendían celebrar elecciones generales en septiembre de 1965.

Lachapelle Díaz sostiene que los constitucionalistas contemplaron la llegada al país del coronel Fernández Domínguez en los inicios de 1965 por la costa de Guayacanes. Allí sería recibido por el oficial de la Marina de Guerra, Jesús de la Rosa, y conducido al puerto de Santo Domingo, donde se reuniría con el coronel Caamaño. También se contempló la ruta Santiago de Chile-Caracas, con la ayuda del cónsul dominicano Antinoe Fiallo. Pero, el líder constitucionalista llegó al país poco después del estallido del 24 de abril de 1965.

El 24 de abril de 1965, el jefe de Estado Mayor, EN, general Marcos Rivera Cuesta, con la acusación de que conspiraban contra el gobierno, dispuso la cancelación de los miembros del Ejército Nacional, teniente coronel Geovanny Gutiérrez, mayores Juan M. Lora Fernández y Eladio Ramírez, y del capitán José Noboa Garnes. Este episodio incendió la chispa de la rebelión constitucionalista. Sin perder tiempo, Hernando Ramírez, teniente coronel (EN), ordenó el rescate de esos oficiales al capitán Mario Peña Taveras y la detención de Rivera Cuesta y sus acompañantes. En virtud de que no fue posible contactar a Rafael Molina Ureña, también ordenó llamar a José Francisco Peña Gómez para que, a través del programa Tribuna Democrática, transmitido por la emisora Radio Comercial, localizada entonces en la Ciudad Colonial, comunicara al país que había comenzado el restablecimiento del gobierno constitucional de Juan Bosch.

Al escuchar el llamamiento de Peña Gómez, realizado con las notas de la Marsellesa de fondo, el pueblo se lanzó a las calles en la capital. Su apoyo a la causa por la democracia y el retorno de la esperanza perdida fue absoluto. Con gran entusiasmo, dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, y militares constitucionalistas encabezados por el capitán Lachapelle Díaz, tomaron las instalaciones de la televisora estatal Radio

Santo Domingo.[27] Para los comentaristas estadounidenses, se trató de un golpe de Estado comunista auspiciado por constitucionalistas revoltosos que operaban como bandas callejeras o turbas de la chusma; contra los leales al alto mando militar conservador con sede en San Isidro.[28]

Como desmentido a esta clasificación, destaca la idea de que los “revoltosos” contaron con el apoyo de unos 1,200 soldados, la mayoría del Campamento 16 de Agosto, respaldados por el cuerpo elite de la Marina de Guerra conocido como el comando de los Hombres Rana. Su comandante, Manuel Ramón Montes Arache, rechazó la invitación a unirse a los “leales” que le formulara el vicealmirante Francisco Javier Rivera Caminero, jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra (hoy Armada de la República Dominicana); y se integró al bando constitucionalista, según afirmara, por el rechazo del pueblo al gobierno corrupto e ilegítimo del Triunvirato, el respeto a la voluntad popular y al orden institucional torpemente vulnerado.[29] Por sus destrezas en el ámbito de la guerra, este cuerpo elite adiestró a los civiles organizados por barrios, partidos políticos y pueblos de origen, en unos 40 frentes de combate llamados comandos.

El 25 de abril, por su condición de presidente de la Cámara de Diputados, los rebeldes instalaron a Rafael Molina Ureña como presidente de la República hasta el retorno de Bosch. Su designación coincidió con el traspaso del mando militar al coronel Caamaño por las limitaciones de salud de Hernando Ramírez. Previamente, este había participado en la reunión celebrada esa mañana en la Presidencia con el coronel piloto Bartolomé Benoit, en representación de la alta oficialidad de San Isidro. Al conocer el rechazo a su plan de instalar una junta militar, Benoit sentenció: la división de las Fuerzas Armadas es inevitable, por lo que al país le esperaba la guerra civil y la intervención foránea.[30] Su razonamiento indica que su solicitud de la intervención de los Estados Unidos estaba prevista.

Cumpliendo con la advertencia de que, de no deponer las armas, los sublevados serían atacados, Donald Reid apoyó el bombardeo al palacio de gobierno la tarde del 25 y al día siguiente contra las guarniciones y posiciones en la margen oriental del río Ozama, a cargo de Hernando Ramírez. Su capacidad de fuego en la misma zona aumentó dos días después, llevando a las fuerzas de San Isidro a proclamar el sometimiento de las fuerzas “insurrectas”.

Para resistir la embestida, el bando constitucionalista dotó de armas a la población civil, lo cual provocó, como medida preventiva, el emplazamiento desde la isla Vieques, Puerto Rico, del Grupo Anfibio de Tareas Rápidas a unas 30 millas de las costas dominicanas. Esta medida facilitó la primera jornada de evacuación de unas 1,700 personas hacia San Juan, Puerto Rico; trasladadas en camiones y bus desde el hotel El Embajador hasta Haina.

En la mañana del 27, en compañía del presidente Molina Ureña, el coronel Caamaño, comandante en jefe de los constitucionalistas, giró una visita al embajador norteamericano William Tapley Bennett. Como le planteó la necesidad de buscar una salida no violenta a la decisión del general Elías Wessin y Wessin y otros oficiales, de tomar el puente Duarte con una unidad de tanques, y frenarlo en su intención de tomar el Palacio Nacional para instalar una Junta Militar como gobierno provisional.35 La respuesta del embajador Bennett no pudo ser más arrogante. Sin condiciones, exigió la rendición de los “insurgentes” con la advertencia de que, de no hacerlo, serían sometidos a los tribunales.

En palabras de Norge Botello, jefe del Comando B-3, la severidad y el tono humillante de la petición del embajador Bennett provocaron la salida de la

sobre la Revolución de 1965 (Santo Domingo: Editora Búho, 2017), 185.

35 Norge Botello, “Organización, estallido y desarrollo de la contienda”, en: Guerra de Abril: Inevitabilidad de la historia (Santo Domingo: Editora Búho, 2017), 167.

reunión de los dirigentes del PRD, encabezados por Molina Ureña, algunos dispuestos a buscar asilo político en embajadas latinoamericanas. En cambio, el mando militar constitucionalista, a cargo de Caamaño, Montes Arache, Lora Fernández, Lachapelle Díaz, Marte Hernández…, junto a sus tropas y a civiles armados, decidió combatir en el puente Duarte contra el avance de las fuerzas de San Isidro. Impedido de tomar este objetivo militar, el bando dirigido por Wessin y Wessin se vio afectado por la deserción de centenares de oficiales y soldados.[31] Con estos resultados, Caamaño quedó consagrado como la primera figura militar de la Guerra de Abril de 1965.

Desembarco de los marines

Los avances de los constitucionalistas durante los primeros cuatro días de rebelión convencieron a los Estados Unidos de que sus aliados locales eran causa perdida, y de que el regreso de Bosch a la Presidencia era inminente. Para impedirlo, no para salvar la vida a sus connacionales, como se adujera, el presidente Lyndon B. Johnson autorizó el desembarco gradual de 42 mil marines en Santo Domingo. De estos, según el reporte periodístico de Rafael López Rosas, 556 marinos, 1,700 infantes de Marina y 2,500 paracaidistas de la 82 División aérea del Ejército, debieron ocupar territorio dominicano el 28 de abril de 1965.[32] Pero, en menos de una semana, los marines desembarcados eran unos 14,000, cifra denunciada por los rusos en sesión celebrada el 5 de mayo por la ONU. Mientras que, las fuerzas constitucionalistas llegaban a unos 300 militares y 12,000 civiles.[33]

Para el periódico The New York Times, el número de soldados era superior a la necesidad. Los desembarcos superaron la suma de las tropas emplazadas por Estados Unidos en Panamá (1903), en Cuba (1906), en México (1914), en Haití (1915), en la República Dominicana (1916) y en Nicaragua (1927).[34] Bosch expresó mayor asombro al destacar que para la fecha, los marines que ocupaban a Santo Domingo duplicaban a los enviados por Estados Unidos al invadir Vietnam e iniciar con esta medida uno de los hitos más complejos de la Guerra Fría. Declaró en Puerto Rico que ese número desproporcionado de marines indicaba que el gobierno de los Estados Unidos buscaba defender el statu quo en Santo Domingo, sin ninguna consideración por la voluntad del pueblo dominicano.[35] La idea era mostrar una cantidad apreciable de recursos para desmoralizar al pueblo dominicano y no tener que usarlos.

Según los locutores Luis Armando Asunción, Luis Acosta Tejeda y Pedro Muñoz Batista,[36] al realizarse los primeros desembarcos de marines en territorio dominicano, el Triunvirato ya no contaba en la toma de decisiones de los “leales”. Desde el 1 de mayo fue relevado por una junta militar con sede en San Isidro, presidida por Bartolomé Benoit, quien afirmó años después que se le asignó ese papel sin consulta previa. El coronel Enrique Casado Saladín, EN, y el capitán de navío Olgo Santana Carrasco, lo acompañaron en dicha junta. Para su líder, el general Elías Wessin y Wessin, dichos desembarcos no debían verse como una intervención, sí como una ayuda moral de los Estados Unidos a un pueblo que se encuentra en graves apuros y que necesita de alguien que medie para restaurar la calma cuanto antes.[37]

En una semana, por iniciativa de los embajadores Bartlow Martin y William Tapley Bennet, la junta referida fue sustituida por el Gobierno de Reconstrucción Nacional, presidido por el general Antonio Imbert Barreras e instalado en la zona conocida como Centro de los Héroes (La Feria). Lo acompañaron Carlos Grisolía Poloney, el coronel Pedro Bartolomé Benoit, el ingeniero Alejandro Zeller Cocco y el Lic. Julio Postigo, quien presentó renuncia y fue sustituido por Leonte Bernard Vásquez. De sus excesos, vale mencionar la acción conocida como Operación Limpieza, en la que los habitantes de los barrios de la zona norte de la capital, los días 13-18 de mayo, fueron perseguidos, encarcelados, golpeados y, en caso extremo, asesinados con el apoyo de las tropas interventoras de los Estados Unidos.

De manera insólita, los estrategas estadounidenses, al tiempo que impusieron el gobierno de Reconstrucción Nacional para que diera la cara ante los desmanes que con su apoyo cometían contra la población, mantenían conversaciones con el coronel Caamaño, juramentado como presidente constitucional de la República el 3 de mayo. Pero el rol asignado a Imbert Barreras en nada impactaba, pues, a decir de José Arsenio Torres, periodista de El Mundo, este no era más que un presidente y un general sintético.

El arbitraje de la OEA

La Organización de Estados Americanos (OEA en adelante) nació en 1948 con el objetivo de asumir la defensa de los intereses de los Estados miembros. Fue concebida como la Organización de las Repúblicas Americanas, pero su nombre fue cambiado con la finalidad de que Canadá pudiera ser integrada en algún momento. Sus antecedentes más cercanos son el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) o Tratado de Río, firmado en 1947 en Río de Janeiro, en el marco inicial de la Guerra Fría; y la Carta de Bogotá, firmada en 1948 en el marco de la Novena Conferencia Internacional Americana.

En términos históricos, la OEA tiene como precedentes las ideas de integración de los estados emancipados del imperio colonial español en América. Simón Bolívar hizo el primer esfuerzo al convocar en 1824 el Congreso de Panamá. A su iniciativa, lamentablemente fallida, siguieron las de México en 1831, de Perú en 1839, y en 1847 al celebrarse el Congreso Americano de Lima con la asistencia de Bolivia, Chile, Nueva Granada y Perú. En 1877, fue celebrado en Lima el Congreso Americano de Jurisconsultos.[38] La idea de la integración dio un giro con la convocatoria de la Primera Conferencia Internacional Americana anunciada en 1889 por Benjamín Harrison, presidente de los Estados Unidos. A estas siguieron otras ocho hasta lograr en 1948 la conformación de un sistema interamericano defensor de sus intereses, regido, en parte, por la Carta Constitutiva de la OEA.

La Décima Reunión de Consulta de la OEA

El avance de las tropas constitucionalistas aceleró la orden unilateral del desembarco de marines en Santo Domingo, dada por Lyndon B. Johnson el 28 de abril de 1965. El presidente decidió actuar primero e informar después, informar, no deliberar. Con su decisión violaba la carta constitutiva de la OEA, especialmente su artículo 15, que desautoriza la ejecución de actos injustos de un Estado contra otro, a pesar de su derecho a proteger y desarrollar su existencia. Mientras dice, en su artículo 17, que “Cada Estado tiene el derecho a desenvolver libre y espontáneamente su vida cultural, política y económica. En este libre desenvolvimiento el Estado respetará los derechos de la persona humana y los principios de la moral universal.” A pesar de que violaba su esencia, horas después del desembarco de marines, Estados Unidos apoderó a la OEA como gestora aparente de la búsqueda de solución a la crisis de Santo Domingo.

Las primeras reuniones del Consejo de la OEA fueron convocadas el 29 y el 30 de abril. Por iniciativa del embajador de Chile, se aprobó la celebración de la Décima Reunión de Consulta. En esta participaron los cancilleres de los estados miembros de dicho organismo, junto al secretario general José A. Mora, diplomático uruguayo evaluado por sus pares como de modales suaves. El objetivo de la Conferencia era estudiar la grave situación creada por la lucha armada en República Dominicana y lograr la paz. La Comisión de Credenciales informó el registro de 20 países como participantes, la ONU estuvo representada por un observador, y como delegados especiales asistieron Barbados, Jamaica, Trinidad y Tobago.[39] En representación del país, el embajador Bunker impuso la participación de Bonilla Atiles, defensor y parte del gobierno del Triunvirato, depuesto por el golpe del 24 de abril.

La primera sesión plenaria de la Décima Reunión de Consulta fue celebrada el 1 de mayo en Washington, convocada por los gobiernos de Venezuela, Chile y Costa Rica, y presidida por Guillermo Sevilla Sacasa, delegado especial de Nicaragua. En esta se aprobó la Comisión Especial para el Establecimiento de la Paz y la Normalidad en la República Dominicana, propuesta por los Estados Unidos. La componían delegados de Brasil, Argentina, Colombia, Guatemala y Panamá; y su misión era trasladarse a Santo Domingo y restablecer la paz y la normalidad. Con ese fin, se concentraría en lograr el cese al fuego, la salida ordenada de las personas asiladas en las misiones diplomáticas, la salida de todos los extranjeros que lo desearan e investigar todo lo concerniente a la situación imperante en la República Dominicana.[40] La primera sesión plenaria subió el tono del debate por el rechazo de Venezuela al desembarco de tropas norteamericanas en Santo Domingo, violatorio del principio de no intervención. Su rechazo fue apoyado por México, Uruguay, Colombia, Argentina y Chile.[41] Así cerraron 16 horas de deliberaciones.

Como resultado de los acuerdos aprobados, el 5 de mayo se firmó el Acta de Santo Domingo. En nombre de la Junta Militar de gobierno, firmaron los coroneles Pedro Bartolomé Benoit (FAD), Enrique A. Casado Saladín (EN), y el capitán de navío Olgo Santana Carrasco; y por el Gobierno Constitucional, el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, presidente constitucional, teniente coronel, B. Augusto Jiménez Herrera; coronel Manuel Ramón Montes Arache; mayor Héctor Lachapelle y Héctor Aristy, ministro de la Presidencia. Fungieron como mediadores los embajadores: Ricardo Colombo (Argentina), Ilmar Penna Marinho (Brasil), Alfredo Vázquez Carrigosa (Colombia) y Carlos García Bauer (Guatemala). Mediante el Acta de Santo Domingo, además de ratificar el acuerdo de cese al fuego, se aseguró la evacuación de los asilados y se logró el reconocimiento de la zona de seguridad internacional. Estos aspectos garantizaban la juridicidad a los acuerdos iniciados poco más tarde por la Comisión Ad-Hoc.[42]

La Operación Socorro

En la segunda sesión plenaria, celebrada el 3 de mayo, la Comisión Especial para el Establecimiento de la Paz y la Normalidad en la República Dominicana rindió su primer informe. En este destacan las terribles condiciones existentes en Santo Domingo y la necesidad de contar con médicos, enfermeras, alimentos, medicinas y equipos médicos; asegurar la cloración del acueducto, desarrollar una campaña contra moscas e insectos, y la recolección y eliminación de la basura. Su diagnóstico indicaba que se debía auxiliar a 40 mil familias, equivalentes a unas 200 mil personas.

Para mitigar estas necesidades se creó el programa Operación Socorro, concebido con fines supuestamente humanitarios, cuando en realidad se trataba de una misión política con carácter injerencista. Entre los aspectos que dicha Operación debía prestar atención estaban la colaboración en asuntos médicos y personal paramédico, medicamentos, alimentos, pago de los sueldos a los servidores públicos y presentar un plan para la recuperación de la economía. Parafraseando los versos de la puertorriqueña Lola Rodríguez Tió: con este programa, los dominicanos recibirían flores y balas en el mismo corazón, como las recibidas por Puerto Rico y Cuba desde la segunda mitad del siglo XIX.

La ejecución de esta Operación estuvo a cargo de un comité coordinador en el que estuvieron representadas la Organización Sanitaria Panamericana, la Secretaría de Salud Pública, la AID, CARITAS (asociada a Catholic Relief Services), el Servicio Social de Iglesias Dominicanas, CARE, la Cruz Roja Dominicana, la Cruz Roja Internacional y la OEA. Su primer resultado fue en el área de la salud, con la llegada en julio de un personal médico a su servicio, cuya procedencia era la siguiente:

Procedencia

 Médicos

Enfermeras

Argentina

8

-

Brasil

4

3

Estados Unidos

5

8

Guatemala

3

-

Panamá

5

10

Venezuela

6

14

Total

31

35

Fuente: Docs. OEA. Informe Operación Socorro, Santo Domingo, 1/7/1965. (DOC. 827/852, archivo hlm).

Gracias a este programa, para las partes en conflicto, el país recibió antibióticos, sueros, dextrosa, antidiarreicos, vacunas anti varicosas y antitíficas, aspirinas, jeringuillas, esponjas, placas de rayos x, algodón, gasa, y otros productos. Mas, su volumen era escaso si se compara con las emergencias a mitigar y con la estabilidad de los países donantes: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, México, Venezuela, Puerto Rico y Francia. En sí, más que una ayuda, era una migaja. Más lamentable aún, las enfermeras y médicos que llegaron regresaron en tiempo breve a sus países.

En cuanto al programa de alimentos, Panamá y Perú aportaron víveres; y desde Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Estados Unidos,


Guatemala y México llegaron varias toneladas de frijoles, maíz, arroz, harina de trigo y de maíz, aceite, leche en polvo, bulgur (especie de trigo) y mantequilla. Se calcula que se distribuyó alimentos a unas 475 mil personas en mayo, 160 mil en la capital y 250 mil en el interior para julio. La iglesia Paz y Bien, ubicada en el ensanche Ozama, y el Colegio Santo Domingo (dentro de la zona de seguridad), por orden de la Nunciatura, estuvieron entre los centros más concurridos para la obtención de medicinas y alimentos. Las expectativas de normalización de la situación llegaban a septiembre.[43] Al 9 de junio, los gastos de la Operación Socorro ascendían a 196,000 dólares.

El pago de los sueldos a los empleados públicos fue contemplado por dicha Operación asumiendo las funciones de tesorero nacional. Con ese propósito dispuso de un fondo de seis millones de dólares aportados por Estados Unidos,[44] de los cuales, 3,2 millones correspondieron a un préstamo gestionado en la AID por el secretario general de la OEA. Dichos pagos beneficiaron casi con exclusividad a los empleados que estaban del lado del gobierno de Reconstrucción Nacional, que presidía el general Antonio Imbert Barreras. Estos recibieron sus sueldos el 15 de mayo. El pago correspondiente a la nómina de abril se llevó a cabo entre el 1 y el 18 de junio, a cargo del personal de la OEA, compuesto por los pagadores Ernesto Moreno, contador; Orlando García y José García Gianella. En el caso de la nómina de las Fuerzas Armadas, ascendente a 2,773.631, participaron en el pago, entre otros, el mayor Ricardo Merán, de El Salvador, el teniente Luis M. Villalona, de Nicaragua; los subtenientes hondureños Leonidas Torres y Cárdenas, y el teniente Hiram del Brasil.

En la tercera semana de junio, para depurar el pago correspondiente a ese mes teniendo como referencia el anterior, la OEA improvisó una oficina en la Secretaría de Finanzas. En esa ocasión solicitó a ambos gobiernos las nóminas a considerar, pero el coronel Caamaño, en calidad de presidente constitucional, y con la posición firme del ministro Héctor Aristy, se negó a seguirle el juego a los interventores. Jottin Cury señaló que esta iniciativa era improcedente porque la Sexta Conferencia Interamericana, celebrada en La Habana en 1928, prohibía a un Estado o grupo de estados conceder ayuda en el caso de guerra civil a cualesquiera de las partes contendientes.[45]

No obstante, el programa no se detuvo. Días después se creó un Comité de Finanzas en el que estaban representados el Negociado del Presupuesto, la Secretaría de Estado de Finanzas y la OEA, señal de que sus funciones iban más allá del pago de nóminas. El plan siguiente apostaba a la recuperación de la economía, pues la injerencia llegaba a todas las entidades financieras del país.

La Guerra de Abril de 1965 tuvo efectos inmediatos en la encomia nacional debido a la disminución de las actividades productivas, particularmente en la Capital, Santiago y en las comunidades productoras de azúcar, arroz y varios rubros menores. Esta situación provocó la suspensión de un número elevado de trabajadores y la reducción de la demanda efectiva por la caída del ingreso, limitando bastante la iniciativa de inversión del sector privado.[46]

Los efectos de la desviación de la dinámica que debía seguir la economía provocaron la reacción inmediata de sus principales actores. Como muestra, destaca la carta enviada el 28 de mayo por los ejecutivos de la Fábrica de Mosaicos Tavárez a José Mora, al secretario general de la OEA, en el marco de las atribuciones de la Operación Socorro. En dicha misiva, daban cuenta de que procederían al despido de sus trabajadores porque su empresa carecía de efectivos, ventas y cobros, y le reiteraban que los efectos de la guerra provocaban un ambiente de miseria que estimulaba el crecimiento del comunismo.

En iguales términos, a mediados de junio, Daniel Espinal, presidente de la Cámara de Comercio, Cultura e Industria de Santiago, solicitó al secretario general de la OEA la ejecución de medidas contra la inseguridad, la disminución del consumo de la población y las restricciones de crédito impuestas por los bancos, cuyo efecto mayor podría ser la paralización del desenvolvimiento económico porque implicaba la disminución del dinero circulante.[47] De no prestar atención a esas demandas, continuaba el señor Espinal, llegaría a corto plazo un deterioro general de todas las fuerzas del país.

También se le exigía honrar compromisos de Estado, como el caso de la Compañía de Ingenieros Contratistas Espaillat y Espaillat, demandante del pago de casi medio millón de pesos adeudados por trabajos realizados para el acceso a la Presa de Taveras.

En interés de dar respuesta a estas y otras demandas, se formó un Comité de Coordinación compuesto por técnicos de la OEA, el BID y la CEPAL. Basado en los datos ofrecidos por la Dirección General de Estadística y los Censos del Departamento de Investigaciones económicas del Banco Central, en algunos casos cuestionables; luego de estudiar las variables que afectaban el curso social, político y económico del país, dicho comité propuso, entre otras, las recomendaciones siguientes:

-      Gestionar el aumento de la cuota de exportación de azúcar;

-      Reducir el presupuesto de las Fuerzas Armadas, que para 1965 representaba el 40% de presupuesto nacional, imitando la experiencia del trujillismo;

-      Atender las demandas del crédito agrícola, ganadero, industrial y comercial;

-      Mejor los servicios agrícolas;

-      Desarrollar un programa de obras públicas: reparación y limpieza de canales de riego, apertura de caminos vecinales, construcción

de almacenes, frigoríficos y construcción de viviendas para familias de bajos ingresos;

-      Agilizar los préstamos para capital de trabajo; - Realizar pagos nóminas atrasadas;

-      Crear un fondo de emergencia para la reanudación de las actividades productivas; y

-      Procurar una atención especial por parte de la Alianza para el Progreso.[48]

Los hechos indican que buena parte de estas recomendaciones no quedaron en el papel, pues fueron integradas a los planes y ejecutorias del gobierno de los Doce Años, presidido por Joaquín Balaguer desde 1966 hasta 1978. La Fuerza Interamericana de Paz

Con el pretexto de que la solución de la crisis que afectaba a República Dominicana era una responsabilidad “hemisférica”, Estados Unidos presionó por la creación de la Fuerza Interamericana de Paz (FIP), y logró su aprobación en la tercera sesión plenaria de la Décima Reunión de Consulta, el 6 de mayo de 1965. Para su composición, los estados miembros de la OEA debían aportar contingentes terrestres, navales, aéreos y de policía. La FIP fue aprobada con el mínimo de 14 votos. Chile, Ecuador, México, Perú y Uruguay, por respeto al principio de no intervención, votaron en contra. Como se sabe, Venezuela se abstuvo en la votación. En su edición del 6 de junio de 1965, el diario puertorriqueño El Mundo, destacó que el discurso de rechazo a la creación de esta Fuerza del embajador uruguayo Emilio Oribe duró una hora, y que, por lo incontrastable de su contenido, Ellsworth Bunker, embajador estadounidense, abandonó la sesión.

El funcionamiento y mantenimiento de la FIP estuvo a cargo de una comisión compuesta por los delegados de Brasil, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Honduras y Nicaragua. Más que lograr un clima de paz en Santo Domingo, con la FIP se perseguía compartir la presencia militar y diplomática directa de los Estados Unidos en el país, para romper con el carácter unilateral de la invasión militar iniciada el 28 de abril y legalizar su violación de la soberanía dominicana. Como parte del camuflaje, se designó al general brasileño Hugo Panasco Alvim, como comandante de la FIP, y al general norteamericano Bruce Palmer, como subcomandante, especie de poder detrás del trono. Las primeras tropas en llegar consistieron en 1,152 hombres de Brasil, 250 de Honduras, 178 del Paraguay, 159 de Nicaragua, 21de Costa Rica y 3 de El Salvador, sumados a los 42 mil aprobados por el presidente Johnson. Muchos llegaban con la consigna: guerra al comunismo, y apoyo a los generales leales.

A pesar de que por momentos la falta de acción llenaba de preocupación a los comandantes de la FIP, en las Memorias del coronel paraguayo Cubas Barboza se establece que estos eran conscientes de que su formación no tenía “agarradero jurídico” ni justificación, que su éxito salvaría a la OEA de la ruina y de que, entre otros avances, debían:

-      Restaurar la paz en Santo Domingo;

-      Ahondar las diferencias entre los constitucionalistas divididos en moderados y extremistas, ofreciéndoles asilo político;

-      Contribuir a la instalación de un gobierno provisional no controlado por las fuerzas armadas;

-      Evitar que las diferencias entre las fuerzas leales llegaran a la confrontación armada;

-      Rechazar la designación de Luis Muñoz Marín, José Figueres y Rómulo Betancourt como mediadores en el conflicto por su apoyo al retorno de Juan Bosch a la presidencia de la República;

-      Superar las ventajas que tenían los soldados constitucionalistas frente a los leales;

-      Evitar el reingreso de los rebeldes a las Fuerzas Armadas:

-      Apoyar a los Estados Unidos en su esfuerzo contra la expansión del comunismo.[49]

Bosch restó fuerza moral a las tropas de la FIP. Sentenció que los dominicanos no olvidarán el batallón de la Nicaragua de Anastasio Somoza, emulador de Trujillo; que incluyen la soldadesca del dictador paraguayo Stroessner, y de su par hondureño Arellano López, que son una especie de Wessin y Wessin.[50] Por el peso de la intervención, expresó con pesar: Yo he perdido a mi patria. Pero Estados Unidos ha perdido el derecho a hablar de democracia a las pequeñas naciones.

Por un gobierno provisional

En la sesión plenaria del 2 de junio de 1965, la Décima Reunión de Consulta aprobó la creación de una Comisión Ad-Hoc con la misión de establecer las condiciones para lograr la paz, restablecer el orden democrático, impulsar la recuperación económica y orientar el trabajo de la FIP en el país. Esta fue presidida por Ells Bunker, embajador de Estados Unidos, acompañado de Ilmar Penna Marinho (Brasil) y Ramón de Clairmont Dueñas (El Salvador). Se afirma que mientras Bunker trabajaba, Marinho y Dueñas hacían turismo. México y Uruguay rechazaron este nuevo órgano de la OEA; mientras que Venezuela se abstuvo de votar para su aprobación por considerar que con esta comisión Estados Unidos pretendían instalar un gobierno títere en la República Dominicana.[51]

Para atender las convocatorias de la Comisión Ad-Hoc, el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, reconocido como presidente constitucional, presidió una comisión negociadora compuesta por Héctor Aristy, ministro de la Presidencia; Jottin Cury, secretario de Relaciones Exteriores; Salvador Jorge Blanco, procurador general de la República; Aníbal Campagna, presidente del Senado; y Antonio Guzmán Fernández. Por la OEA participaron José A. Mora, su secretario general, y los embajadores Ilmar Penna Marinho (Brasil),

Ellsworth Bunker (Estados Unidos).[52]

El primer ciclo de reuniones fue celebrado entre el 10 de junio y el 8 de julio de 1965. Para los constitucionalistas, la prioridad del debate debía ser la defensa de la reposición de la Constitución de 1963 y el respeto a los derechos del pueblo, mientras que la OEA, con el embajador Bunker como primera figura, asumió sin reservas la defensa de los militares conservadores a las órdenes del general Imbert Barreras y los mandos subalternos. En la tercera reunión, celebrada el 30 de junio, el presidente Caamaño planteó el reingreso de los militares constitucionales con sus rangos y la salida del país de la Fuerza Interamericana de Paz. Por su parte, el embajador Bunker exigió el aislamiento de los militantes del Movimiento Revolucionario 14 de Junio por ser comunistas, según él; y defendió la necesidad de elegir un gobierno provisional con la aprobación de ambas partes, basado en el sistema presidencial, pero sin vicepresidente.[53]

El embajador de los Estados Unidos explicó que la persona a elegir como presidente provisional no podía estar vinculada a ninguno de los bandos en pugna; debía tener habilidad, competencia y experiencia; y ser conocida en el país y en el extranjero. Presentó como la persona más indicada a Héctor García Godoy, pero, dada su condición de pariente de Ramón Cáceres Troncoso, miembro del Triunvirato, fue rechazado por Héctor Aristy y el resto de la comisión dominicana.

Como desmonte al perfil señalado por Bunker, quizá como sarcasmo, Jottin Cury agregó que había visto a su candidato por primera vez apenas hacía unas horas. Sin embargo, los constitucionalistas no lo objetarían como vicepresidente si Antonio Guzmán Fernández ocupaba la presidencia por su cercanía con sectores de poder los Estados Unidos. El plan Guzmán había sido discutido en mayo con Juan Bosch en Puerto Rico.[54] Este incluía la instalación de un gobierno de Concordia Nacional, vigente hasta febrero de 1967, fecha en que concluiría el gobierno de Bosch; la designación de militares neutrales para marcar distancia con los constitucionalistas, pero su punto contradictorio era la persecución y deportación de los líderes del comunismo, lo cual reñía con la Constitución de 1963. Para el embajador Bundy, Guzmán era bueno, pero débil.

En las reuniones celebradas los días 1, 5, 6 y 7 de julio, al ser rechazado su candidato Antonio Guzmán, los constitucionalistas propusieron a Virgilio Díaz Grullón, Salvador Sturla hijo, Homero Hernández Almánzar, Eduardo Read Barreras, Rafael Alburquerque Zayas Bazán, Félix Goico y a Marcelino Vélez Santana. Contra esta lista, Bunker mantuvo a Héctor García Godoy como su candidato, no tuvo otro, confirmando así que se trataba del candidato de los Estados Unidos.[55] Su rechazo a los demás resultaba humillante, pues entendía que unos carecían de la experiencia y la altura necesarias, otros no contaban con estatura ni carácter y, los menos, podían calificar para la vicepresidencia o el cargo de ministro.

La rigidez del embajador Bunker llevó al coronel Caamaño a convocar una reunión ampliada con el propósito de escuchar las fuerzas políticas que apoyaban el regreso al orden institucional. La misma se llevó a cabo el 8 de julio y tuvo como invitados a Arévalo Cedeño Valdez, presidente de la Cámara de Diputados; Andrés Lockward, por el Partido Revolucionario Social Cristiano; Ramón Gabriel Ledesma Pérez, por el Gabinete Ministerial Constitucionalista; Juan B. Mejía hijo, por el IJ4; Pablo Rafael Casimiro Castro, por el Senado de la República; teniente coronel Juan María Lora Fernández, por el Estado Mayor del E.N. y José Francisco Peña Gómez, por el Partido Revolucionario Dominicano.

Ante la Comisión Negociadora ampliada, en nombre del Gobierno Constitucional, Salvador Jorge Blanco planteó la inflexibilidad de los Estados Unidos en cuanto a la aceptación de un gobierno provisional a su estilo o correr la suerte de los efectos que traería la radicalización de la guerra. Expresó que el mando constitucionalista no tenía objeción en aceptar el binomio García Godoy como presidente y Eduardo Read Barreras como vicepresidente, pero que debía escuchar si la aceptaban o no.

Luego de las argumentaciones de lugar, las delegaciones de los partidos Revolucionario Social Cristiano y del 1J4 rechazaron la fórmula referida; el coronel Juan M. Lora Fernández no votó por su condición de no deliberante. Votaron sí, los representantes del Senado, de la Cámara de Diputados y los comisionados del Gabinete Ministerial Constitucionalista.

El cuarto voto aprobatorio de la fórmula García Godoy - Read Barreras fue el de José Francisco Peña Gómez, en nombre del PRD. Antes de votar, expuso de forma brillante y lleno de valor. Tenía la percepción o el convencimiento de que cambiar el arbitraje de la OEA por el de Naciones Unidas daba igual, pues ambos organismos obedecían los dictámenes de los Estados Unidos; de que había bajado la moral de los combatientes constitucionalistas y que el cansancio se apoderaba del pueblo, disminuido por el ambiente de guerra, las atrocidades del Gobierno de Reconstrucción Nacional, el impacto de los ataques a la zona constitucionalista realizados por las tropas interventoras entre el 15 y el 17 de junio, el hambre, la falta de techo y de los robos cometidos por los famosos “incontrolables”.

Ante la dirección militar de la guerra, Peña Gómez expresó que la situación demandaba poner los principios primero y los hombres después; que no era posible hurgar en el pasado porque no hay dominicano inmaculado, y recordó que San Pablo persiguió a Cristo antes de ser el primero de los Apóstoles. Recurrió a este argumento para decirles a los asambleístas que no veía diferencias entre García Godoy y los postulados por la Comisión Negociadora local, que son linajudos e hijos, pero no necesariamente responsables del pasado. En su oratoria vibrante, expresó: Ahora valen los principios, no los hombres ni su procedencia.[56]

En tal virtud, dijo sí a un gobierno provisional que debía comprometerse a respetar las libertades públicas, ordenar el regreso de todos los exiliados, respetar la libertad ideológica, mantener la soberanía nacional, reintegrar a los militares constitucionalistas respetándoles sus rangos, garantizar la participación electoral a todos los partidos políticos y sacar del país a la Fuerza Interamericana de Paz. A sus demandas se agregaron la salida de los marines yanquis, de la OEA y sus mecanismos injerencistas.

Héctor García Godoy:  presidente provisional de la República

Las desventajas descritas por Peña Gómez y reconocidas por la comisión negociadora llevaron a los constitucionalistas a pactar con la Comisión Ad-Hoc. Sin contar la firma del general Imbert Barreras, quien había renunciado al Gobierno de Reconstrucción Nacional; el 31 de agosto se firmó el Acta de Reconciliación Dominicana elaborada entre julio y agosto por los constitucionalistas Arévalo Cedeño Valdez, Marcelino Vélez Santana, Emilio Rodríguez Demorizi y otros. El doctor Salvador Jorge Blanco, en calidad de procurador general de la República, coordinó la orientación jurídica del documento acompañado de Froilán Tavárez y Julio F. Peynado.[57] Su contenido abarcaba 55 artículos, no 10 como pretendía la Comisión Ad-Hoc, y un preámbulo referido al restablecimiento de la democracia. En el papel, se reiteraban elementos esenciales de la Constitución de 1963, pero en los hechos, el desempeño del presidente García Godoy resultó su negación.

Aceptada el Acta de Reconciliación, el 3 de septiembre, las partes en conflicto dieron paso a la instalación de Héctor García Godoy como presidente provisional. Mientras se juramentaba, unos quince mil combatientes y simpatizantes constitucionalistas se concentraron en la Fortaleza Ozama convocados por el coronel Caamaño Denó. A modo de cierre de su discurso, este “hizo alzar las manos a todos y juraron luchar hasta desalojar a las tropas invasoras, para que vuelvan a ser respetados los derechos ciudadanos y humanos; por el reino de la democracia, la libertad y la unidad en el pueblo dominicano. Ninguna referencia al gobierno provisional, ni contra el comunismo.63 Quedaba claro que Caamaño y sus seguidores no renunciaban a la causa, simplemente, la aplazaban.

El primer paso del presidente García Godoy fue la designación en los altos mandos militares de oficiales fieles al general Imbert Barreras. De ese modo, Rivera Caminero ocupó la secretaría de las Fuerzas Armadas, Martínez Arana, la jefatura de Estado Mayor del Ejército Nacional; De los Santos fue el jefe de Estado Mayor de la FAD, Jiménez Reyes, ocupó el mismo cargo en la Marina de Guerra y Despradel Brache ocupó la jefatura de la Policía. El coronel Cubas Barbosa informó a sus superiores que por iniciativa de los altos mandos de la FIP, el general Wessin y Wessin, tras rechazar la designación como embajador o agregado militar, se vio forzado a deponer su resistencia al gobierno provisional y a salir del país rumbo a Panamá. Era un final poco digno para el jefe del Centro de Enseñanzas de las Fuerzas Armadas (CEFA), querido por las tropas que formara y odiado por el pueblo por sus ataques contra los rebeldes de la revolución de abril.[58]

Libre de mayores obstáculos militares, García Godoy inició un gobierno despótico como reflejo de que carecía de apoyo popular. Siguiendo las órdenes de las fuerzas interventoras, permitió el acoso de los militares constitucionalistas por la FIP, les impidió el regreso a los cuarteles, estimuló la politización de las Fuerzas Armadas, reprimió el desempeño de los sindicatos y de las agrupaciones profesionales, y permitió la entrega de armas de fuego de manera selectiva a los servidores públicos.

En ese ambiente de fuerza, el 1 de junio de 1966, fueron celebradas las elecciones nacionales, vía del ascenso y permanencia de Joaquín Balaguer hasta 1978 en la presidencia de la República. Tiempo suficiente para neutralizar o sacar de circulación a los protagonistas del bando constitucionalista de la Revolución de Abril y para la renovación de ciertos métodos del trujillismo que, tanto ayer como hoy, se resisten a morir.

Como abono a lo dicho, la Décima Reunión de Consulta de la OEA celebró la sesión plenaria de clausura, la número 26, el 24 de junio de 1966; trece meses después de la primera, a finales de abril de 1965. Ninguna otra Reunión de Consulta ha durado tanto. En la ocasión, con Galo Plaza como secretario general, el gobierno provisional solicitó la salida del país de la FIP en un plazo de 90 días y el inicio del retiro de los interventores estadounidenses antes del primero de julio, fecha en que Balaguer, en su compañía, tomaría juramento como presidente de la República. Un nuevo mandatario modelado al estilo de Estados Unidos se adueñaba de la presidencia de la República.

Epílogo

En marzo de 1947 el presidente Harry Truman expresó en sesión conjunta del Congreso, que Estados Unidos debía dar una respuesta vigorosa a las pretensiones de expansión del régimen socialista liderado por la Unión Soviética. Sus palabras fueron tan bien recibidas, que sin demora se convirtieron en doctrina de la seguridad nacional, cuya aplicación en América significó la frustración por la fuerza militar de los movimientos de reformas liberales conocidos desde 1940.

Con el pretexto de que debía frenar el comunismo, entre 1950 y 1962, Estados Unidos se dedicó a planear y financiar golpes de Estado militares en el continente. En ese contexto, en 1952 se instalaron Fulgencio Batista y Marcos Pérez Jiménez, como respectivos dictadores de Cuba y Venezuela. Al año siguiente, el general Gustavo Rojas Pinilla hizo lo mismo en Colombia, y en 1954, el general Alfredo Stroessner se adueñó de la presidencia de Uruguay hasta 1989; mientras que, Carlos Castillo Armas, ayudado por la Décima Conferencia Panamericana y por Rafael Leonidas Trujillo, destronaba por las armas al presidente Jacobo Arbenz, en Guatemala. Esta serie de golpes de Estado también afectó a Honduras (1956 y 1963), a El Salvador (1960-1961), en Argentina (1962) y en Perú (1962-1963).

En ese contexto, tras el asesinato de Trujillo, se inició la transición hacia la construcción del sistema democrático en República Dominicana. En el nuevo escenario político dominicano incidían los que deseaban recomponer el trujillismo, los que viviendo en el país no pudieron expresar con libertad sus inclinaciones políticas y los que regresaron al país luego de un largo exilio. El rechazo a los primeros por su compromiso con el pasado, y a los segundos por la inexperiencia en la lucha política, facilitó el triunfo de Juan Bosch y el Partido Revolucionario Dominicano en las elecciones celebradas el 20 de diciembre de 1962.

Sin que fuera sorpresa, los diseñadores de la política de los Estados Unidos para la región no tardaron en acusar de comunista al nuevo gobierno por su sello liberal y nacionalista en provecho, como expresara Bosch al asumir la presidencia de la República, de la paz social y la justicia económica. Bastaron siete meses para que el país fuera parte de los golpes de Estado señalados, pues, con el pretexto de evitar una nueva Cuba en el Caribe, integraron un plan golpista con los mandos militares, la jerarquía de la Iglesia católica y la oligarquía.

El golpe contra el gobierno constitucional fue consumado en la madrugada del 25 de septiembre de 1963, dando paso al gobierno del Triunvirato. Su desempeño fallido aceleró el desembarco en el país de marines estadounidenses ordenados por el presidente Johnson con el fin de impedir el triunfo del contragolpe militar constitucionalista del 24 de abril de 1965. La magnitud de esos hechos permite inferir que la deposición de Bosch cambió el curso de los acontecimientos que habrían de conducir al disfrute de la democracia en el país.

Para enmendar el error de la acción unilateral de Johnson, quien veía el principio de no injerencia en los asuntos de otro Estado como letra muerta, su gobierno apoyó la convocatoria de la Décima Reunión de Consulta para que la OEA arbitrara la crisis y lograra la tranquilidad en el país. Pero, a decir de Joaquín Balaguer, la demora de sus acciones hizo tanto daño al país como la guerra misma.[59] Su labor era lenta porque debía esperar las señales de Tapley Bennett y Ellsworth Bunker, respectivos embajadores de Estados Unidos en la República Dominicana y en la OEA; indicativo de que este organismo no tenía autoridad ni poder de decisión, y de que su actuación parcializada descubría su debilidad e incompetencia.

El desembarco de marines en Santo Domingo había sido un hecho medio siglo antes, en el marco de la Primera Guerra Mundial, en su política interna. Según las conclusiones de Sam Halper, especialista en asuntos latinoamericanos, Estados Unidos ganó el descrédito de los liberales y demócratas del continente por preferir a los militares en lugar de las figuras civiles democratizantes, por la obsesión de ver el comunismo hasta en la sopa y por obedecer al pánico enfermizo del embajador Bennett.[60]

Los creadores de opinión como Sam Halper, el senador por Ohio, Frank J. Lausche, y los principales diarios estadounidenses, por diferentes vías consideraban errática la intervención de Estados Unidos en el país, la solidaridad con la causa dominicana y contra la acción unilateral norteamericana. Como muestra figuran el reconocimiento de admiración y respeto por el pueblo dominicano expresado por Fidel Castro; la crítica del presidente venezolano Raúl Leoni, vigoroso demócrata y amigo de los Estados Unidos, la censura del canciller mexicano Carrillo Flores y la posición del Partido de Liberación Nacional de

Costa Rica, contra la intervención.[61]

Puerto Rico también dijo presente en esta línea de la solidaridad con República Dominicana. A casi dos semanas del desembarco de marines, catorce legisladores puertorriqueños solicitaron por escrito el restablecimiento del gobierno constitucional al presidente Johnson. A juicio del académico puertorriqueño Jaime Benítez, esta petición tenía sentido por el carácter precipitado de la acción estadounidense en Santo Domingo. La solidaridad con el pueblo dominicano se tornó más vigorosa con el apoyo expresado por Rómulo Betancourt, José Figueres, Luis Muñoz Marín y otros líderes del continente.

En su edición del 5 de junio, el diario El Mundo sostuvo que, en términos partidarios, la Junta Orgánica de la Vanguardia Popular de Puerto Rico, rechazó y condenó enérgicamente la forma en que se obstaculizaba el restablecimiento de la democracia en Republica Dominicana por fuerzas de la destronada dictadura de Trujillo, ayudadas por la unilateral intervención exterior que rigen la vida americana.

A pesar del respaldo mostrado al pueblo dominicano, la salida buscaba a la crisis que le afectaba a partir del golpe de Estado del 25 septiembre del 63 y del contragolpe constitucionalista del 24 de abril del 65, resultó la reedición del esquema de control impuesto en la región en los tiempos del big stick, de la diplomacia del dólar y de la “diplomacia moral”, ejecutadas respectivamente por los presidentes Theodore Roosevelt, William Howard Taft y Woodrow Wilson. En el caso dominicano, a su salida en 1924, Estados Unidos dejó en Palacio a Horacio Vásquez, proscenio de la instalación de la dictadura de Trujillo; y al simular su segunda salida en de julio de 1966, dejó instalado el régimen contrarrevolucionario de Joaquín Balaguer, espacio casi exclusivo del neotrujillismo.

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[2] Edwin Simmons, “Rememorando a Trujillo y Ramfis, Análisis y testimonios sobre la gesta patriótica de 1965”, en: Guerra de Abril: Inevitabilidad de la historia, T. II, (Santo Domingo: Editora Búho, 2017), 479.

[3] Simmons, “Rememorando a Trujillo y Ramfis…,” 501.

[4] Juan Ricardo Hernández, “Del Consejo de Estado al Triunvirato”, en: Historia General del Pueblo Dominicano, las últimas décadas, Tomo VI (Santo Domingo: Academia Dominicana de la Historia, 2018), 53-54.

[5] Hernández, “Del Consejo de Estado al Triunvirato”.

[6] Rafael Pérez Modesto, Vivencias de un guerrillero (Santo Domingo; Editora Búho, 2007), 55. El autor fue un dirigente nacional del Movimiento Revolucionario 14 de Junio, acompañante de Manuel Aurelio Tavárez Justo

[7] José del Castillo Pichardo, “UCN: Eclosión Libertaria”, portada del periódico Diario Libre. https://www.diariolibre.com. Viernes, 2 de junio de 2023.

[8] Rafael Molina Morillo. “Historia de un mes trágico”, 4-16.

[9] Juan Bosch, Discursos Políticos, tomo I, (Santo Domingo: Presidencia de la República, 1998), 85-90. 13 Periódico El Caribe, 4 de enero de 1963.

[10] Aura Celeste Fernández, Constitución de 1963, 40 años después: vigencia y perspectiva (Santo Domingo: UNIBE, 2004), X-XI.

[11] Héctor Lachapelle Díaz, “Aprestos organizativos de la Gesta”, en: Guerra de Abril: Inevitabilidad de la Historia. Textos del seminario sobre la Revolución de 1965.Vol XX. (Santo Domingo: Editora Búho, 2017), 67.

[12] Miguel Guerrero, “El golpe de Estado contra el gobierno del profesor Juan Bosch”, periódico digital Acento. com.

[13] Cándido Gerón, “Balaguer, Juan Bosch y Sacha Volman”, Sección Historia, periódico digital Acento.com.

[14] Rafael Molina Morillo. “Historia íntima de cómo se desarrolló el golpe militar”, revista Ahora, número 0044, noviembre de 1963, 6-8 y 56-57.

[15] Ibid.

[16] Resumen realizado de la edición extra de El Caribe, publicada el 25 de septiembre de 1963.

[17] Revista Ahora, “Comunicado al país”, Año XI, Núm. 515, 32-33.

[18] Guerrero, “El golpe de Estado…”

[19] Revista Ahora, “La prensa y el golpe”, Año XI, Núm. 515, 34.

[20] Franklin Franco Pichardo, Historia del pueblo dominicano (Santo Domingo: Sociedad Editorial Dominicana, Editora Taller, 1993), 625.

[21] Enciclopedia Ilustrada de la República Dominicana, “De la inestabilidad a la Guerra Civil”, 238-242.

[22] Lachapelle Díaz, “Aprestos organizativos de la Gesta”…, 65.

[23] José Antinoe Fiallo Billini, Pensamientos sociales y procesos sociohistóricos, tomo II, (Santo Domingo: Editora Corripio, 2021), 56.

[24] “¿Se cae el Triunvirato”? Revista Ahora, Año II, Núm. 0058, sección Flash, 20 de abril de 1964, 4-12.

[25] Miguel Hernando Ramírez, “Pormenores organizativos de una conspiración”. Guerra de Abril: Inevitabilidad de la historia, (Santo Domingo: Editora Búho, 2017), 175.

[26] Lachapelle Díaz, “Aprestos organizativos de la Gesta”…, 66.

[27] Rafael A. Yege Arismendi, “Del 24 al 28 de abril, el desarrollo de la contienda”, en: Guerra de Abril: Inevitabilidad de la historia, (Santo Domingo: Editora Búho, 2017), 102.

[28] Simmons, Simmons, “Rememorando a Trujillo y Ramfis…,”, 509.

[29] Manuel Ramón Montes Arache, “La formación de los comandos y su rol en el conflicto”. Guerra de Abril: Inevitabilidad de la historia (Santo Domingo: Editora Búho, 2017), 279-286.

[30] Bartolomé Benoit, “Comienzo y desarrollo de la contienda de Abril vista desde San Isidro”, en: Guerra de Abril: Inevitabilidad de la Historia. Textos del seminario

[31] Franco Pichardo, Historia del pueblo dominicano…, 646.

[32] El Mundo, 28 de mayo de 1965.

[33] El Mundo, 28 de mayo de 1965.

[34] Tad Szulc, Diario de la Guerra de Abril (Santo Domingo: Academia Dominicana de la Historia, / Editora Búho, 2014), 93.

[35] Juan Bosch, Declaraciones ofrecidas el 24 de julio de 1965, y reproducidas el 15 de agosto por The San Juan Star, con el título: ¿Por qué no retornó? Archivo Luis Muñoz Marín, cartapacio 126, San Juan Puerto Rico.

[36] Portada periódico El Mundo, 26 de abril de 1965. Archivos de Luis Muñoz Marín, San Juan Puerto Rico, cartapacio 113.

[37] Szulc, Diario de la Guerra de Abril…, 132.

[38] Héctor Luis Martínez, “Ponderación del Documento: El Pacto del Caribe”. Sección Nacional del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, (revista Historia, año I, Núm. 1, Santo Domingo; Editora Búho, 2007), 63.

[39] Doc. Oficiales OEA, 1965. Washington, D.C. OEA/Ser. C/II.10. Informe plenarias de la Décima Reunión de Consulta.

[40] Doc. Oficiales OEA, 1965…

[41] Carlos J. Villar Borda, “Cancilleres de la OEA convocan reunión,” periódico El Mundo, San Juan, Puerto Rico, 1/5/65, Archivo Luis Muñoz Marín, cartapacio 115.

[42] Washington, D.C. Informe Anual del Secretario General OEA, 1964-1965, 4.

[43] Washington, D.C. Informe Anual del Secretario General OEA, 1964-1965, 4.

[44] El Mundo, 29 de mayo de 1965. Cartapacio 125, Archivo Luis Muñoz Marín, San Juan Puerto Rico.

[45] Salvador Jorge Blanco, Guerra, Revolución y Paz (Santo Domingo, Editora Corripio, 2003), 148.

[46] Informe Comité de Coordinación OEA/BID/CEPAL/ CCS-33, 26/5/1965. (Docs. 910/925, archivo hlm).

[47] Informe Comité de Coordinación OEA/BID/CEPAL/ CCS-33, 26/5/1965.

[48] Informe Comité de Coordinación OEA/BID/CEPAL/ CCS-33, 26/5/1965.

[49] Roberto Cubas Barbosa, Memorias, 75 ss.

[50] Juan Bosch. Declaraciones ofrecidas el 24 de julio de 1965, reproducidas el 15 de agosto por The San Juan Star, con el título: ¿Porqué no retornó? Archivo Luis Muñoz Marín, cartapacio 126, San Juan Puerto Rico.

[51] Luis Dallanegra, Relaciones internacionales, política e integración, Estados Unidos-América Latina, (Buenos Aires. En: https://www.uisdallanegra.bravehost.com), 14.

[52] Estas reuniones contaron con los servicios taquigráficos de Víctor Bordas Valdez, y se desarrollaron en el Salón de Conferencias del edificio Copello, sede del Gobierno Constitucional. Sus actas fueron editadas y publicadas en 2007 por la Comisión Permanente de Efemérides Patrias con el título: Caamaño frente a la OEA.

[53] Caamaño Frente a la OEA, Posición de la Comisión AdHoc de la OEA, 58.

[54] Piero Gleijeses, La esperanza desgarrada (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 2011), 432.

[55] García Godoy ocupaba el cuarto lugar en una lista de dominicanos presidenciables hecha en 1960 por William Douglas Pawley como parte de un plan de los Estados Unidos para eliminar a Fidel Castro y a Trujillo, pero el fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos en abril de 1961 frustró dicho plan. Según dicha lista, los demás presidenciables eran Salvador Ortiz, Pedro Augusto Lora, Milton Messina, Juan Contín, Fernando León, Alejandro Grullón, Julio Peynado, Manuel Tavárez, Guaroa Ginebra, Polibio Díaz, José Armenteros, Rafael Jorge y Silvestre Alba de Moya. Más detalles en: Víctor Grimaldi: Golpe y Revolución…, (Santo Domingo, Editora Búho, 2016), 421-432.

[56] José Francisco Peña Gómez, “Disertación presentada ante la Comisión Negociadora Constitucionalista”, en: Caamaño Frente a la OEA. (Santo Domingo: Editora Búho, 2015), 123-128.

[57] Jorge Blanco, Guerra, Revolución y Paz …, 156. 63 Cubas Barbosa, Memorias…, 106.

[58] Cubas Barbosa, Memorias…, 110.

[59] Víctor Gómez Bergés, Verdades ocultas del gobierno de Juan Bosch y de la Guerra de Abril (Santo Domingo, Editora Corripio, 2001), 498-499.

[60] José Arsenio Torres, El Mundo, 17 de mayo de 1965, 18.

[61] Drew Person. “Reacción por acción unilateral de EE. UU. en RD”. Portada periódico El Imparcial.