La tendencia anexionista como constante en la política dominicana del siglo xix

1. La República Dominicana se debate  entre la independencia y la anexión

La “Manifestación de los pueblos de la parte del este de la isla antes Española o de Santo Domingo, sobre las causas de su separación de la República haitiana” es considerada por la historiografía dominicana como el acta de independencia, o más bien, el acta de separación, que dio origen a la proclamación de la República Dominicana. El principal autor de este texto, junto con Francisco del Rosario Sánchez, fue Tomás Bobadilla, a quien se debe la tendencia conservadora que se evidencia, entre otros factores, en el hecho de que el documento no contenga ninguna referencia explícita a la independencia. En su lugar aparece el término separación, invocado por los conservadores dominicanos, bien se tratase de afrancesados o bien de españolizados, mientras que el concepto de independencia constituía un elemento esencial del credo nacionalista de La Trinitaria^[1]. Esta era una sociedad secreta fundada por Juan Pablo Duarte en 1838 con el objetivo de crear un estado libre e independiente, que había de llevar por nombre el de República Dominicana.

El Manifiesto del 16 de enero de 1844 fue firmado también por algunas de las principales figuras del movimiento insurreccional, como Matías Ramón Mella y el ya mencionado Sánchez, quienes ostentaban la dirección de este debido a la ausencia de Duarte, que había salido del país para evitar ser arrestado por las autoridades haitianas. El acta de la separación establecía las características del estado en ciernes, que debía ser libre y organizarse sobre bases democráticas, tales como la prohibición de la esclavitud y la igualdad de los derechos civiles, así como el respeto a la propiedad privada y a la libertad de imprenta y de cultos. A pesar de la presencia de estos principios políticos propios del liberalismo, la falta de cualquier mención de la independencia revela que el liderazgo revolucionario “no estuvo en manos de los nacionalistas, quienes carecían de recursos económicos y de pertrechos militares para llevar a cabo airosamente el golpe separatista”. En efecto, fueron en realidad los conservadores quienes, desde que Duarte abandonó la isla a mediados de 1843, se hicieron con el control del movimiento revolucionario^[2]. Aunque este último grupo no renunciaba a su pretensión de obtener la protección de alguna nación fuerte sobre el estado que iban a constituir, la unión entre trinitarios y conservadores fue la que permitió el triunfo de la insurrección.

El pueblo dominicano comenzó sin duda a consolidar su independencia política a partir del 27 de febrero de 1844, con la proclamación de la República Dominicana. Fue ese el momento en que se realizaron los anhelos de un importante sector social, quizá todavía más bien circunscrito a la capital y las principales localidades, pero con ramificaciones en algunos grupos rurales, sobre todo en la región este del país. Inmediatamente después del 27 de febrero se organizó un gobierno provisional, bajo el nombre de Junta Central Gubernativa, presidido por Sánchez, quien al poco tiempo fue sustituido por Bobadilla. Esto vino a confirmar “un proceso social de desplazamiento de la preeminencia de los trinitarios por los conservadores, a pesar de mantenerse la necesidad de la alianza común por la amenaza haitiana y por los elementos que sumaba cada grupo”^[3].

Tras rechazar con éxito las primeras invasiones haitianas, comenzó la lucha por el poder entre los liberales encabezados por Duarte, que había regresado al país en marzo, y los conservadores acaudillados por el general Santana, lucha que se saldó claramente a favor de estos últimos, que expulsaron del país a los principales líderes trinitarios. El combate ideológico se centró en la consecución de una independencia completa, tesis defendida por el grupo nacionalista, el cual se enfrentaba a la supuesta conveniencia de recurrir a la protección de una potencia extranjera para obtener ayuda ante la amenaza haitiana. Esta fue esgrimida siempre como el mejor pretexto para justificar las gestiones llevadas a cabo en tal sentido, ya que los anexionistas o proteccionistas consideraban poco menos que inviable un estado propio, que pudiese mantener su independencia frente a los haitianos, que intentaron reunificar la isla por medio de varias invasiones, entre 1844 y 1856, sin conseguir su objetivo.

La postura tendente a establecer algún tipo de relación de dependencia determinó desde el primer momento la política exterior, e incluso interior, de la República Dominicana. En efecto, a partir del triunfo de la insurrección, las primeras gestiones llevadas a cabo por Bobadilla al frente de la Junta Central Gubernativa se encaminaron a presentar una propuesta de protectorado al cónsul de Francia en Santo Domingo. Bobadilla informó a Saint-Denis de que “la independencia se había precipitado para evitar el levantamiento de la población negra, que temía la vuelta de un gobierno europeo y el restablecimiento de la esclavitud”^[4]. Así pues, la andadura de la República Dominicana arrancó en 1844 marcada con el signo de la dependencia, bien en forma de anexionismo, bien en cualquier otra modalidad que pudiese adoptar la protección de una potencia extranjera en aquellos momentos. De hecho, dentro de los planes de Santana y sus colaboradores,

“la búsqueda del reconocimiento de la independencia nacional les serviría de un buen disfraz, de una sutil mampara, y la ‘amenaza haitiana’ de un hermoso pretexto. Ello así, porque detrás de cada misión en procura del reconocimiento se escondía el interés del protectorado o de la anexión”.^[5]

La vida de la República Dominicana durante el periodo denominado Primera República (18441861) transcurrió, pues, en medio de los sobresaltos derivados de las frecuentes invasiones haitianas contra su territorio y de unas disensiones internas de no menor gravedad, así como del déficit habitual que aquejaba a las finanzas del nuevo estado. Por tanto, “esta situación de inestabilidad crónica había hecho de la joven República un escenario ideal para la permanente injerencia extranjera en sus asuntos, a menudo con el pretexto de defender la paz entre las dos naciones” en que se divide la isla. Los diversos intentos realizados por los presidentes que se alternaron en el poder, sobre todo Santana y Báez, para obtener la protección directa o indirecta de alguna potencia acentuaron la rivalidad en torno a la República Dominicana entre los países con mayores intereses en las Antillas: España, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos^[6]. Se desató así un juego de influencias donde dichas naciones trataban de mantener el control, en unos casos, o hacerse con él en otros, dentro de un área cuyo enorme valor geoestratégico la convertía en objeto de apetencia para todas ellas.

Tras la desilusión sufrida por los afrancesados, entre ellos el propio Báez, como consecuencia del fracaso de las gestiones en pos de un protectorado francés, la mayor parte de dicho grupo fijó su atención en España. Esta advirtió que “los movimientos de los dominicanos en busca de relaciones con el mundo exterior [...] podían concluir en la creación de nexos no favorables a sus intereses antillanos”^[7]. Después de establecer relaciones diplomáticas con la República Dominicana en 1855, la influencia española en las cuestiones internas de dicho país aumentó de forma muy considerable, hasta el punto de que el primer cónsul de España en Santo Domingo hizo todo lo posible para poner a Báez en la presidencia, y provocó la caída de Santana en 1856. Pese a tales desavenencias, el gobierno dominicano, presidido de nuevo por Santana, obtuvo el resultado de sus afanes, gracias al éxito de las negociaciones que entabló con el gobernador de Cuba, cuya influencia sobre el ejecutivo de Madrid facilitó que este aceptara la reincorporación de Santo Domingo a España, en 1861, mediante una política de hechos consumados, sin previa consulta al pueblo.

Las circunstancias en que se negoció y produjo la anexión explican que el nuevo estado de cosas se instalara sobre una base construida artificialmente, lo que hacía prever un desenlace poco halagüeño, al cual sin duda contribuyó como factor más importante la desafortunada actuación de las autoridades españolas, ya que la misma perjudicó a casi todos los grupos sociales en diversos aspectos. En el económico, por ejemplo, se produjeron subidas de aranceles e impuestos, y el proceso de amortización de las enormes sumas de papel moneda emitidas por los gobiernos republicanos resultó demasiado lento y complejo, todo lo cual generó un gran descontento. Otro tanto sucedió en el plano religioso y moral, por la pretensión de imponer las normas católicas sobre el matrimonio, en un país donde la práctica común era el concubinato e incluso la cohabitación con varias mujeres, así como en lo relativo a los protestantes, cuyo culto público quedó prohibido, y a la masonería, de la que formaban parte muchos de los hombres más importantes e influyentes, entre ellos muchos sacerdotes católicos^[8].

Por otro lado, la mayor parte de los altos funcionarios de la administración provincial y los principales jefes militares procedían de la burocracia y el ejército de Cuba y Puerto Rico, con el consiguiente desplazamiento de los empleados dominicanos, quienes se vieron relegados en su propia tierra ante la llegada de un aluvión de forasteros. Además, la existencia de la esclavitud en las vecinas colonias españolas era vista, lógicamente, como una amenaza por parte de la población de color, muy numerosa en Santo Domingo, de modo que ese argumento fue utilizado con gran habilidad para agitar a los sectores populares.

Ello explica la endeblez de la nueva situación creada, que desembocó en un levantamiento generalizado contra el dominio español, a partir de agosto de 1863, como consecuencia del gran descontento de la mayoría de la población hacia las nuevas autoridades. Tras la salida de las últimas fuerzas españolas en julio de 1865 se reprodujeron las luchas caudillistas, como ya había sucedido entre Santana y Báez durante el periodo anterior a la anexión, pero a partir de este momento con más contendientes, puesto que la guerra había multiplicado de forma considerable el número de generales y, por ende, el de los potenciales caudillos. Ahora bien, quien se mantuvo más tiempo en el poder a lo largo de los primeros años de la denominada Segunda República fue Báez, principal figura del partido rojo, hasta 1878.

Sin embargo, la tendencia anexionista no desapareció por completo, pese al aún reciente fracaso de la experiencia con España, de modo que durante el periodo de los ‘seis años’ de Báez (1868-1873), este negoció con ahínco un tratado de anexión de la República Dominicana a Estados Unidos, propuesta que fue bien recibida por el presidente Grant. No obstante, la oposición que se produjo tanto en el Senado estadounidense como dentro de la República Dominicana permitió que el proyecto fuese finalmente desechado, en lo cual cabe ver un triunfo del liberalismo nacionalista del partido azul.

De 1874 a 1879 se produjo un cierto reajuste en el escenario político del país, ya que durante ese lapso hubo gobiernos rojos, azules y verdes, el denominado ‘ciclo de los colores’, que se sucedieron a gran velocidad debido a las continuas luchas por hacerse con el poder, donde permanecían por un breve periodo, hasta que los azules del Partido Nacional Liberal lo ocuparon de forma estable a partir de 1879^[9].

2. Anexión a España y guerra de la  Restauración (1861-1865): un conflicto  socioeconómico y político

Los primeros estallidos violentos tuvieron lugar en el mismo año 1861, antes de que España hubiese tomado el control efectivo de la situación, aunque esta se estabilizó dentro de un clima de calma expectante que, debido a la desafortunada gestión de la administración española, se convirtió en un estado de abierta rebeldía. El gobierno español mantuvo al general Santana como máxima autoridad de la nueva provincia durante los primeros meses de la anexión, lo cual hizo posible que un sector de la clase que había venido detentando tradicionalmente el poder político lograse su objetivo de conservar el control sobre la administración en la nueva situación de dominio colonial. Sin embargo, muy pronto se evidenció que los objetivos del imperio español respecto a su nueva posesión se lograrían con más eficacia si Santana y su grupo eran desplazados del poder político y se nombraba a un español como capitán general^[10]. Por consiguiente, en julio de 1862 tuvo lugar el relevo de aquel, que ya había presentado su dimisión anteriormente, incómodo con las nuevas autoridades enviadas desde España.

El proceso emprendido tras la anexión tenía como objetivo básico reorganizar la nueva provincia conforme a la estructura administrativa y económica de Cuba y Puerto Rico. Álvarez subraya que el objetivo de las autoridades españolas era llevar a cabo “la transición de la pequeña producción agrícola de carácter mercantil y la economía natural de autoconsumo hacia la producción agrícola comercial de exportación”, algo que no resultaba sencillo de conseguir en Santo Domingo, “donde no existía la esclavitud, la fuerza de trabajo no era tan numerosa y el acceso a la tierra era relativamente fácil”. Por otra parte, los colonos españoles no fueron tan abundantes como para que su contribución alterase el atraso ya secular de la economía dominicana, además de que, en buena medida, el proyecto de inmigración tenía sobre todo un objetivo político de carácter inmediato, pues con él se pretendía reforzar la presencia española en la isla^[11].

Si bien el mencionado modelo apenas pudo ponerse en marcha, la política adoptada por España en la reorganización de la nueva provincia lesionó los intereses de casi todos los grupos que componían la sociedad dominicana, mediante un sistema de opresión que aspiraba a modificar, incluso de manera forzosa, una serie de modelos de conducta que habían funcionado durante muchos años. Resulta difícil señalar qué factor tuvo un mayor impacto sobre los diferentes sectores sociales, o de qué modo los diversos elementos en juego afectaron a cada uno de esos grupos, dado que todos ellos interactuaron en un sistema de acciones y reacciones bastante complejas, e incluso contradictorias. Los reclamos políticos desempeñaron también un cierto papel en el curso de los acontecimientos, toda vez que algunos sectores sociales minoritarios alentaban la idea de que era necesario recuperar la soberanía, pero en cualquier caso dichos elementos ocuparon un lugar secundario. De hecho, a juicio de Álvarez no se trató del amor patriótico por parte del pueblo dominicano a su independencia, sino de esas múltiples contradicciones ya apuntadas, lo que creó las condiciones objetivas para que la mayoría de la población se uniera a la lucha por el restablecimiento de la República^[12], tal como aconteció finalmente en la insurrección de agosto de 1863.

En efecto, tras un conato sofocado en febrero de 1863, a partir del 16 de agosto los instigadores del levantamiento generalizado contra España tuvieron más éxito, ya que la práctica totalidad del país se sublevó contra el régimen anexionista, y abogaron por una restauración de la independencia. Muchos de los líderes de este movimiento revolucionario, como Santiago Rodríguez o José Antonio Salcedo, quien llegó a presidir el gobierno instalado por los insurrectos en la ciudad de Santiago, defendían posiciones conservadoras y representaban los intereses de los principales grupos dominantes de ámbito local^[13]. Algunos de ellos incluso habían apoyado la anexión, como el propio Salcedo, mientras que otros dirigentes de la sublevación, entre los cuales sobresalen Benigno Filomeno de Rojas, Ulises Francisco Espaillat y Pedro Francisco Bonó, formaban parte del sector más liberal y nacionalista. Estas diferencias desembocaron en una lucha interna dentro del bando restaurador que costó a Salcedo no solo el cargo, sino también la vida, pues fue ejecutado sin juicio previo por orden de su sucesor, el general Gaspar Polanco, bajo la acusación de buscar un acuerdo con los españoles para poner fin a la guerra.

Juan Bosch supo ver la diferencia entre el elemento nacionalista constitutivo de dicho conflicto bélico, que también existió en cierta medida, y el aún más significativo de guerra social, que se encuentra en las masas populares^[14], aparte del carácter simultáneo que tuvo de guerra civil entre anexionistas y antianexionistas. En cualquier caso, González Calleja sugiere que la sublevación que estalló no iba en contra del carácter y la identidad representados por España, sino que tuvo mucho más que ver con las insatisfechas “expectativas de desarrollo material y político generadas por la anexión, que solo se plasmaron en un incremento de la burocracia y de la intolerancia peninsulares”^[15].

No obstante, resulta muy complejo delimitar todos estos factores entre sí, puesto que se encuentran íntimamente entrelazados, pero no cabe duda de que la anexión y la guerra subsiguiente marcaron en gran parte el devenir histórico dominicano. De hecho, ambos acontecimientos permiten explicar en buena medida el fracaso del intento de anexión de la República a Estados Unidos llevado a cabo por Báez en 1870, como consecuencia de que el grado de madurez de la formación social dominicana era superior al existente en 1861, al menos con respecto a la idea de soberanía nacional.

Esto cabe explicarlo también de acuerdo con la teoría de la guerra social anteriormente expuesta, ya que el conflicto bélico desatado contra la dominación española fue una “guerra de todos los sectores de la pequeña burguesía, unidos en una ardiente aspiración de expulsar a los españoles y tomar el poder político de una vez por todas”. Según Bosch, en las filas de los restauradores se encontraba la baja pequeña burguesía, mayoritariamente baecista, así como la alta y la mediana, que militaban en contra de Báez desde 1857. Durante la guerra hubo luchas entre la alta y la mediana pequeña burguesía, que dirigieron el movimiento restaurador, y la baja pequeña burguesía, la cual constituía el grueso de las fuerzas dominicanas. De este modo, cuando el conflicto concluyó ya había comenzado “la interminable lucha de los bajos pequeños burgueses contra los altos y los medianos”, que mantuvo el país prácticamente en un estado caótico por muchos años. En definitiva, tal como subraya el mencionado autor, “la lucha de todos los sectores de la pequeña burguesía contra los hateros había quedado injertada en la guerra contra España”, y el huracán que supuso el conflicto bélico se llevó consigo los últimos restos del antaño poderosísimo grupo hatero, el cual había detentado el poder desde 1844, personificado en la figura de Santana. Por consiguiente, tras la retirada española de Santo Domingo, el conflicto pasó a ser entre la alta y la mediana pequeña burguesía por un lado, que se agrupaban en el partido azul o liberal, y por otro la baja pequeña burguesía, agrupada en el partido rojo o baecista^[16].

Asimismo, Bosch señala que fue precisamente el papel jugado por esa baja pequeña burguesía, tanto en la guerra de la Restauración como en las luchas posteriores, lo que dio a ambas su carácter de ferocidad, pues ese grupo “combatió entonces con la cólera insensata, casi salvaje, de los sectores sociales más explotados y despreciados”. En efecto, estos utilizan las armas para aniquilar a sus enemigos con el ímpetu incontrolable de los que luchan para abrirse paso hacia estratos superiores, sobre todo en países de pobreza extrema, como era el caso de la República Dominicana¹⁷.

Sin embargo, el resultado del enfrentamiento con las tropas españolas, por otra parte, previsible hasta cierto punto, pues no era de esperar que el gobierno de Madrid prolongase mucho más su dominio contra el deseo de la inmensa mayoría de los dominicanos, no implicó un cambio inmediato de ideas en el grupo que quedó al frente de la República restaurada. Si bien ello parece contradecir las ideas planteadas por Bosch, en realidad no es así del todo, puesto que incluso durante la guerra los propios insurrectos llevaron a cabo algunas gestiones para sondear al ejecutivo de Washington, en un sentido similar al que más tarde ensayó Báez.

En efecto, el 14 de septiembre de 1863, muy poco tiempo después de haberse constituido en Santiago el gobierno provisional de la República, su vicepresidente se dirigió al representante de Estados Unidos en Haití para solicitar la intervención de Washington. Es más, en noviembre de dicho año, el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno restaurador envió una nota al secretario de Estado norteamericano, William E. Seward, en la cual lo invitaba a que interviniera en defensa de los intereses de ambos países, que aconsejaban el establecimiento de un protectorado sobre la República Dominicana por parte de Estados Unidos. Pese a la falta de respuesta, el gobierno provisional no se desanimó y envió a dos de sus miembros a Puerto Príncipe, para contactar con el agente del ejecutivo de Washington en la capital haitiana, quien acto seguido informó a Seward que Estados Unidos podría adquirir con facilidad la bahía de Samaná de un gobierno dominicano amigo^[17].

Cabe por ello replantearse el concepto historiográfico de la Restauración, cuyo principal componente legitimador, que fue de carácter político —la recuperación de la independencia dominicana—, permite su lectura en clave instrumental, como un factor empleado de manera intencional para provocar la rápida movilización de toda la sociedad. Con el mensaje esgrimido en pro del restablecimiento de la República se buscaba motivar al pueblo en su conjunto, tanto a los combatientes como a los contribuyentes, mediante la invocación de unos ideales que se presentaban revestidos de una condición cuasi sacralizada: la patria, la soberanía nacional y la libertad, entre ellas las de culto y pensamiento. Por consiguiente, más allá de las causas reales y efectivas que condujeron al estallido del movimiento revolucionario, subyace a todas ellas una, por así decir, construcción ideológica que convirtió el conflicto bélico contra el dominio de España sobre Santo Domingo, al igual que en muchos otros casos a lo largo de la historia, “en una actividad justificada y legal, es decir, en una ‘guerra justa’”^[18].

Este elemento legitimador no suele faltar en casi ningún conflicto, y la guerra de la Restauración no constituye una excepción en tal sentido, pese a lo discutible que resultaría afirmar absolutamente que su verdadera finalidad fue, sin ningún género de dudas, la recuperación de la independencia dominicana, según se deduce de las ya mencionadas gestiones de los rebeldes con Estados Unidos. No obstante, la lucha restauradora puede considerarse el reinicio de un lento proceso de consolidación de la nacionalidad dominicana, pese a los titubeos que, como en el caso de dichos intentos, parecían venir a contradecir la dinámica recién comenzada^[19].

De hecho, el restablecimiento de las relaciones entre los gabinetes de Madrid y Santo Domingo se vio pospuesto hasta 1874 debido a la experiencia fracasada en 1865, pero también, junto a otras razones, por el creciente riesgo de anexión de la República Dominicana a Estados Unidos, en particular durante el gobierno de Báez. Este llegó a proponer a España, a finales de 1877, un protectorado sobre el territorio dominicano, aunque no fue la única potencia a la que le había ofrecido tal posibilidad. En efecto, de acuerdo con los informes enviados ese año al ejecutivo de Madrid por el cónsul de España en Santo Domingo, José María de Echeverría, el gobierno baecista no solo había sondeado a través del cónsul de Estados Unidos en Santo Domingo, Paul T. Jones, la posición de Washington hacia una eventual renovación de los antiguos proyectos anexionistas, sino que, ante la frialdad con que el Departamento de Estado norteamericano había acogido su propuesta, se dirigió con el mismo objetivo al Segundo Imperio alemán^[20]. Todas estas gestiones revelan sin duda, “una vez más, el oportunismo de los anexionistas dominicanos, siempre dispuestos a cambiar sus alianzas en función del fluctuante interés de las potencias y del cambiante equilibrio de poderes en la región”^[21].

El gobierno español, consciente de su incapacidad para emprender por sí solo una acción hostil justo cuando se enfrentaba a una insurrección en Cuba, se vio obligado a permanecer al margen, observando cómo las tropas norteamericanas consolidaban a Báez en el poder, lo cual le permitió organizar un referéndum para legitimar su proyecto anexionista en febrero de 1870. Sin embargo, la preocupación del gobierno español aumentó mucho más cuando Estados Unidos comenzó a establecer una base naval en Samaná, aunque de forma provisional, pese a que el tratado de arrendamiento estaba siendo discutido todavía por parte del Senado norteamericano. En efecto, el tratado dominico-estadounidense contemplaba esa posibilidad, como consecuencia de la entrega de cantidades anticipadas a Báez, a cuenta del eventual arrendamiento de la bahía de Samaná^[22].

Sin embargo, las lecciones aprendidas durante el periodo de la reincorporación a España sirvieron como un fuerte antídoto contra el anexionismo, ya que las mismas permitieron dar al traste de forma definitiva con esa persistente tendencia de un importante sector de la clase dirigente dominicana. Para ello resultó fundamental el involucramiento de la mayor parte de los grupos populares, sin cuya decidida participación es probable que el desenlace de esas coyunturas, tan críticas para la supervivencia de la República Dominicana como nación independiente, hubiese sido muy distinto. Una vez llegado el momento decisivo, entre 1863 y 1865, los dominicanos se sumaron en gran número a la defensa de la recién restaurada República, acicateados en buena medida por un sentimiento quizá nuevo y aún algo difuso, pero no por ello menos fuerte y consistente.^[23]

3. La derrota definitiva del anexionismo: ¿una victoria de liberales frente a conservadores?

Roberto Cassá sostiene que una de las principales consecuencias de la crisis permanente que padeció la economía dominicana a lo largo del periodo de la primera república, en el plano político, fue que en amplios sectores sociales se mantuviera vigente la ideología anexionista. Esta funcionaba a menudo de modo encubierto, porque así convenía a los grupos en el poder, y el anexionismo en la mayoría de las ocasiones era propugnado bajo el disfraz del entreguismo o el proteccionismo, ya que “las consecuencias sociales del anexionismo tenían que ser guardadas cuidadosamente para evitar la agudización de las contradicciones políticas”. En efecto, se trataba de una serie de aspectos muy delicados, directamente relacionados con los intereses inmediatos de las propias clases dominantes, pero también y, sobre todo, de las dominadas. Según dicho autor, los problemas planteados abarcaban desde los impuestos, el sistema de comercialización, las formas de propiedad de la tierra y los métodos de explotación del trabajo, hasta un conjunto de factores ideológicos, tales como las relaciones interétnicas, los derechos cívico-políticos y la libertad de culto. Por ello, “la alteración de estas normas tenía necesariamente fuertes implicaciones sociales que, al formar parte de las exigencias anexionistas, debían ser matizadas o enmascaradas”. De hecho, desde la perspectiva de la clase dominante, la solución de todos estos problemas no podía emprenderse dentro del marco del estado nacional, tanto por no contar con los recursos económicos imprescindibles para tal fin, como porque necesariamente se opondrían a ello los reflejos políticos de la lucha de clases, con una resistencia harto difícil de vencer^[24].

De acuerdo con Cassá, se comprende que el anexionismo fuese visto como la panacea por una clase dominante que temía el retorno del dominio haitiano, era incapaz de promover el crecimiento económico y detentaba “un poder clasista con sentido regresivo”. Así pues, “la prosperidad que ella misma no podía forjarse pensaba obtenerla mediante una alianza histórica con una potencia colonial” que diera cabida a sus propios intereses de clase dentro de un nuevo esquema político, a través del cual cedía a dicha potencia la soberanía, con la condición de que se le reconocieran privilegios, cargos y funciones. Si bien el proyecto tardó diecisiete años en hacerse realidad por una serie de circunstancias, estas no pudieron socavar ni la inclinación ni la necesidad del anexionismo presentes en las clases dirigentes, sino todo lo contrario. En efecto, “a medida que pasaba el tiempo, la incapacidad de resolución de los problemas agudizaba la inclinación anexionista y multiplicaba las negociaciones políticas para su materialización”. El mencionado autor subraya que la causa fundamental que retrasó la articulación del proyecto anexionista fue la forma en que se manifestó la rivalidad entre Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y España, debido a su interés en el mantenimiento de la independencia dominicana para conservar el statu quo en el Caribe. Estos eran, sin duda, los cuatro países que en mayor grado influían en los problemas internacionales de la República Dominicana, y de entre todos ellos, Estados Unidos fue durante este periodo la potencia que puso más empeño en apoderarse del territorio dominicano, pero se encontró con la oposición de los otros tres países^[25].

También resulta oportuno mencionar aquí la difícil coyuntura en que se encontraban las finanzas dominicanas antes de la anexión. Los ingresos del Estado, que procedían en su mayor parte de los impuestos que gravaban las importaciones y, en menor medida, las exportaciones, ascendieron en 1860 a tan solo 302,741.61 pesos fuertes, mientras que los gastos sobrepasaban el medio millón de pesos fuertes. Tal como subraya Franklin Franco, todos los estudiosos que han abordado “este crucial periodo de la historia dominicana, coinciden en sostener que fue la situación de permanente crisis vivida por la República desde la independencia en 1844, el factor clave” que impulsó al gobierno de Santana a inclinarse por reincorporar el país a la corona española^[26].

Dentro de un contexto marcado por las luchas contra Haití y entre los diversos rivales que se disputaban el poder, sobre todo Santana, Báez y los liberales, el proceso de dominación iniciado por el imperialismo norteamericano suscitó un gran interés en los políticos antillanos, y más aún por parte de aquellos que defendían la ideología anexionista. A juicio de Alberto García Menéndez, ello se explica principalmente porque esos hombres admiraban tanto las instituciones como el modo de vida estadounidenses, o porque buscaban un mínimo nivel de estabilidad y seguridad bajo la sombra de ‘la gran República’. Sin embargo, no cabe duda de que existía cierta falta de confianza en sus propias fuerzas para conquistar y mantener la independencia, lo cual quizá actuó como trasfondo psicológico de esta posición. Mu-Kien Sang coincide con el mencionado autor, pues señala que las tendencias anexionistas persistieron en las Antillas hasta finales de la década de 1860, y subraya que la base de aquellas era sobre todo ideológica^[27].

En lo relativo a tales aspectos ideológicos, aunque el régimen implantado por la constitución de 1844 era teóricamente una república de carácter liberal, la misma contenía la semilla del autoritarismo, e incluso de una dictadura más o menos encubierta, debido al artículo 210 de la constitución, que otorgaba poderes absolutos al presidente siempre que las circunstancias lo requiriesen, como por ejemplo en caso de guerra. Sin embargo, resulta muy llamativo que numerosos personajes de tendencia liberal, como los ya mencionados Rojas, Espaillat y Bonó, se convirtieran en un apoyo para Santana, desde sus puestos en el Congreso o el Senado, en parte quizá por temor, lo cual no obsta para calificarlos como colaboradores del gobierno y sus gestiones. Es más, aunque en su mayor parte no fuesen anexionistas, tampoco veían con absoluto desagrado una posible integración de la República Dominicana a los Estados Unidos, en lo que eran portavoces de un sentimiento bastante extendido entre muchos habitantes del Cibao, la región más desarrollada económicamente y de donde procedían dichos personajes.

Por otro lado, también debe considerarse una gama de elementos lo más amplia posible, que permitan analizar el complejo fenómeno del anexionismo desde diversos ángulos, como por ejemplo los factores de carácter socioeconómico. En efecto, el escaso nivel de desarrollo económico que había alcanzado la República Dominicana desde su nacimiento en 1844 constituía el principal motivo de insatisfacción para la mayor parte de la población. Así, en 1855 el agente comercial de España en Santo Domingo escribió al gobernador de Puerto Rico acerca de la inquietud que se advertía en el país, debido a la absoluta carencia en que este se hallaba de administración, de comercio y de agricultura en donde sus habitantes pudieran “encontrar los recursos necesarios para su subsistencia”, la cual era por cierto muy precaria. Con gran lucidez, y sin caer en el fácil recurso a las intrigas de unos y las traiciones de otros para explicar las causas del anexionismo, dicho agente aseguró que no era fácil juzgar si verdaderamente existía o no una mayoría que prefería a tal estado de cosas entregarse en manos de los norteamericanos, que ofrecían “sacar al país de semejante abandono”^[28].

Sin duda, esta coyuntura nacional e internacional resultaba muy propicia para los planes anexionistas de Báez y su grupo, por lo que desde el comienzo del periodo de los seis años (18681873) el presidente invirtió grandes esfuerzos en acercarse a los norteamericanos. A favor de dicho proyecto jugaban la ubicación geoestratégica del territorio dominicano, así como “sus riquezas naturales (potencialidad agrícola y abundantes minerales) y la escasa población” del mismo, circunstancias que suponían un importante incentivo para el interés de Estados Unidos. De hecho, tal como indica Weston en su obra acerca del imperialismo norteamericano, muchos políticos de ese país se interesaron por la República Dominicana debido a su ubicación privilegiada en el Caribe, sobre todo en un momento en que se proyectaba unir el Atlántico con el Pacífico. En efecto, a fin de lograr tales propósitos, la mejor opción era controlar toda el área próxima al futuro canal de Panamá^[29]. Así pues, con todos estos elementos en juego, Báez inició su gran proyecto de política exterior, dando los primeros pasos a partir de diciembre de 1868. Smith, el agente comercial norteamericano en Santo Domingo, envió un mensaje cablegrafiado el 24 de octubre de 1868 al secretario de Estado Seward, donde indicó que Báez no solo propondría entregar la base naval de Samaná, sino también la integración de todo el país en Estados Unidos^[30].

Durante los años 1868 y 1869 se celebraron las negociaciones, en las cuales actuaron como delegados dominicanos una serie de ciudadanos estadounidenses con intereses económicos en la República Dominicana, que firmaron en noviembre de 1869 un tratado de completa anexión de aquella a Estados Unidos. El artículo segundo del mismo concedía la ciudadanía norteamericana a los dominicanos, y señalaba que el país podría “ser admitido a la Unión como estado, sujeto a la forma y condiciones y al plazo” que determinara el Congreso estadounidense mediante una ley al efecto. En el artículo tercero se estipulaba que tanto las tierras como los demás bienes del país que estuviesen afectos a la deuda pública se considerarían no cedidos a Estados Unidos, de modo que los diversos acreedores del gobierno dominicano podrían seguir contando con tales bienes como garantía de sus acreencias. El artículo cuarto estipulaba, irónicamente, que hasta que el pueblo dominicano manifestara su aprobación a la anexión, Estados Unidos protegería “el país contra toda intervención extranjera, ‘a fin de que esa expresión nacional’ fuese ‘completamente libre’”, en un intento de desactivar la oposición de los exiliados dominicanos. Por su parte, el artículo quinto establecía el precio de la anexión: un millón y medio de dólares, suma que abonaría Estados Unidos a la República Dominicana para la compra del país, siempre que el Senado norteamericano aprobase el tratado y se hiciera entrega física del país al ejecutivo de Washington. Esa cantidad, según el artículo sexto, se destinaría a pagar la deuda pública dominicana, pues Estados Unidos no estaba obligado por dicha deuda. De este modo, como subraya Vega, “no solo los dominicanos vendían totalmente su soberanía” a Estados Unidos, sino que nadie en Santo Domingo vería el dinero de tal adquisición, ya que el mismo serviría para pagar la deuda externa, en particular el empréstito Hartmont^[31].

Sin embargo, nada de esto llegó a ponerse en práctica, gracias en parte a que “los patriotas dominicanos […] hicieron campaña contra esta monstruosidad”, y encabezados por el general Luperón viajaron por Estados Unidos para contradecir a los anexionistas, según los cuales “este hecho contaba con la simpatía del pueblo dominicano”. Así pues, tanto en el interior del país como en el extranjero se produjo una fuerte crítica a la anexión, e incluso grupos políticos influyentes de Estados Unidos se opusieron a ella. Por tanto, Báez quiso frustrar esta campaña, para lo cual preparó un plebiscito que dio como resultado 16,000 votos a favor frente a tan solo once en contra de la anexión³³. Unos datos tan abultados permiten deducir que su manipulación por parte del régimen baecista fue muy probable, pese a que en la República Dominicana existía el hábito generalizado de que “solo los simpatizantes del partido en el poder participaran en las elecciones”^[32], así como en cualquier otro tipo de votaciones.

En todo caso, el principal escenario de esta lucha fue el Congreso estadounidense, donde tras muchos debates el tratado de anexión fue sometido a votación, en julio de 1871, con un resultado de empate a 28 votos favorables y en contra, lo cual obviamente implicó el rechazo de la anexión. A pesar de ello, como se sospechaba que esto pudiese ocurrir, los instigadores del tratado tenían ya una alternativa preparada, y en el artículo décimo del mismo se estipulaba que, en caso de no aprobarse la anexión, Estados Unidos tendría derecho a comprar Samaná, al precio de dos millones de dólares. En efecto, inmediatamente después de que el Senado de Washington rechazara el tratado, varios buques de guerra norteamericanos se presentaron en dicha bahía e izaron su bandera en el pueblo, con aprobación por parte de las autoridades locales. Poco más tarde, en 1872, el gobierno de Báez firmó el contrato de arrendamiento de Samaná por 99 años, con una empresa estadounidense llamada Compañía de la bahía de Samaná en Santo Domingo, a la que cedió sus “derechos de soberanía sobre personas y bienes”. Entre esos derechos se incluían los de “establecer impuestos, tener policía propia y designar a los funcionarios públicos en la península”, además de la propiedad de todos los terrenos públicos en la misma, por lo que podría actuar como si se tratara de un estado independiente a lo largo del periodo de arrendamiento. Aunque el acuerdo fue ratificado por el Senado Consultor en diciembre de 1872, y aprobado por otro plebiscito dos meses después, de nuevo por una mayoría aplastante de 20,496 votos contra diecinueve, los días de Báez en el poder se aproximaban a su fin, ya que su régimen cayó el 2 de enero de 1874. El gobierno provisional que lo sucedió rescindió de forma inmediata el convenio sobre Samaná^[33].

4. Principios subyacentes en la  tendencia anexionista

El deseo dictatorial y de lucro quizá pueda explicar el proyecto de Samaná, pero no así el plan de anexión que Báez había perseguido con tanta perseverancia, ya que su realización, tal como indica Peukert, habría significado con mucha probabilidad “la introducción de una situación relativamente ordenada y democráticamente controlada”. Por lo tanto, resulta necesario considerar más en profundidad las motivaciones expuestas en el Boletín Oficial del 19 de febrero de 1870, donde Báez declaró de forma inequívoca que la anexión significaba la salvación, ya que aquella obligaría a Haití a respetar los derechos de la República Dominicana, y convencería “a todos los dominicanos de posponer las disputas políticas”. Es decir, junto al tradicional argumento del peligro haitiano, y en pie de igualdad, el presidente planteó un proyecto político interno, el de “acabar con la insana inestabilidad política del país”, mediante lo que Peukert denomina “la importación de instrumentos estatales de estabilización”, en este caso en su versión más amplia, que no era otra sino la anexión. Ello sin duda refuerza la tesis principal de dicho autor, la cual consiste en afirmar que “el anhelo de dependencia nació de la imposibilidad de resolver la miseria interna por la propia fuerza”, según se deduce de las declaraciones del gobierno, así como de las respuestas por parte de ciudadanos dominicanos a los comisionados estadounidenses en 1871. En la mayoría de tales respuestas aparecía mezclada la esperanza de “una mejoría personal con la de una estabilidad política”, que se echaba en falta “desde hacía dos generaciones de guerras nacionales y civiles”, por lo que todos deseaban un ejecutivo fuerte y responsable^[34].

Por consiguiente, debe cuestionarse la mayor o menor sinceridad de las intenciones de Báez, quien en su discurso de toma de posesión prometió “hacer un último intento para salvar a su país ante la ruina inminente”, palabras que Peukert aprovecha para comentar la interpretación de Sumner Welles sobre las mismas. Según este autor, Báez estaba interesado tan solo en evitar su propia ruina personal, crítica que resulta algo exagerada a juicio de Peukert, quien subraya con acierto que en una valoración de los argumentos a favor y en contra de la anexión no puede atenderse exclusivamente la postura ‘liberal-nacionalista’ de los azules. Peukert acusa de ello a Welles, cuando afirma que este autor sigue sin reserva alguna a sus informantes, entre quienes menciona al general Horacio Vásquez, cuyas opiniones, “muchas veces unilaterales”, recoge Welles de forma cuando menos poco crítica^[35].

Sang señala que Báez era un político eminentemente conservador, de quien resalta que, ya desde sus primeras actuaciones públicas, hacia 1843, había defendido “la protección de las potencias imperialistas como la única vía de salvar al país”. De hecho, según la mencionada autora, “si se analiza el comportamiento del movimiento liberal y conservador dominicano durante la segunda mitad del siglo xix”, puede observarse que en el discurso político la diferencia giraba sobre todo alrededor del anexionismo. Sin embargo, en su opinión, “en lo que sí había total coincidencia entre ambos grupos era en la práctica política”, dado que tanto liberales como conservadores solo conocían un modo de combatir al rival: la fuerza^[36], o quizá cabría decir mejor la violencia.

De nuevo en cuanto a las cuestiones ideológicas, Sang subraya que los conservadores dominicanos eran en esencia anexionistas, y añade que “esta aparente dicotomía entre los nacionalistas (liberales) y los anexionistas (conservadores) respondía a corrientes políticas existentes en América Latina”. Sin embargo, acto seguido, dicha autora se pregunta si no podría tratarse de una falsa apreciación de la realidad exponer nacionalismo frente a anexionismo, como movimientos antagónicos. Al abundar en estas disquisiciones, Sang sostiene que, “quiérase o no, los liberales y los conservadores, con sus semejanzas y diferencias, adversarios políticos, tuvieron que aliarse para enfrentar al enemigo común”, el cual por supuesto no era otro sino Haití. Dado que dentro de esa alianza la correlación de fuerzas solía ser siempre favorable a los conservadores, fueron ellos quienes predominaron en el escenario político dominicano^[37], al menos durante toda la Primera República y una parte de la Segunda, hasta 1878.

En definitiva, tal como indica Sang, según los conservadores, la protección de una nación imperialista permitiría la introducción de la modernidad en el país, por lo que, de acuerdo con esta lógica, la crisis dominicana, que era de origen interno, solo podía tener una solución externa, idea que las siguientes palabras revelan de forma muy clara:

“La plata no es lo que nos haría falta, lo que necesitamos es una protección evidente y bien definida para evitar las revoluciones; de otro modo, y la experiencia lo ha probado, mientras más elementos tengamos para desarrollar el país más motivos tiene la ambición para echarse en los trastornos”.^[38]

Esta declaración de Báez, a juicio de la autora, pone en evidencia que semejante postura iba más allá de su mera consideración como ‘oportunismo político’, ya que la misma “respondía a una clara concepción ideológica y a la defensa de un proyecto político”. Dicha postura formaba parte de la corriente mayoritaria en América Latina, la cual aspiraba a un nuevo dominio imperialista, basado en las exigencias del desarrollo del sistema capitalista mundial. Así pues, siempre en opinión de Sang, el pensamiento de Báez era coherente al propugnar la anexión a un país extranjero, a una potencia imperial, pues la consideraba como la mejor solución para los males que aquejaban a la República Dominicana. Sin duda, el principal de esos males estaba representado por lo que Báez denominaba la ‘amenaza haitiana’, de la cual se valía como justificación para sus planes anexionistas. De hecho, la mayor parte de los líderes políticos dominicanos eran antihaitianos, posición que según Sang se fundamentaba en dos elementos, el primero de los cuales venía dado por “la conformación de un país sobre la base de la unidad de todas sus fuerzas” contra Haití, en vez de contra una potencia imperialista, por ejemplo, España. En segundo lugar, la autora se refiere al “sentimiento antihaitiano nacido en el seno de la población”, del que los dirigentes dominicanos se aprovechaban para sus propias campañas proselitistas.^[39]

Báez justificaba su antihaitianismo con dos factores, uno de los cuales puede considerarse objetivo: la constante inquietud vivida por la población dominicana ante la posibilidad de una invasión haitiana; mientras que el otro, de carácter subjetivo, se sustentaba en la mentalidad racista de los caudillos de esa época. En efecto, si bien la clase dominante dominicana no era completamente blanca, se había conformado sobre la base de unos patrones tanto ideológicos como culturales procedentes de Europa, en particular de España, por lo que “esta clase reivindicaba siempre su origen europeo y su ascendencia hispánica”. Así pues, el concepto que tenía de sí misma la llevaba a hacer afirmaciones del tenor de la siguiente: “No somos blancos de pura raza, pero jamás soportaremos ser gobernados por negros”. En cualquier caso, al menos desde 1844, hubo conflictos entre ambos estados, de modo que durante sus primeros años de vida republicana los dos países vivieron “en constantes contradicciones, unas veces de orden bélico, con guerra o amenazas de guerra, y otras con problemas diplomáticos, y sobre todo una permanente «guerra fría»”.^[40]

Cabe pues considerar el anexionismo como un elemento minoritario, pero de carácter transversal, dado que trasciende las simples líneas divisorias entre liberales y conservadores, o entre clases dominantes y dominadas. En cualquier caso, el debate ideológico a favor y en contra de la anexión, que se produjo abiertamente ya después de la Restauración, permitió una mayor claridad en las posiciones de cada grupo político, si bien es cierto que no pueden atribuirse convicciones ideológicas firmes y sólidas a tales ‘partidos’. La polémica entre defensores y detractores del anexionismo provocó “la identificación propagandística entre anexión y dictadura de Báez”, cuya consecuencia fue que dicha modalidad política de carácter dependiente pasara a considerarse como tabú hasta comienzos de la última década

del siglo xix.^[41]

En esos momentos Ulises Heureaux, uno de los muchos generales que ascendieron gracias a la guerra restauradora, y perteneciente al partido azul, había consolidado ya su dictadura, un retroceso que hizo revivir algunas características de la política dominicana que parecían superadas desde la caída del último gobierno de Báez, en 1878. En efecto, Cassá señala que tanto la reproducción del caudillismo como las condiciones que hicieron posible la ocupación militar estadounidense, entre 1916 y 1924, fueron resultado de la tendencia desnacionalizadora propugnada por Heureaux en el plano económico, “sobre la base de la penetración progresiva del capital extranjero en las áreas de crecimiento y en el control de las finanzas del estado”. En cualquier caso, el volumen de la economía exportadora creció durante toda la dictadura, lo cual no impidió que en torno a 1895 se produjera una profunda crisis que fue agravándose cada vez más hasta hacerse incontrolable, ya que los decisivos efectos de la “ampliación y modernización de la economía exportadora habían encontrado un límite cualitativo”.^[42]

En 1888 el régimen de Heureaux firmó un préstamo con la casa Westendorp, en el que hubo de reconocer parcialmente las obligaciones del empréstito Hartmont, otra casa bancaria europea con la que el gobierno de Báez había contratado un préstamo en 1869. Respecto al mismo, Pedro Henríquez Ureña señala que se trata de “uno de esos típicos empréstitos ingleses del siglo xix”, en que el fraude fue escandaloso, ya que se entregaron al gobierno de Báez tan solo 37,500 libras esterlinas, pero se lanzaron al mercado bonos por valor de 757,700 libras esterlinas. Aunque Heureaux siguió pidiendo dinero prestado a Europa y Estados Unidos, se presentaba muchos de esos convenios como conversiones o redenciones de los préstamos anteriores. Cuando por fin cayó su dictadura, el 26 de julio de 1899, no se conocía con exactitud a qué importe ascendía la deuda, y además las aduanas estaban desde 1888 en poder de una Caja General de Recaudación que representaba a los acreedores extranjeros, a fin de cobrar los impuestos y retener las sumas necesarias para el pago de esa deuda^[43]. En 1892 la Westendorp vendió sus derechos a la San Domingo Improvement Company of New York, junto con la cual llegaron los intereses económicos de Estados Unidos, que entraron de lleno y de forma decisiva en la República Dominicana.

5. Algunas posturas liberales frente al  anexionismo en sus diversas modalidades

De hecho, el asunto de los empréstitos fue visto por algunos autores, con acierto, como una verdadera amenaza para la independencia de la República Dominicana, que incluso relacionaron directamente con el propio anexionismo. Así, en 1876, con motivo de la discusión de un proyecto de préstamo extranjero, Bonó escribe lo siguiente: “Cada periodo de la vida de un pueblo señala el curso de una idea dominante, y la que entre nosotros domina a cada crisis comercial […] es la de aniquilar la siembra y la producción del tabaco […]. ¿Pero qué lo sustituye para sostener el Cibao? […] Más nada que la esperanza de anexarnos para que otro nos alimente y nos vista”.^[44]

Bonó, en tanto que liberal del grupo cibaeño clásico, había experimentado una profunda evolución, sobre todo desde 1867, cuando se alejó definitivamente de la vida pública, según algunas interpretaciones de las que se hace eco Raymundo González, debido al conocido episodio del fusilamiento de Salcedo en 1864. Este hecho, a su juicio, había propinado “un fuerte revés a la conciencia moral de la revolución”, por lo que salió del gobierno resultante del golpe de Estado, tras renunciar al cargo que ostentaba en el gabinete presidido por Salcedo, y se estableció en un pequeño pueblo. Allí comenzó una labor de tipo intelectual, en la que destacan sus críticas a la denominada ideología del progreso, que Bonó considera la clave por la cual las clases dominantes no podían evitar el problema de la inestabilidad de sus gobiernos, lo que constituía una “crisis de hegemonía”, ya que tales sectores no eran capaces de reunir a las diversas clases sociales alrededor de un proyecto nacional,^[45] y lo denuncia de esta manera:

“La poca fijeza o falta de un plan bien concebido para realizar la forma [republicana] que una vez adoptamos: ella contiene las causas porque a veces la clase directora falta tan completamente a su severo mandato en el self-government, y porque esta incapacidad consuetudinaria, obliga a las inferiores a sustituirla en horas dadas, tan solemnes, como lo son las que suenan para la redención de los pueblos ya vendidos o por venderse”.^[46]

Por si quedase alguna duda acerca de su opinión, Bonó insiste en culpar de los males del país a la clase dirigente dominicana, de la cual afirma que descendía de aquella que esperaba todo de la metrópoli y obedecía aún a esa “fatal tradición”, de modo que lo pedía todo al extranjero. El pensamiento de Bonó, excepcional precisamente por la claridad de su análisis, es calificado por González como “heredero de lo mejor del viejo liberalismo dominicano; esto es, su fe en la república, en la democracia, en la igualdad de derechos y en la responsabilidad en el ejercicio de la administración pública, así como su vinculación” con el catolicismo y la masonería. Esta última, aclara dicho autor, desde el siglo xix en Santo Domingo “no ofreció un cariz de militancia antirreligiosa, aunque criticara el clericalismo”, sino que “más bien cumplió un papel de asociación cívica para solidarizar intereses políticos”, de donde se deriva su importancia ideológica^[47].

Resulta interesante constatar que, todavía en 1876, durante la administración del liberal Espaillat, la cuestión del anexionismo era utilizada como arma arrojadiza contra el gobierno. En efecto, una de esas primeras “oposiciones sistemáticas” se inició desde las páginas de El Observador, sobre la cual José Gabriel García afirma lo siguiente:

“Entre las inconveniencias de este periódico, que fueron muchas, estuvo […] la de arrojar «en el campo de los amigos del gobierno, y a guisa de manzana de discordia, el recuerdo de la anexión a España, comparándola, bajo una base desventajosa, con la frustrada anexión a los Estados Unidos de Norteamérica, arbitrio con que según la Gaceta de Gobierno solo consiguió dejar en el ánimo de sus lectores el alarmante corolario de que había un partido político ya muy reducido en número, pero que aspiraba abiertamente, como en otro tiempo, a convertir en nacionalidad extranjera la independencia del pueblo dominicano», deducción en que no había nada de arbitrario pues era la consecuencia lógica de las paladinas declaraciones de El Observador en el artículo dedicado a examinar las maquinaciones de rojos y azules”.^[48]

Ha de tenerse en cuenta que formaban parte del ejecutivo de Espaillat, por un lado, un connotado miembro de la pasada administración anexionista como lo fue Manuel de Jesús Galván, quien ocupaba la cartera de Relaciones Exteriores, y por otro, el propio José Gabriel García, que era secretario de Estado de Justicia e Instrucción Pública^[49].

En 1889, ambas destacadas figuras se enfrentaron a raíz de la publicación, por parte del periódico El Eco de la Opinión, de una serie de artículos sobre el tema de la independencia dominicana y sus prohombres, en los cuales se valoraba de forma muy positiva el papel de Santana. Aunque los escritos aparecidos en El Eco de la Opinión no identificaban al autor, se sabía que el mismo era Manuel de Jesús Galván. La postura adoptada por El Eco de la Opinión sobre este particular motivó que otro periódico, El Teléfono, refutase tales escritos, lo cual originó una sonora polémica histórica. También se conocía que quien escribía los artículos de El Teléfono era el historiador José Gabriel García. Durante dicha polémica, García sostuvo que la preponderancia política alcanzada por Santana en el país no se la habían dado las victorias dominicanas contra Haití, sino la imposición del artículo 210 de la Constitución al Congreso Constituyente de San Cristóbal en 1844, así como “la expulsión arbitraria y cruel, también en 1844, de los duartistas y su líder; y la funesta anexión de la República a España”. Estas eran, según García, “las dignas ejecutorias y merecidas preseas con que Santana” aparecía ante la opinión pública. Asimismo, García acusó al Eco de la Opinión de cometer un grave error por suponer que el proyecto de protectorado francés había sido una previsión patriótica^[50].

Este enfrentamiento público por cuestiones tales como la figura de Santana, en general, o la anexión a España, en particular, no resulta en absoluto un caso excepcional, aunque a veces se trataba tan solo de una forma de expresar, con menor riesgo, críticas sobre las cuestiones más sensibles de la actualidad de cada momento. Así, por ejemplo, la ruptura de Augusto Franco Bidó con Eugenio Deschamps, quienes colaboraban en diversas sociedades patrióticas, se debió a sus opuestas interpretaciones acerca de la frustración dejada por los gobiernos azules. Sin embargo, hubo también otros motivos de discrepancia entre ambos pensadores liberales, tales como “el ruidoso repudio externado por Deschamps” ante el propósito, o más bien despropósito, de Franco Bidó de “enaltecer la memoria del anexionista Pedro Santana”^[51].

6. Conclusiones

En síntesis, cabe afirmar que numerosos dirigentes liberales y supuestamente nacionalistas, que fueron los vencedores de la guerra de la Restauración, no dejaban de estar influidos en gran medida por un ambiente impregnado de ideas, no solo muy conservadoras, sino de tenor asimismo anexionista, como puede deducirse de la política desarrollada por aquellos. El peso de la tradición secular de buscar siempre alguna fuerza exterior para subvenir a las propias necesidades de todo tipo, tanto económicas y militares como políticas e ideológicas, planeó durante mucho tiempo, incluso hasta bastante después del final de la anexión a España, sobre la identidad del pueblo dominicano, del cual los liberales también formaban parte, pese a su carácter casi exótico dentro de dicho medio social.

Así pues, las tendencias anexionista y nacionalista, con más fuerza una u otra en función de las circunstancias de cada coyuntura histórica, continuaron actuando tras la Restauración, toda vez que se encontraban profundamente enraizadas en la sociedad dominicana. Por ello, no ha de extrañar su gran persistencia en el tiempo, al tratarse de ideas de muy larga data, ya que en realidad la primera era tan criolla como la segunda. Ambas corrientes guardaban una íntima relación con otro fenómeno igualmente típico de la cultura sociopolítica dominicana: el caudillismo, que cabe ver al mismo tiempo como causa y consecuencia del anexionismo, al igual que de las continuas revoluciones por hacerse con el poder que enfrentaron a los líderes conservadores contra los liberales y, a partir de 1879, a estos últimos entre sí.

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